El Gobierno inicia una inspección urgente de las actuaciones de la Dirección General de Ganadería

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, como responsable del control de la eficiencia, eficacia y legalidad de los servicios públicos, ha acordado la iniciación de una inspección extraordinaria y urgente como consecuencia del llamado 'caso Mediador' y que comprende todas las actuaciones de la Dirección General de Ganadería desde el año 2019, encomendando esta función a los servicios técnicos de la Inspección General de Servicios, que depende de la Dirección General de Modernización.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el consejero responsable del área y portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, quien también ha informado de que dicho departamento, en su responsabilidad de gestora de las comunicaciones electrónicas de la comunidad autónoma, ha remitido al Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, que investiga esta supuesta trama de corrupción, unos soportes informáticos para acceder a comunicaciones corporativas de los ex directores generales de Ganadería, Juan Bernardo Fuentes Curbelo y su sobrino Taishet Fuentes.

Por otra parte, el portavoz ha comunicado que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca ha contestado "en su totalidad" al requerimiento hecho por el Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, el cual solicitó que le remitiera una serie de expedientes relacionados con cuatro empresas desde el año 2016.

En este sentido, Julio Pérez indicó que la Consejería que dirige Alicia Vanoostende ha informado de que en esta primera averiguación no se ha constatado la existencia de un perjuicio para el erario de la comunidad autónoma, es decir, "no ha aparecido ninguna señal, ni siquiera indiciaria, de que en algún procedimiento falte dinero, se haya producido una minoración o algún daño al interés público", señaló el portavoz del Ejecutivo canario.

En este sentido, el portavoz del Ejecutivo canario también apuntó que la Inspección General de Servicios tampoco ha encontrado "ni un daño, ni un perjuicio", lo que ha hecho que los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias hayan concluido que el Ejecutivo no pueda personarse como perjudicado ante la autoridad instructora en la causa por el 'caso Mediador'. No obstante, Julio Pérez apuntó que el Gobierno de Canarias no descarta personarse en esta causa en cuanto se constate que hay un perjuicio o un daño a los intereses públicos.

Ángel Víctor Torres

Los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma de Canarias no pueden asumir la defensa personal del presidente, Ángel Víctor Torres, quien si lo estima conveniente deberá ejercer las acciones legales que anunció contra Marco Antonio Navarro Tacoronte a título individual.

El pasado 25 de febrero trascendió que Ángel Víctor Torres que ordenó que se ejercieran "cuantas acciones legales sean necesarias ante las graves y falsas acusaciones" vertidas por el mediador, quien dijo que estaba "al corriente de la trama".

El portavoz del ejecutivo canario, Julio Pérez, ha explicado este jueves tras la reunión del Consejo de Gobierno que los servicios jurídicos estiman que el supuesto atentado al honor y a la reputación del presidente incumbe a su persona, no a la institución.

Pérez ha señalado que a juicio de los servicios jurídicos "tampoco está claro" que se haya producido un daño a la reputación o al prestigio del Gobierno, y que solo puede personarse como perjudicada en los procedimientos judiciales por violencia de género.