Los retrasos y la lentitud persisten en la Administración pese a la cita previa

Las restricciones en la Administración motivadas por el Covid finalizaron hace tiempo pero las demoras y las esperas para registrar documentación, consultar expedientes o cerrar trámites para recibir ayudas se mantienen. La cita previa, un sistema ideado para ordenar la atención a la ciudadanía y evitar así colas innecesarias, funciona de forma irregular y hay departamentos como Derechos Sociales en los que una simple consulta para conocer la situación de un expediente de Dependencia tarda hasta tres y cuatro meses solicitando cita previa, sea telefónica o presencial.

La situación no cambia mucho en la tramitación de ayudas y subvenciones. En el último año se ha disparado la demanda de subvenciones por las instalaciones de paneles solares y otras fuentes de energías renovables en viviendas, edificios y urbanizaciones. El volumen de peticiones es tan elevado que las tramitaciones se han ralentizado y acumulan más de seis meses de demora y se dilatan aún más en el tiempo en el caso de que se requiera más documentación para continuar con el expediente.

Dependencia o energías renovables son solo dos ejemplos pero son ámbitos clave en las demandas más solicitadas actualmente por la ciudadanía a la Administración. ¿Falta de personal? ¿Exceso de trámites? ¿Lentitud burocrática? Una mezcla de las tres opciones porque se trata de una situación en la que las quejas no son solo de la ciudadanía sino también de las empresas, que se quejan de que cuestiones como los fondos europeos no están llegando a los sectores económicos, fundamentalmente por la falta de personal. Hay organizaciones empresariales que también ven al teletrabajo de los empleados públicos como una causa de que se ralenticen los expedientes, pero el hecho es que actualmente los empleados de la Administración autonómica solo tienen autorizado un día de teletrabajo a la semana previa solicitud.

En el último informe elaborado por la Diputación del Común se pone en entredicho la eficacia de la cita previa de forma generalizada. El Diputado del Común pide acabar con la cita previa «indiscriminada» en la Administración pública. «Ya es hora de acabar con la cita previa indiscriminada en la Administración pública», afirmó el titular de la institución, Rafael Yanes, quien añadió que la ventanilla para el registro de documentos administrativos debe estar abierta durante todo el horario de atención al público, y sólo mantener las citas personalizadas para la consulta de un determinado expediente y para la propia eficacia de la gestión pública. El problema es que cuando se solicita cita previa en los departamentos especializados para conocer el estado de un expediente la demora no es de unos pocos días o de una semana a otra, sino de meses.

Los retrasos en la resolución de los asuntos viene motivado por las propias limitaciones que tienen las administraciones públicas en relación a la contratación de personal. Por otro lado, también se debe a la complejidad que conlleva, en muchos casos, la tramitación de expedientes, entre ellos los urbanísticos, sancionadores, de expropiación o de responsabilidad patrimonial que requieren de la intervención de varias administraciones o de varios departamentos de una misma Administración, así como la evacuación de informes externos o trámites de audiencia y periodos de alegaciones.

Herramientas

«En la medida en que no llegan, tendremos que reivindicarlo. El fluir del dinero desde Bruselas hasta las empresas tiene que agilizarse. Esa es una reivindicación que hemos hecho y la mantenemos. Y mantenemos lo de la colaboración público-privada porque entendemos que es la herramienta y el instrumento necesario para que la política económica que se dicta llegue a los que la necesitan. Que a fin de cuentas son los que generan el empleo y la riqueza», dijo recientemente el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega.

Los empresarios no notan mejorías notables tras la reestructuración interna aprobada por el Ejecutivo regional para gestionar los fondos europeos. Se crearon unidades administrativas provisionales y los departamentos de la Comunidad Autónoma fueron solicitando sus necesidades de personal. Desde entonces han habido continuos cambios en los instrumentos estratégicos para ir adaptándolos, pero la realidad es que siguen faltando recursos humanos y 2023 ya es un año decisivo para concretar la financiación de proyectos a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Durante la pandemia el teletrabajo formó parte esencial de la labor habitual de la Administración con rotaciones entre los empleados, con turnos de tres días de trabajo a distancia y dos presenciales para respetar las distancias. Esa situación acabó y actualmente solo se permite un día a la semana. El teletrabajo lo puede realizar entre el 5 y el 10% de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma, alrededor de unos 3.000, y cada centro directivo lo regula en el ámbito del departamento del que se trate para establecer los turnos pertinentes. Sin embargo, hay ámbitos en el que apenas se permite el teletrabajo, como es el caso de la Agencia Tributaria Canaria (ATC), mientras que en otros hay más permisividad.

El Gobierno regional se encuentra aún en pleno debate interno sobre la regulación del teletrabajo para sus empleados. La reclamación de los sindicatos es que se autorice hasta tres días de trabajo a distancia en aquellos ámbitos de la Administración donde sea posible, en línea similar a la regulación realizada por la Administración del Estado con los representantes de sus empleados. A finales del pasado año el Ministerio de Hacienda y Función Pública y los tres principales sindicatos –UGT, CCOO y CSIF– firmaron un amplio acuerdo en el que, entre otros compromisos, figuraba el teletrabajo como una modalidad para el desarrollo de las tareas de los empleados públicos. En principio se fijaba tres días a la semana, modelo que es al que aspiran a aplicar en la Comunidad Autónoma las organizaciones sindicales con representación en las Islas.

Durante varios meses se han ido negociando diferentes cuestiones entre la Dirección General de Función Pública y los representantes sindicales, entre ellas un decreto que regulará el teletrabajo y que la Consejería de Administraciones Públicas se ha comprometido a aprobar en las próximas semanas y, en cualquier caso, antes de que finalice la legislatura. En el decreto se regula bajo qué condiciones se realizará el trabajo a distancia con el fin de que no entorpezcan el normal funcionamiento de los procedimientos debido a las quejas que se suceden tanto desde las organizaciones empresariales como desde la ciudadanía por los retrasos que se acumulan en determinadas áreas de la Administración, algunas de ellas clave ante la importante demanda existente.

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