Función Pública da marcha atrás y mantiene a los 500 interinos que entraron en la pandemia

La Dirección General de Función Pública ha dado carpetazo a la polémica interna surgida recientemente por el futuro laboral de los 500 administrativos y auxiliares interinos que entraron a trabajar en la Administración autonómica a través de la bolsa de empleo creada en 2020 cuando se inició la pandemia del Covid. Este personal se mantendrá en sus puestos de trabajo hasta que las vacantes que cubren sean ocupadas por funcionarios de carrera fruto de oposiciones o de concursos de traslados, pero no podrán ser sustituidos por otros interinos de otras listas de empleo como pretendía al exdirectora general, ya cesada, Montserrat García.

García había propuesto no solo dar por finiquitada la bolsa de empleo, sino cesar a este medio millar de interinos para nombrar a otros procedentes de las nuevas listas de reserva. Esta decisión provocó cierta alarma en varias Consejerías, entre ellas Hacienda, Derechos Sociales y Transición Ecológica, dado que se trata de personal que lleva más de dos años de trabajo en departamentos clave de la Administración y pararlos para incorporar a nuevo personal supone ralentizar los procedimientos y formar desde cero a los empleados en un momento en el que se acumulan expedientes, procedimientos y trámites que pueden sufrir más retrasos en materia tributaria, financiera, políticas sociales, energías renovables o medio ambiente, entre otras materias.

La iniciativa de la exdirectora general fue parada en seco por sendos informes de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Administraciones Públicas, de la que también depende Función Pública, y por la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos. Los dos informes fueron contestados por la exdirectora general con un contrainforme desautorizándolos, lo que provocó un revuelo interno que llegó directamente al consejero Julio Pérez y que desembocó en el cese de la titular de Función Pública el mismo día en el que también cesó el viceconsejero de Administraciones Públicas, Manuel Martínez, aunque éste por otras cuestiones.

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) del pasado viernes publicó una resolución por la que la bolsa de trabajo pierde su eficacia ante la constitución de nuevas listas de empleo pero este cambio no implica el cese de los funcionarios interinos nombrados por esa bolsa. "El personal funcionario interino nombrado, proveniente de estas bolsas de trabajo, cesará desde el momento en que el puesto de trabajo que venga desempeñando sea cubierto por un funcionario de carrera a través de los sistemas de provisión legalmente previstos, reingresando a la bolsa de trabajo de persistir la misma", añade la resolución.

Inseguridad jurídica

El principal argumento utilizado ahora por Función Pública es la inseguridad jurídica que podría generar el cese general de este personal porque no concurren las causas que prevé la ley y es que la salida de un trabajador interino debe ser porque la plaza vacante que ocupa sea cubierta por otro trabajador mediante una oposición y con concurso de méritos por ser funcionario de carrera. Según establecen los informes internos que contradecían a la exdirectora general no es legal que un interino sustituya a otro interino.

La propia resolución reconoce que, tras los informes emitidos por la Secretaría General Técnica y los servicios jurídicos, un informe realizado por la Dirección General de Función Pública puso de manifiesto "determinadas discrepancias, tanto de forma como de fondo, con las valoraciones recogidas en los informes a que se ha hecho referencia en los apartados anteriores". Finalmente en la mesa de negociación las organizaciones sindicales también rechazaron el cese de los interinos, aunque también criticaron el encontronazo interno provocado por esta situación, lo que ahora se corrige tras la remodelación interna realizada en el departamento.

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