El Gobierno canario carece del Plan de Igualdad al que obliga a las empresas

La administración pública de la comunidad autónoma canaria carece de un Plan de Igualdad. Una herramienta, dirigida a remover los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad real entre los hombres y mujeres en los entornos laborales, que las empresas están obligadas a tener, pero con el que también tienen que contar los organismos públicos según varias normativas. Sin embargo, el Gobierno regional no ha promovido la implantación efectiva de este plan, que debe aplicarse de un modo conjunto a funcionarios y empleados públicos de la administración autonómica. 

Así lo reconoce la propia Viceconsejería de Relaciones con el Parlamento de Canarias –que depende de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad– en la respuesta escrita a una pregunta formulada por la diputada nacionalista, Jana María González. En ella, señala que actualmente se están valorando y actualizando los datos del Plan de Igualdad entre hombres y mujeres, planteado para el periodo 2017-2020 pero que no entró en vigor, para su posible implementación. Pero ni siquiera se ha llevado a la Mesa General de Negociación donde se debe acordar con los trabajadores públicos.

Tres de cada cuatro grandes empresas canarias carecen de plan de igualdad

El Gobierno de Canarias desoye así un mandato legislativo al que le obliga a nivel estatal el Real Decreto Legislativo 5/2015, que indica que las administraciones con independencia del número de trabajadores deberán elaborar y aplicar un Plan de Igualdad a desarrollar en el convenio colectivo o de acuerdo a las condiciones de trabajo del personal funcionario. Pero también desde mucho antes la ley 1/2010, Canaria de igualdad entre mujeres y hombres, que en su artículo 35 establece que «el Gobierno de Canarias, sus empresas públicas y entidades instrumentales elaborarán periódicamente planes de igualdad». Su objetivo debe ser «alcanzar en materia de igualdad de trato, de oportunidades y de resultado en el empleo público, así como las estrategias y medidas a adoptar para su consecución». Además, los planes deben establecer plazos para ser evaluados y establecer las medidas correctoras oportunas. 

La elaboración del plan debe incluir un diagnóstico de la situación en el empleo público que debe ser después negociado. Además, el documento tiene que contener los objetivos que se quieren alcanzar con estrategias y prácticas dirigidas a ellos y sistemas de seguimiento y evaluación.

Otras comunidades autónomas del país han tenido tiempo de aplicar ya tres planes de igualdad

De esta manera, el Gobierno de Canarias acumula un retraso de varios años en la aplicación de los planes de igualdad. Un plazo de aplicación demasiado laxo que nada tiene que ver con el que se les ha exigido al sector privado. Desde marzo del año pasado todas las empresas de más de 50 trabajadores deben de tener aprobado un plan de igualdad y la norma estatal prevé que la obligación se extienda en el futuro también a las pequeñas y medianas empresas (pymes).  

Pero el retraso del Gobierno canario no es algo habitual en el resto de las administraciones públicas. A nivel estatal, está ya en vigor el tercer Plan para la igualdad de género de la Administración General del Estado. Por el tercero va la Comunidad de Valencia y también lo ha aprobado recientemente Andalucía, Castilla y León o Madrid. 

Ana González, secretaria de organización de Comisiones Obreras (CCOO) y coordinadora de comunidad autónoma con representación en la Mesa General de Negociación, asegura estar cansada de llevar a los órdenes del día de las reuniones este asunto, sin que tenga mucha aceptación. «Siempre dicen que hay temas más urgentes», recalca. Algo en lo que ella no se muestra de acuerdo. «Se creen que en la administración no hay desigualdad porque los salarios de hombres y mujeres son los mismos, pero no es cierto», detalla. «Hay disparidad a la hora de poder conciliar, de hacer horas extra, de que se adapte el puesto de trabajo cuando hay un embarazo y muchas situaciones más», puntualiza. Por eso, insiste en la necesidad de que Canarias cuente con esta herramienta. «Es vergonzoso que vayamos a la cola», ya que bajo su punto de vista se está obligando a las empresas mientras la administración no cumple. «Podríamos ser referencia y no lo estamos siendo», lamenta. La administración pública de la comunidad autónoma canaria carece de un Plan de Igualdad. Una herramienta, dirigida a remover los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad real entre los hombres y mujeres en los entornos laborales, que las empresas están obligadas a tener, pero con el que también tienen que contar los organismos públicos según varias normativas. Sin embargo, el Gobierno regional no ha promovido la implantación efectiva de este plan, que debe aplicarse de un modo conjunto a funcionarios y empleados públicos de la administración autonómica. 

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