La juez investiga cuatro contratos de una fundación que preside Calviño

El caso Mediador, que mantiene en la cárcel por corrupción al general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, va camino de perjudicar la imagen de España y de importantes miembros de su Gobierno. La magistrada que investiga la trama de sobornos y extorsión desde Santa Cruz de Tenerife, María de Los Ángeles Lorenzo-Cáceres, ha puesto la lupa en la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp). 

Esta fundación pública, que está presidida por la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño (en el momento de los hechos era Carmen Clavo la titular), dos ministros y hasta 14 secretarios de Estado como vocales, cerró cuatro contratos por valor de 2,3 millones para dotar de material a las misiones de formación que dirigía el general de división Espinosa en África. 

Se trata del proyecto de Grupos de Acción Rápida de Vigilancia y de Intervención en el Sahel (Gar-si Sahel) comandados por Espinosa, cuyos vínculos con la organización delictiva investiga ahora la juez al reclamar esos cuatro contratos a la fundación, así como todo lo relacionado con las gestiones realizadas para adjudicarlos, desde quienes participaron en las mesas de contratación, hasta los funcionarios y los intervinientes en el proceso administrativo, según recoge el auto dictado el pasado 13 de febrero. La magistrada quiere que se remita a Asuntos Internos de la Guardia Civil un listado con los números telefónicos de las personas que participaron en esos expedientes. 

Ascenso internacional

El general Espinosa ascendió en 2017 a liderar el programa de cooperación y formación internacional en el Sahel, tras cesar como coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas. Dirigió la misión internacional hasta el 11 de enero de 2021, fecha en la que se jubiló y fue relevado en el proyecto Garsi Sahel por el general de división Francisco Espadas Santana. Cobraba 12.000 euros al mes y la cercanía de su retiro fue lo que le llevó a especializarse en el cobro de sobornos y de comisiones para mantener su tren de vida, con viajes frecuentes de Madrid a Canarias para ver a su amante, según las indagaciones realizadas por Asuntos Internos de la Guardia Civil.

Los contratos que ahora reclama la magistrada fueron adjudicados entre enero de 2020 y agosto de 2021 por la fundación española de cooperación internacional a la empresa Asesoramiento y Servicio de Drones SL, que es propiedad del empresario valenciano José Santiago Suárez, también investigado en la causa junto al general Espinosa y otras diez personas, entre ellas Antonio Tacoronte, natural de Gáldar y verdadero conseguidor de las mordidas, pues era quien hacía de mediador entre los empresarios y el general o los políticos para lograr las comisiones, que iban desde sobres con dinero en metálico hasta ingresos en tarjetas prepago que no dejan rastro.

Los otros dos cargos públicos investigados son el diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo y su sobrino Taiseht Fuentes, ambos exdirectores generales de Ganadería del Gobierno de Canarias. A todos se le atribuyen delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsificación blanqueo de capital y pertenencia a organización criminal por extorsionar a ganaderos y queserías isleñas o a empresas que querían instalarse en la Zona Especia Canaria (ZEC).

La relación de Fuentes con el Gobierno

Juan Bernardo Fuentes, que tras renunciar a su acta de diputado fue detenido este lunes en Fuerteventura, ejerció como portavoz adjunto en la comisión de Hacienda y Función Pública, cuya subsecretaria forma parte del órgano directivo de la fundación que adjudicó los contratos de drones investigados por la magistrada instructora. Las pesquisas se extienden a la relación de Fuentes con altos cargos del Gobierno de Sánchez.

El empresario que logró esas adjudicaciones, José Santiago Suárez, apodado el Drones, era amigo del general Espinosa. De hecho, según Asuntos Internos de la Guardia Civil, el propio Suárez pone en contacto a Espinosa con el mediador, Navarro Tacoronte, durante una comida organizada el 22 de julio de 2020 en una marisquería de Valencia.

Esa amistad se rompe cuando el empresario de drones se da cuenta de que el dinero pagado a la trama delictiva no servirá para lograr sus propósitos. Desembolsó hasta 44.000 euros, más los viajes de Espinosa a Gran Canaria, incluidos los alojamientos, las comidas en los restaurantes y las prostitutas para cerrar los negocios. Suárez pretendía asentarse en Canarias mediante el suministro de sus aparatos a Sanidad para trasladar medicamentos.

