La propuesta de cesar a 400 interinos acelera el cisma en Función Pública

Un choque interno entre departamentos de la Consejería de Administraciones Públicas fue el detonante final de la destitución de la directora general de Función Pública, Montserrat García. La propuesta de cesar a cerca de 400 funcionarios interinos que fueron nombrados en 2020, a raíz de la pandemia, para designar a nuevo personal provocó la alarma en varias consejerías del Gobierno, que veían con preocupación que empleados formados y con más de dos años de labor en la Administración salieran todos a la vez para entrar personal que empezaría desde cero. Esta circunstancia podría suponer un serio problema de gestión en un momento en el que hay asuntos clave como la tramitación de fondos europeos, dependencia o transición energética que requieren más agilidad en los procedimientos.

El encontronazo principal se produce entre la Secretaría General Técnica y la Dirección General de Función Pública. Ambos departamentos, los dos bajo la dirección del consejero Julio Pérez, reflejan en sendos informes sus profundas discrepancias en torno a este asunto. De hecho, en el informe elaborado por la secretaria general técnica de Administraciones Públicas, Adela Altamirano, se desvela la petición de la Consejería de Transición Ecológica de prorrogar los nombramientos de personal interino y evitar el cese del personal administrativo y auxiliar ya nombrado «debido a que podría generar un importante problema de eficacia y eficiencia».

Ante la posición de Función Pública, tanto la Secretaría General como la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos, también bajo la dirección de Julio Pérez, emitieron sendos informes jurídicos y legales que se posicionan en contra de la medida de cesar a los funcionarios interinos que ocupan vacantes de administrativos y auxiliares, nombrados al amparo de la bolsa de trabajo creada en 2020 para cubrir la lista de reserva necesaria con el fin de afrontar las necesidades administrativas derivadas del Covid.

Sin embargo, el enfrentamiento se produce cuando Función Pública, lejos de arredrarse por los dos informes negativos a su propuesta, emite un informe propio contradiciendo a la Secretaria General Técnica y a la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos, hasta el punto de afirmar que incluyen «errores» en sus análisis e «irregularidades» en el procedimiento seguido ya que se emitieron a espaldas de Función Pública, lo que denota cierta desorganización interna entre los departamentos de la Consejería.

El informe de la Secretaría General Técnica advierte que «el cese sin causa legal podría llegar a considerarse una conducta ilegal y arbitraria que podría cercenar derechos subjetivos al funcionario interino». El argumento utilizado por Función Pública es que estos empleados deben cesar en sus puestos porque se van a generar nuevas listas de reserva y que el motivo por el que fueron designados terminó con la finalización de la pandemia. Sin embargo, los otros centros directivos de la Consejería aseguran que «cuando se publiquen las nuevas listas de empleo temporal dejarán de tener efectos las bolsas de empleo creadas por la Resolución 870/2020, pero no dejarán de tener efecto las situaciones jurídicas nacidas en virtud de dichas bolsas de empleo, por lo que no deberían de cesar los funcionarios interinos que fueron llamados por las bolsas de empleo».

Además de no ser legal el cese propuesto, la Administración también se podría enfrentar a reclamaciones e impugnaciones judiciales, algo que también se refleja en los informes contrarios a la medida de Función Pública.

La ya exdirectora general, Montserrat García, cuestiona tanto la forma como el fondo de los informes. «Resulta aparentemente irregular la tramitación seguida, o, al menos, separada de los cauces ordinarios de tramitación de los expedientes previstos en la legislación básica», advierte. Por otro lado critica «el error, a juicio de este centro directivo, que se ha podido cometer en el presupuesto para efectuar el análisis del estudio jurídico efectuado es equiparar la bolsa de trabajo a las listas de empleo que disponen de su régimen jurídico».

Función Pública mantiene que los motivos del cese del personal interino son totalmente legales y se ajustan plenamente a lo dispuesto tanto por la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público como al criterio jurisprudencial emitido en la aplicación del mismo.

Con los tres informes sobre la mesa y con el criterio contrario de la Consejería y de otros departamentos del Gobierno, la exdirectora general llevó el asunto a la mesa sectorial de negociación de personal funcionario y, a la vista de la situación, los sindicatos votaron en contra del cese de este personal propuesto por Función Pública. La reunión fue el jueves por la mañana, unas horas después el consejero Julio Pérez decidió la destitución de Montserrat García junto a la dimisión del viceconsejero Manuel Martínez.

Suscríbete para seguir leyendo