El choque entre el fiscal y la juez rompe la unidad de investigación

La unidad de criterio en la investigación del caso Mediador saltó el miércoles por los aires después de meses de trabajo codo a codo. Un giro inesperado de última hora por parte de la Fiscalía Anticorrupción acabó con la paciencia de la magistrada Ángeles de Lorenzo-Cáceres y motivó, para enfado del ministerio público, la filtración autorizada de la parte del auto en la pone negro sobre blanco su absoluta disconformidad con la puesta en libertad de Juan Bernardo Fuentes Curbelo, exdiputado del PSOE en el Congreso y uno de los cabecillas de la trama que se investiga.

Lorenzo-Cáceres había apalabrado con el delegado de la Fiscalía, Jaime Serrano-Jover, antes de que dieran comienzo a la declaración –agentes de la Policía Nacional lo detuvieron en Puerto del Rosario el lunes– la cárcel provisional para quien la investigación considera uno de los cabecillas de la trama de extorsión a ganaderos y empresarios, acusado de los delitos de cohecho, blanqueo de dinero, tráfico de influencias, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Pero, según fuentes judiciales, el fiscal cambió de planteamiento en la última parte del interrogatorio. En la última media hora.

La Fiscalía era la única acusación presente en la sala de vistas número 14 del Palacio de Justicia de la capital tinerfeña y reclamó la puesta en libertad de Juan Bernardo Fuentes. Sin acusación popular ni particular personada, el fiscal ató las manos a la jueza. Y no era la primera vez, señalan fuentes judiciales. Lorenzo-Cáceres era partidaria de encarcelar también a otros dos de los implicados, Marco Antonio Navas Tacoronte (el mediador) y a Taishet Fuentes, ex director general de Ganadería, pero transigió con la libertad. No era el caso de exdiputado del PSOE.

El motivo oficial esgrimido por el fiscal es que en el caso del político majorero –no así con el general de división de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas– no existe el riesgo de fuga ni el de destrucción de pruebas que resulten pertinentes para este caso. El malestar de la magistrada se hizo público a través de oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) . En una decisión muy poco frecuente usó el auto de instrucción para manifestar su «disconformidad» con el ministerio público y subrayar la puesta en libertad del investigado «por imperativo legal».

La magistrada está convencida de que Juan Bernardo Fuentes sí está en disposición de destruir pruebas en la actual fase de la investigación, toda vez de que esta está en ciernes y a los agentes del Grupo de Investigación de Delitos Informáticos de la Policía Nacional todavía les queda un considerable trabajo de análisis de datos bancarios y de bienes en este asunto.

«A juicio de esta titular y en su conjunto, [las circunstancias] aconsejaban su ingreso en prisión y no su puesta en libertad, al menos en la fase actual de este procedimiento e investigación, pudiendo verse frustrada la misma con la medida de libertad solicitada, y que por imperativo legal esta titular no puede dejar de acordarla, en estricta aplicación del principio acusatorio y en discordancia absoluta con lo solicitado por el Ministerio Fiscal», señala en el auto.

Miembros de la investigación respaldan que Fuentes es parte principal. De hecho, según se desprende de la parte del sumario que no esta bajo secreto, el paso previo para que los empresarios ingresaran en la supuesta trama desmantelada era que ingresaran un primer pago de 5.000 euros en una cuenta bancaria a nombre de la Asociación Deportiva Vega de Tetir, cuyo titular es Fuentes Curbelo, alias tito Berni.

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