Agricultores y ganaderos critican el parón que hay en la Ley de Cadena Alimentaria

El presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG-Canarias), Rafael Hernández, ha estallado. A punto de acabar la legislatura, los agricultores no quieren ser más «cómplices» de arropar la gestión de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, liderada por Alicia Vanoostende, tras ir demorando su enfado con promesas que no han llegado: «No ha habido voluntad política» para poner en marcha la Ley de Cadena Alimentaria estatal en las Islas, no ha desarrollado las Directrices de Ordenación del Suelo Agrario (DOSA) y ha dejado de cubrir las necesidades de los agricultores y ganaderos en la modernización, pues hay 238 expedientes de agricultura y 39 de ganadería en Canarias «que se han quedado colgados porque no ha puesto perras», pese a que los propietarios de las granjas han hecho costosas inversiones esperando a que se les auxilie con los fondos europeos y regionales, sentencia Hernández.

En este negro contexto, el anuncio a bombo y platillo de Vanoostende durante el pasado Consejo de Gobierno, celebrado el 16 de febrero, de que la Consejería ya ha culminado la nueva Estrategia de Soberanía Alimentaria -en una rueda de prensa donde también tuvo que explicar las acciones de su área por el caso Mediador- es para los agricultores «una mera propaganda electoral». En opinión de Hernández, la consejera «no tiene tan siquiera ni idea de lo qué es la soberanía alimentaria y la Consejería de Agricultura en este período se ha convertido en una agencia para repartir ayudas, y poco más».

Para COAG, la gestión ha sido «un desastre» en estos cuatro años, donde no ha habido «un liderazgo, no ha tenido una estrategia clara adónde quiere ir ni qué objetivos se quieren alcanzar». Rafael Hernández lo explica con sus palabras: «El problema es que, como nosotros decimos en el campo, la consejera ha estado pajariando».

La presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga Canarias Asaja), Ángela Delgado, no es tan dura como su compañero, pero coincide en que la gestión de la Consejería le deja un sabor «agriducle». «Hay días en que solo son golpes de efecto, de quedar bien, y es verdad que hay cosas en las que no se han profundizado, como en la Ley de Cadena Alimentaria», expone. «El sector está aburrido», reflexiona. «En las DOSA se insistió y no se ha hecho nada, y en la declaración de parques ambientales vamos a salir en contra porque no se ha contado con el sector». En su opinión, «la gestión es muy mediocre», recalca. Los agricultores defienden que se haga una Estrategia de Soberanía Alimentaria, pero lo que marca la diferencia es «el liderazgo de la Consejería», sostiene Rafael Hernández. «Lo voy a decir de otra manera, la consejera no sabe adónde va en agricultura y no se aclara con la soberanía alimentaria, y el que no sabe adónde va no llega a ninguna parte, cualquier guagua le sirve», enfatiza el presidente de COAG. «¿Cómo va a desarrollar la soberanía alimentaria si ni siquiera ella sabe lo que es? Esto es una palabreja que está de moda y suena bien en el ámbito de la progresía», prosigue.

Y, por ello, quiere explicarlo: «La soberanía alimentaria es un concepto que viene de la vía campesina a nivel mundial, y lo podemos definir como el derecho que tienen los ciudadanos en cada región a decidir acerca de su alimentación, y como consecuencia de ello los productores han de producir los alimentos que la sociedad quiere y precisa, y con la calidad que se requiere». Por lo tanto, persigue que los consumidores canarios tengan cubiertos «cada vez más con la producción local los alimentos que demandan y les gustan», remarca. Pero las producciones «han caminado para atrás porque, a pesar de que en España hay una ley magnífica, como es la Ley de Cadena Alimentaria, que es una herramienta para que se cubran los costes de producción, la Consejería no ha desarrollado esta ley, y ni tan siquiera la ha echado a andar aunque hace dos años que se aprobó su modificación en las Cortes, porque la ley está desde 2013».

A juicio del presidente de COAG, el desarrollo de esa norma es esencial para avanzar en la soberanía alimentaria, «y no le cuesta dinero a la Consejería»; por tanto, es un «problema de gestión». También es crucial para la soberanía alimentaria, y no conlleva coste alguno, precisa, desarrollar el reglamento de las Directrices de Ordenación del Suelo Agrario, donde se define el uso de los suelos agrarios, es decir, las normas y reglas que se aplican al suelo rústico para ver lo que se puede hacer y lo que no, «y eso tenía que haber estado hecho ya», espeta. Pero, además, se han bloqueado las ayudas a la modernización: «238 expedientes de agricultores y 39 de ganadería se han quedado colgados», porque la Consejería dice que no hay dinero «y le importa un pimiento que los agricultores hayan hecho inversiones» con el compromiso de que se les compense con fondos regionales. «Los agricultores tenemos la sensación de que han sido cuatro años perdidos», concluye Hernández.

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