La oposición en bloque lo intenta una vez más y pide devolver el IGIC al 5%

Las dos grandes fuerzas políticas de la oposición en el Parlamento regional, PP y Coalición Canaria (CC), insisten en las propuestas de resolución que hoy se debatirán en la tercera y última jornada del debate sobre el estado de la nacionalidad en su petición de rebajar el tipo general del IGIC del 7 al 5%. Una petición a la que también se suma la diputada Vidina Espino, integrante del grupo mixto junto al único representante de Ciudadanos (Cs) en el hemiciclo, Ricardo Fernández de la Puente.

El de la rebaja del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) –el gran tributo que grava el consumo en la Comunidad Autónoma y la principal fuente de ingresos de las arcas isleñas– es uno de los asuntos más recurrentes en los plenos del Legislativo desde que el Gobierno de Ángel Víctor Torres decidiera subir medio punto el tipo general del impuesto, hasta el actual 7%, a comienzos de la legislatura. La discrepancia entre la oposición y los partidos que sostienen el Ejecutivo se agravó desde que quedó claro que la oleada inflacionaria no era pasajera y que el disparate de los precios, por tanto, iba a durar. En el cuatripartito y la Consejería de Hacienda entienden que en medio de una inflación galopante no conviene bajar impuestos, y hay teoría económica que sustenta este parecer, mientras que en la oposición consideran que aliviar los bolsillos de las familias y las cajas de las empresas es impostergable en medio de la que está cayendo, y también hay manuales de economía para basar esta reclamación. El caso es que ni CC ni PP están dispuestos a cejar en su empeño.

Entre sus 46 propuestas de resolución, los nacionalistas solicitan el apoyo de la Cámara para exigir al Ejecutivo una serie de medidas de carácter fiscal en la que se incluye rebajar el IGIC al 5%, o más bien devolver el IGIC al 5%. No en vano, ese era el porcentaje en que estaba el tipo general del tributo allá en 2012, cuando el entonces gobierno de Paulino Rivero no tuvo más remedio que elevarlo hasta el 7% para conseguir una recaudación extra con la que hacer frente a la crisis financiera. Eran otros tiempos y otra crisis, ya que Europa apostó por la solución de la Troika y la austeridad, nada que ver con la política de gasto público a espuertas que ha promovido desde la irrupción de la covid.

Al margen de lo tributario, el grupo parlamentario nacionalista cree que hay que dar un toque al Gobierno de Pedro Sánchez para que este adopte medidas que mitiguen las consecuencias de la extraordinaria subida de los precios en el Archipiélago. Medidas específicas, «singulares», para la Comunidad Autónoma. Además, y entre varias decenas más de propuestas sobre las relaciones con Marruecos, la salud mental de la población o la preservación del Régimen Económico y Fiscal (REF), la bancada de CC plantea exigir al Ejecutivo central, al hilo de su intención de privatizar las torres de control de los principales aeropuertos isleños, la incorporación de la autonomía al consejo de administración de Aena como miembro de pleno derecho.

Los populares coinciden en la necesidad de «bajar de forma temporal» el IGIC a ese 5% en el que estaba hace más de una década. Los diputados del PP también plantean entre sus 46 propuestas –que abarcan otras medidas de carácter fiscal más allá del IGIC– la importancia de pelear por la exención de Canarias, en virtud de su condición de Región Ultraperiférica (RUP), del mercado de derechos de emisión en el transporte marítimo y aéreo y de la aplicación de la llamada tasa verde, que encarecerá el coste del queroseno. Ese mismo queroseno que mueve los aviones donde vienen los millones de turistas que sostienen las empresas y los empleos en las Islas. En materia de vivienda, la bancada liderada por Manuel Domínguez entiende que el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres debe tratar de negociar con la Sareb –el banco malo– para que las 816 viviendas con que esta cuenta pasen a formar parte del parque público, lastrado por lustros en los que apenas se levantaron casas.

Aún desde la oposición, la diputada Espino, que también solicita apoyo para pedir al Gobierno «una revisión de su política fiscal», plantea la importancia de que la Consejería de Derechos Sociales «cumpla la ley de dependencia en sus propios términos» –el departamento está optando por conceder ayudas económicas a discreción– y reduzca la espera de los solicitantes, que llega a 963 días, con mucho la mayor tardanza del país.

En los partidos del cuatripartito, las 46 propuestas de Nueva Canarias (NC) son las más jugosas. Coinciden en buena medida con las de CC y no muestran condescendencia alguna con el Ejecutivo de Sánchez por más que los de Román Rodríguez gobiernen con el PSOE. Los canaristas reclaman el sí de la Cámara para exhortar al Gobierno regional a negociar con el estatal la reforma del REF, de modo que el fuero se adapte «a la realidad económica actual». Asimismo plantean establecer un tope en los precios de los alimentos básicos, aunque en consenso con el sector.

Desde el PSOE, en coincidencia, por ejemplo, con CC, piden un plan de salud mental que preste especial atención a los jóvenes.

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