Ninguna de esas promesas llegó a materializarse, pero los contratos para enviar drones al Sahel, sí. De ahí que Asuntos Internos de la Guardia Civil haya logrado el respaldo de la magistrada para reclamar los expedientes a la contratista pública, esto es, la Fundación Internacional y para Iberoamérica de la Administración y Políticas Públicas (Fiiapp).

La fortuna de Espinosa

Los investigadores no solo tratan de aclarar si Espinosa y su red delictiva ejerció algún tipo de influencia en esas contrataciones internacionales, sino que también trabajan en la elaboración de un informe patrimonial sobre la posible fortuna amasada. El alto mando cobrada hasta 12.000 euros mensuales por dirigir los Grupos de Acción Rápida, Vigilancia e Intervención (Garsi) en África, pero estaba preocupado por su inminente retirada y la pérdida de su tren de vida, con una pensión de jubilación que apenas supera los 2.500 euros. 

Por eso, para mantener el ritmo de vida de su familia y de la amante que tenía en Gran Canaria, los investigadores creen que se lanzó al cobro de sobornos y de comisiones. Los agentes encontraron en el registro de una de sus casas en Madrid casi 100.000 euros guardados en cajas de zapatos. 

La magistrada, para apuntalar esa parte de la investigación, rastrea una cuenta secreta que Espinosa tiene en Bélgica y ha solicitado documentación a los seis países africanos en los que el general estuvo destinado para formar a los Garsi: Mauritania, Burkina Faso, Mali, Níger, Senegal y el Chad. 

Los agentes creen que las comisiones podrían haberse cobrado a través de esa cuenta bancaria, razón por la que buscan conexiones con los contratos otorgados al amigo del general para dotar de drones a esos países.

Los cuatro contratos

El primero de los contratos lo licitó la Fundación Internacional el 27 de enero de 2020 por importe de 944.830 euros, con la finalidad de equipar al proyecto Garsi en Mauritania de uniformes, protección antibalas o equipos informáticos, entre otros recursos. El concurso estaba separado en 15 lotes. El número 10 se corresponde con los drones y es el que se llevó el empresario valenciano por 37.500 euros. 

La siguiente convocatoria es para cubrir las necesidades del proyecto internacional en Níger, con un valor de 978.648 euros y fecha del 17 de febrero de 2020. Este contrato, igual que el anterior, está divido en varios lotes. El de drones es el número 8 y se lo vuelve a quedar el mismo empresario, esta vez por 53.000 euros.

El tercer contrato investigado se publicó el 2 de julio de 2020 y es el más abultado de los cuatro que la Fundación sacó a concurso para su proyecto de cooperación internacional con África. En esta ocasión hay que equipar a la gendarmería de Mali, con la entrega de material en Bamako por importe de 215.000 euros. Aquí solo hay cuatro lotes: uniformidad, protección balística, drones y material diverso. Vuelve a ganar la compañía valenciana el lote de los drones, con un valor de 16.940 euros.

El cuarto contrato que reclama la autoridad judicial también lo adjudica la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp), en este caso para adquirir siete sistemas de detección e inhibición portátiles para un proyecto de formación presencial en Logroño vinculado al CT Public Spaces. El objetivo es prevenir y reducir los ataques terroristas, así como sus efectos en los espacios públicos. Su finalidad es apoyar a Niger, Mali y Mauritania para reforzar las capacidades de protección en lugares públicos e infraestructuras. El contrato es de 213.800 euros y la sociedad valencia se lleva el lote de drones por 30.129 euros. 

Hay otros seis contratos de drones adjudicados a la empresa Asesoramiento y Servicio de Drones que son investigados en el caso Mediador, pero no están adjudicados por la fundación, sino por ayuntamientos, comunidades autónomas y otras instituciones repartidas por la geografía española. Todos acabaron en manos del mismo empresario valenciano, que rompió su relación con Espinosa al no lograr los contratos que este le prometió en Canarias.

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