‘Caso Mediador’ | Golpe a la corrupción en Canarias

Un equipo de Espinosa hizo los pliegos de los contratos del Sahel investigados

La fundación estatal de cooperación internacional remite la documentación a la

juez y defiende la «transparencia» de sus adjudicaciones para comprar drones

El ministro de Asuntos Exteriores, Juan Manuel Albares, durante una visita a la misión de cooperación desplegada en Níger. | | EFE

El ministro de Asuntos Exteriores, Juan Manuel Albares, durante una visita a la misión de cooperación desplegada en Níger. | | EFE / M. Reyes Europa Press

El general de división Francisco Espinosa Navas, que está en prisión provisional por su implicación en el caso Mediador, no participó en las mesas de contratación que adjudicaron los contratos para suministrar drones a sus misiones en los países africanos del Sahel, pero un equipo de la Guardia Civil afín a Espinosa es el que ha elaborado los pliegos con las prescripciones técnicas de esos contratos.

Se trata de cuatro adjudicaciones realizadas de enero de 2020 a agosto de 2021 por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp), las cuales son investigadas por la magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres por su vinculación con el general Espinosa, que dirigió entre 2017 y enero de 2021 el Proyecto Grupos de Acción Rápida de Vigilancia y de Intervención en el Sahel (Gar-si Sahel), un programa europeo liderado por España para colaborar con Malí, Níger y Mauritania, entre otros países situados en el cuerno de África susceptibles de ataques yihadistas.

La juez instructora, que dirige la investigación desde Santa Cruz de Tenerife, trata de aclarar si Espinosa ha cobrado comisiones o ha ejercido algún tipo de influencia en la licitación de esos concursos, los cuales fueron ganados en el lote de drones por José Santiago Suárez, un empresario valenciano estrechamente relacionado con el general, que también está imputado en la trama por ingresar dinero a la organización para lograr contratos en Canarias.

La magistrada quiere aclarar si el general de la Guardia Civil influyó en los concursos públicos

La magistrada ha practicado 13 detenciones por los delitos de cohecho, tráficos de influencias, falsificación de documentos, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, entre ellas las del diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, que renunció a su acta en el Congreso y fue expulsado del PSOE al conocerse su implicación en los hechos. Lo mismo ocurrió con su sobrino, Taishet Fuentes, entonces director general de Ganadería del Gobierno de Canarias. Ambos pertenecen a una familia con larga tradición socialista en Fuerteventura.

El único de los arrestados que sigue en prisión preventiva es Espinosa, precisamente porque la juez ha perdido la intervención de su correo corporativo en la Guardia Civil y ha extendido las pesquisas hasta los contratos adjudicados por la fundación estatal de cooperación internacional. El general de división se jubiló en enero de 2021, pero seguía colaborando con los Grupos de Formación Rápida en el Instituto Armado. La magistrada no le atribuye prevaricación, sino tráfico de influencias. Por eso la composición del equipo técnico que preparaba los contratos parece relevante para la investigación, más allá de que estuviera presente o no en las mesas de adjudicación.

La Fundación Internacional para Iberoamérica y Políticas Públicas ya ha remitido esos contratos al juzgado instructor, con un informe incluido con los nombres de todos los funcionarios que participaron en esos expedientes, tal y como solicitó la magistrada a instancias de Asuntos internos de la Guardia Civil.

Un portavoz de la Fiiapp lamenta el "daño" que se le está causando al "prestigio" de la fundación, que es de titularidad estatal y ahora está presidida por la vicepresidenta primera del Gobierno de España, Nadia Calviño, igual que en anteriores legislaturas lo estuvo por Carmen Calvo o Soraya Sáenz de Santamaría, un organigrama que viene predeterminado por sus estatutos de constitución.

Como también publicó este periódico en anteriores informaciones, los cuatro contratos investigados ascienden a 2,3 millones, pero las licitaciones estaban divididas por los lotes y la empresa investigada solo optó al suministro de drones, por lo que el volumen de negocio con el Estado es bastante inferior al importe total de los concursos.

La Fiiapp explica que la empresa Asesoramiento y Servicio de Drones resultó adjudicataria de cuatro contratos por valor total de 263.000 euros distribuidos en cuatro lotes. Tres de ellos se adjudicaron en el marco del proyecto GAR-SI Sahel por valor de 89.000 euros (el primero, por 31.000 euros el 4 de agosto de 2020, el segundo por valor de 44 000 euros el 15 de septiembre de 2020 y el tercero por valor de 14 000 euros el 26 de octubre).

Las prescripciones técnicas de estos pliegos eran elaboradas por el equipo del general, aclara la Fiiapp, un equipo que conformaba el comité de evaluación del proceso de licitación. El cuarto contrato, sin embargo, se desarrolló en el marco de otro proyecto con la Guardia Civil que fue gestionado por un equipo distinto al del GAR-SI. Asciende a 174.300 euros el 23-6-021 por el suministro de inhibidores de frecuencia o contradrones.

No estaba en las mesas de contratación, pero su equipo fijaba los requisitos técnicos

"En todos los contratos hemos seguido exhaustivamente los mecanismos de publicidad, transparencia y concurrencia marcados en la Ley de Contratación del Sector Público", asegura la fundación. El organismo recalca que los lotes adjudicados a la empresa investigada tienen un valor de 263.000 euros, de los cuales solo 89.000 provienen del programa GARSI, tal y como publicó este periódico.

Asesoramiento y Servicios de drones SL se ha presentado a otras tres licitaciones adicionales de la FIIAPP, que se han adjudicado a otras empresas. Desde 2015 la fundación ha contratado la compra de drones por 1, 5 millones de euros a 10 compañías distintas, "siguiendo los procedimientos de contratación vigentes en cada momento", añaden para tratar de relativizar la importancia de la entidad valenciana en esos concursos.

La juez, en cualquier caso, no investiga a la fundación, sino la posible influencia de Espinosa para darle esos cuatro contratos a José Santiago Suárez, que ganó al menos otros tres contratos más para venderles drones directamente a la Guardia Civil, contando, además, con el respaldo del jefe del Seprona, Antonio Tocón, también general de división, que recomendó por carta el trabajo de Suárez como CEO de drones para colaborar en el Instituto Armado.

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El PP ha registrado una pregunta en el Congreso para saber cuándo supo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se estaba investigando al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, dado que el PSOE le forzó a renunciar al escaño antes incluso de que trascendieran los detalles del caso Mediador por la que fue detenido días después. Este presunto caso de corrupción saltó a los medios el 14 de febrero e inicialmente se informó de la detención de un exdirector de ganadería del Gobierno canario, Taishet Fuentes, y del general retirado Francisco Javier Espinosa Navas, que estuvo al frente de la comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas. En esas primeras informaciones se dijo que la jueza instructora de Santa Cruz Tenerife también estaba investigando al diputado socialista Juan Bernardo Fuentes, tío de Taishet y su predecesor en el cargo. Sin embargo, su detención no se produjo hasta una semana después en Fuerteventura. La rápida reacción de la Ejecutiva Federal del PSOE sorprende en filas populares y por ello la portavoz de Interior del PP, Ana Vázquez, y los diputados canarios del Grupo Popular piden saber cuándo supo el ministro que había un diputado socialista investigado. Y es que desde el PP aseguran que la directora de la Guardia Civil, María Gámez, fue informada de la operación desde el primer momento dado que había un general retirado entre los detenidos.| Europa Press 

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