Canarias llega al ‘año III’ de los fondos europeos sin personal ni expectativas

Los dineros del ambicioso programa NextGeneration eran hasta hace nada «una oportunidad única para Canarias que no podemos desaprovechar». Así lo aseguraba el Gobierno autonómico en un vídeo promocional a comienzos de 2022. Un vídeo en el que también afirmaba que los cientos de millones de euros procedentes de las arcas comunitarias servirían para «transformar nuestra economía y avanzar hacia el futuro». Gobierno y empresarios –decía la voz en off durante la promoción audiovisual– «apostando por una nueva Canarias en un ejercicio de colaboración público-privada sin precedentes». Menos de un año después de aquel vídeo, el Ejecutivo regional reconoce que pecó de exceso de optimismo. Lo hizo la semana pasada, y sin ambages, su vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, que admitió que «los que defendieron que estos fondos iban a revolucionar el mundo se pasaron». Ya en el año III del NextGeneration –el programa echó a andar en 2021–, la Comunidad Autónoma no solo acumula un considerable retraso en la ejecución de los fondos, algo que también han tenido que reconocer desde el Ejecutivo, sino que ni siquiera han conseguido aún contratar todo el personal necesario para la gestión y la tramitación de las convocatorias, ayudas y subvenciones a través de las que se materializará el plan comunitario. Ni hay personal ni hay ya demasiadas expectativas.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, Julio Pérez, no pone tiritas a la situación ni elude la responsabilidad del Ejecutivo: «Vamos muy retrasados». El también portavoz del Gabinete de Ángel Víctor Torres explicó que, «sin duda», este retraso es «preocupante», si bien se mostró seguro de que serán capaces de cumplir los plazos de ejecución establecidos por Bruselas. España, y por extensión sus Comunidades Autónomas, tiene hasta 2026 para llevar a buen puerto su trozo de la tarta del NextGeneration, unos 2.400 millones de euros en el caso de las Islas. En el Gobierno de Canarias hay quienes creen que los plazos de ejecución acabarán por prolongarse, como Román Rodríguez, y quienes consideran, como Julio Pérez, que el Archipiélago cumplirá en cualquiera de los casos. Pero para ello será imprescindible reforzar la plantilla pública con todos los puestos necesarios, algo que el Ejecutivo todavía no ha sido capaz de hacer.

Han transcurrido casi tres años desde que el Consejo Europeo aprobara el NextGeneration –lo hizo el 21 de junio de 2020, con la economía continental paralizada por las medidas para contener el avance de la pandemia de coronavirus– y más de un año desde que el propio Gobierno de Canarias sacara adelante la ley con que pretendía reforzar los recursos de la Administración autonómica y aprovechar así al máximo los fondos extraordinarios de la UE. La ley en cuestión, la 4/2021 de 2 de agosto, prevé la constitución de una serie de «unidades administrativas» provisionales para la gestión y tramitación de los dineros comunitarios. Las mismas unidades administrativas a las que aún hoy –cabe insistir en que ha pasado ya un año y medio desde la promulgación de esa ley ad hoc para el NextGeneration– les falta personal. ¿Cómo es esto posible? Pues sencillamente porque el Ejecutivo, aseguran, no encuentra trabajadores.

El mismo Julio Pérez ahondó en esas dificultades para cubrir todas las vacantes necesarias y expuso que para determinados proyectos no han «encontrado los perfiles y los puestos directivos». Le ocurre así a la Administración autonómica lo mismo que a muchas empresas: «Que tenemos puestos de trabajo que ofrecer que en algunos casos no los conseguimos cubrir», admitió el consejero. «Las leyes de contratación son muy exigentes y nuestra Administración no ha sabido adaptarse, no hemos podido, en algunos casos por falta efectiva de números, de personas, y en otros por una organización deficiente», reconoció el responsable de las áreas de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad días atrás en la Ser.

Frente al mea culpa del socialista, el vicepresidente y consejero de Hacienda entiende que lo conveniente es «no hacer dramas». Román Rodríguez cree que «hay que poner las cosas en su justo lugar», dijo el también líder de Nueva Canarias la pasada semana antes de explicar que, por ejemplo, solamente 600 de los 10.180 millones de euros que suma el presupuesto de la Comunidad Autónoma para el actual ejercicio corresponden a los fondos europeos. Así que los que «defendieron» el carácter revolucionario del NextGeneration –de entrada su mismo Gobierno– «se pasaron» de frenada. Unas declaraciones que no han sentado precisamente bien entre los empresarios, los mismos a los que el Ejecutivo, en aquel vídeo promocional del año pasado, ponía como ejemplo.

«Nos parecen [las palabras de Rodríguez] un despropósito», enfatizó el presidente de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife), Pedro Alfonso, tras la presentación del último informe de coyuntura económica que la consultoría Corporación 5 elabora cada trimestre para la patronal provincial. No en vano, el empresariado no da crédito ante la incapacidad del Ejecutivo para incorporar al personal necesario tras más de un año de búsqueda.

Algo en lo que ha reparado incluso la Audiencia de Cuentas, el órgano fiscalizador de la Comunidad Autónoma, que en un reciente dictamen avisó que la falta de empleados en esas unidades administrativas creadas expresamente para gestionar el NextGeneration supone un «riesgo significativo para la efectiva gestión de los fondos ya transferidos». Las Cámaras de Comercio se han ofrecido para echar una mano, aunque en balde. Mientras, como ha repetido en varias ocasiones el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, los dineros continúan sin llegar al tejido productivo. Y más allá de que el Ejecutivo rebaje ahora las expectativas, el director de Consultoría de Corporación 5, el economista José Miguel González, precisó que el buen uso de los fondos le puede reportar al Archipiélago medio punto extra de PIB cada año. Medio punto que se perderá, por tanto, por cada ejercicio desperdiciado.

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