Ningún municipio ha adaptado sus planes a la Ley del Suelo en seis años

Algo no funciona en el planeamiento urbanístico de Canarias cuando hasta ahora 26 ayuntamientos han devuelto a la Comunidad Autónoma las competencias urbanísticas y medioambientales que les concedía la Ley del Suelo y de Espacios Naturales aprobada en 2017 y que ni uno solo de los 88 municipios de las Islas haya adaptado su planeamiento a esta norma, casi seis años después de su entrada en vigor. El desbarajuste urbanístico se mantiene pese al objetivo que se marcó la ley de simplificar y agilizar los procedimientos tras la desaparición de la Comisión de Ordenación Territorial y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac).

La Consejería de Transición Ecológica y Planificación Territorial prepara un informe, que estará a final de este mes, en el que se analizan los efectos reales de la aplicación de la Ley del Suelo. Sin embargo hay ya una primera conclusión y es que los planes generales de los ayuntamientos no se han adaptado a esta normativa, por lo que ha caído en saco roto la aspiración de que el territorio de las islas contara con un planeamiento más moderno, que se favorecieran las inversiones y que se agilizaran los trámites burocráticos, como tantas veces se ha demandado desde los sectores empresariales. Un primer balance es que estas premisas no han funcionado como se preveían.

El Ejecutivo ultima un estudio para evaluar la norma y preparar su modificación después del 28-M

El PSOE, en la oposición en 2017, votó en contra de la Ley del Suelo pero en los cuatro años que cumple este 2023 en el Gobierno no ha entrado a modificar a fondo la norma para corregir el rumbo que está tomando. Se han producido modificaciones puntuales pero no se ha entrado en un cambio en profundidad que sí pretenden realizar los socialistas si continúan en el Ejecutivo tras las elecciones del 28 de mayo.

Los consejos de Gobierno de esta legislatura han sido un goteo casi continuo de ayuntamientos que han cedido a la Consejería de Planificación Territorial la competencia para la evaluación ambiental estratégica, ordinaria o simplificada de los instrumentos de ordenación urbanística municipales, así como de la competencia para la evaluación de impacto ambiental de proyectos. La Ley del Suelo permitía esta cesión de competencias pero era un proceso más complejo a través de un convenio, que el cuatripartito simplificó en 2020 habilitando la posibilidad de delegación directa de la competencia introduciendo un mecanismo más ágil y eficaz mediante una delegación que solamente requiere acuerdo de delegación del ente local y un acuerdo de aceptación del Gobierno regional.

Competencias

Con la última delegación del municipio de Teguise, en Lanzarote, ya son 26 las corporaciones locales que han cedido sus competencias urbanísticas y medioambientales. Entre ellos se encuentran municipios como Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Arona, San Bartolomé de Tirajana, La Oliva, Arrecife, Telde o Santa Lucía. Asimismo el Cabildo de Lanzarote también ha puesto en manos de la Comunidad Autónoma esta delegación. El número de habitantes que concentran todas estas corporaciones suman los 1,2 millones habitantes, prácticamente la mitad de la población de las Islas.

Esta delegación incesante de competencias refleja que los ayuntamientos han sido incapaces de asumir en estos años las competencias del informe de impacto medioambiental del planeamiento territorial. Atasco administrativo, falta de personal y la complejidad de los procedimientos han terminado por empantanar el cumplimiento de la ley, lo que ha abierto la opción de replantear el texto normativo. Las comisiones de evaluación ambiental, tanto la regional como las insulares, están saturadas, ya que los ayuntamientos se han visto sin recursos para encargarse de ello, lo que genera atascos, una circunstancia que ya habían advertido algunos expertos cuando se debatió la ley. De hecho, el portavoz del Gobierno, Julio Pérez, señaló después del últimos Consejo de Gobierno la necesidad de una «reflexión» ya que el modelo que se quiso implantar en 2017 no ha funcionado.

a falta de personal, el atasco burocrático y la saturación de los procesos frenan el planeamiento

Pero lo grave no es que ningún ayuntamiento se haya adaptado a esta normativa, que tiene poco menos de seis años, sino que todavía hay cerca de la mitad de las corporaciones municipales canarias que no tiene sus planes generales en consonancia con las leyes anteriores, sobre todo el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias del año 2000. La saturación legislativa que ha caracterizado la ordenación territorial de las Islas, con multitud de leyes y decretos desde que en 1994 se aprobó la ley de Espacios Naturales y en 1999 la de Ordenación Territorial, ha sobrecargado a los ayuntamientos, sobre todo a los medianos y pequeños, que se han visto sin poder modernizar sus planes.

Una de las modalidades introducidas por la Comunidad Autónoma para acelerar los procedimientos es la opción de los planes supletorios, es decir, es el Gobierno regional –a través de la empresa pública Gesplan– el que desarrolla el planeamiento de un municipio de forma provisional hasta que el ayuntamiento lo haga definitivamente. Hasta 15 consistorios han optado por esta fórmula con una adaptación básica a la ley.

A la complejidad administrativa se unen también los recursos judiciales por los perjudicados en la ordenación del suelo, que dilatan aún más el proceso. Todo se viene abajo cuando la Justicia anula un plan ya aprobado como ha sido el caso en los últimos tiempos de municipios como Teror, Arucas o Santa Cruz de Tenerife. 

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