Batet franquea el registro del despacho del 'tito Berni' en el Congreso

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, va a facilitar el registro del despacho del ex diputado socialista canario Juan Bernardo Fuentes, investigado en el ‘caso Mediador’ y al que se le imputan delitos de cohecho, falsedad, blanqueo, tráfico de influencias y pertenencia a grupo criminal, una vez reciba la solicitud que en ese sentido cursó este lunes el juzgado número 4 de Santa Cruz de Tenerife que instruye este procedimiento judicial. El escrito de la juez no había llegado por la tarde a la Cámara Baja y la presidenta se mantenía a la espera de recibirlo para abordar su tramitación tras consulta con la secretaría general de la institución.

Fuentes cercanas a Batet señalan que la presidenta estaba pendiente de conocer la textualidad de la solicitud de la jueza reconociendo que, al tratarse de una reclamación inédita, no se sabe muy bien el procedimiento a aplicar, aunque asegurando en todo caso que se “facilitará la labor de la justicia” y que se autorizará a que la policía registre el que fuera despacho en el que Fuentes llevó a acabo alguna reunión con el mediador de la trama, Antonio Navarro, y algún empresario también encausado. La presidenta, por tanto, estudiará el escrito de la juez junto al secretario general y no se descarta que antes de tomar una decisión al respecto lo lleve, si a esa hora el auto ya está en sus manos, para comentarlo a la reunión de la Mesa del Congreso de mañana martes, aunque no para someterlo a debate y votación, sino únicamente para dar conocimiento del trámite en marcha.

Indicios en su contra

En concreto, el auto del juzgado que instruye el caso se dirige a la presidenta del Congreso para que la Secretaría técnica de la Cámara entregue a la Policía Nacional, concretamente al Grupo de Delitos Tecnológicos, los efectos depositados en el interior del despacho del Congreso de los Diputados que estuvo asignado a Fuentes Curbelo para sus labores parlamentarias. La jueza afirma que el registro está argumento en el hecho de que los indicios en su contra “superan la barrera de las meras conjeturas o sospechas”. En el caso de que se autorice el registro, los investigadores llevarían a cabo “un informe pericial de todos los equipos informáticos y de otros dispositivos de almacenamiento digital/analógico” y recabar así más datos relacionas con la causa abierta.

Además, se permitiría el acceso a “la documentación, anotaciones personales, facturas, libros de contabilidad en formato físico y digital, actas, extractos, expedientes, documentos registrales y notariales, documentos tributarios, correspondencia postal y electrónica, sellos y cualquier otro soporte que pudiera tener relación con los hechos investigado, inclusive documentación falsificada”. A tales efectos, prosigue el auto, se solicita “poder modificar las claves de acceso a los mismos, si en ellos apareciese hechos relacionados con los delitos investigados, para que, los funcionarios del Grupo de Delitos Tecnológicos (Santa Cruz de Tenerife) pudieran continuar con la investigación de los hechos, procediendo a la entrega de las nuevas claves y control de las cuentas de forma inmediata a la Autoridad Judicial, en caso de llevarse a cabo tal gestión”.

El auto también pide que se proceda al “decomiso de dinero, tarjetas bancarias, talonarios, facturas proformas, pagarés u otros medios financieros, joyas y otros efectos de valor”, y precisa que, según la comisaría del Congreso, en dicho despacho “se encuentra diversa documentación y efectos personales, así como un ordenador de sobremesa propiedad del Congreso”, dispuesto para el uso del diputado. Por ahora no se sabe dónde están el teléfono y la tableta que el Congreso también le facilitó. La policía le requisó dos teléfonos al exdiputado en un primer momento, cuando fue detenido en Canarias, y uno podría ser el que tenía cuando era parlamentario.

Oposición al registro

La Fiscalía Anticorrupción se opuso el pasado jueves a que se registrara el despacho del ex diputado socialista pero no a que se incautaran sus dispositivos. En un escrito, el fiscal Jaime Serrano-Jover respondía a la petición formulada por la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional a la titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, Ángeles Lorenzo-Cáceres, para “el acceso sin restricciones” y de manera exclusiva al despacho del Congreso de los Diputados asignado al investigado. “Valorando el artículo 66.3 de la Constitución Española, que prevé que las Cortes Generales son inviolables, el Ministerio Público no puede pronunciarse en favor de lo solicitado en el oficio precedente”, decía el Fiscal.

La oposición de la Fiscalía a ese registro “sin restricciones” del despacho de Fuentes solicitado por la policía y la jueza suponía el segundo encontronazo entre ambas partes de la investigación tras el rechazo del ministerio público al encarcelamiento cautelar del ya ex diputado por la que apostaban la magistrada apelando al riesgo de destrucción de pruebas, algo que se temía en concreto en relación con los dispositivos electrónicos de que disponía Fuentes de los entregados por el Congreso en su calidad de diputado, o el posible acceso al ordenador de mesa de ese despacho parlamentario, o documentación que pudiera permanecer en él.

Despacho “intacto”

Sin embargo, fuentes parlamentarias recuerdan que ese despacho permanece “cerrado e intacto” desde el pasado día 14 de febrero, último día de Fuentes como diputado tras presentar la baja esa misma tarde una vez fue convencido por la dirección federal del PSOE pese a su primer intento de quedarse con el acta. Fuentes abandonó el Congreso esa misma tarde del día 14 y no participó ya en la votación de esa sesión plenaria producida hacia las 20:00 horas. Fuentes pasó por su despacho esa tarde a recoger alguna pertenencia y desde entonces el grupo socialista lo ha mantenido cerrado y tal y como lo dejó el ya ex diputado. De hecho, aunque lo normal es que su sustituto, el gran canario José Francisco Duque, que tomó posesión el martes siguiente, ocupara ese mismo despacho en la planta 3ª bis del edificio llamado de Ampliación I, la dirección del grupo le ha dispuesto otra ubicación para mantener intacto el que perteneció a Fuentes pensando precisamente en que la justicia reclamara el registro.

Lo cierto es que este lunes había muchas dudas sobre la forma en cómo dar trámite al auto de la jueza de instrucción para registrar el que fuera despacho del supuesto cabecilla de la trama política del ‘caso Mediador’, entre otras cosas si tendría que pasar por la Mesa del Congreso, o si debía ser la policía de la Comisaría Especial de que dispone la Cámara la que llevara a cabo el registro. Fuentes de esta comisaria parlamentaria afirman sin embargo que ese registro tiene que llevarlo a cabo el Grupo de Delitos Tecnológicos, bien desplazándose hasta la capital el grupo implicado directamente en la investigación ‘in situ’ en el juzgado tinerfeño, bien compañeros suyos de Madrid mediante orden de delegación de servicio.

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