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El juez abre diligencias a Rosell por denuncia falsa contra su exempleada

La delegada del Gobierno para la Violencia de Género declarará nuevamente en los juzgados como investigada | La acusación pide hasta tres años de prisión

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell. EFE

La magistrada en excedencia Victoria Rosell volverá a declarar como investigada en un juzgado de la capital grancanaria. El Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto diligencias previas hace unos días para concretar si la actual delegada del Gobierno para la Violencia de Género cometió delitos de denuncia falsa y simulación del delito, tal y como interesa su ex empleada del hogar, Simona Chambi, en una querella que presentó en noviembre del año pasado. Una acusación que llega después de que la Audiencia Provincial archivara la denuncia que presentó la jueza contra la que fuera su trabajadora por extorsión, amenazas o coacciones y estafa procesal, al no ver ningún comportamiento constitutivo de infracción penal.

En un auto emitido por el magistrado Franciso Javier García García-Sotoca el pasado 18 de enero, se cita a Simona Chambi para prestar declaración en dependencias judiciales y ratificarse en su querella el próximo 20 de febrero. Momento en el que dará su versión acerca de los hechos que imputa a la que fuera su empleadora. Chambi previamente había llevado a Rosell a juicio en otra ocasión por lo que consideró un despido improcedente, pero que quedó desestimada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) al entender que se trató de un desestimiento legítimo del empleador.

En la notificación judicial de apertura de diligencias previas, el juez reconoce que los hechos que presenta la querella «presentan características que hacen presumir la posible existencia» de los delitos que pone sobre la mesa. García-Sotoca considera que es necesario, eso sí, practicar aquellas actuaciones que sean necesarias para concretar una serie de datos que entiende no se han podido determinar. Una vez resueltas esas dudas, se podría puntualizar «el procedimiento aplicable».

El instructor señala que los hechos que se manifiestan presentan rasgos posibles de delito

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La decisión de interponer esta querella se basa en el archivo de la causa penal abierta en contra de Simona Chambi, a quien Rosell acusó de extorsionarle a través de ese litigio laboral. Lo unió, a su vez, a una serie de ataques en los medios de comunicación y en las redes sociales que recibió desde sectores afines al partido ultraderechista Vox. Sin embargo, la justicia rechazó que se haya producido alguna actitud punible tal y como denunciaba Rosell. El fallo de la Audiencia Provincial en que se resolvía un recurso presentado por la magistrada en excedencia contra una resolución de primera instancia fue muy claro: «No pueden entenderse los hechos como constitutivos de los delitos de extorsión, amenazas o coacciones, cuando la denunciada se limita a interponer una demanda ante la jurisdicción laboral, previa remisión de la papeleta de conciliación, que debe ser interpretada en dicho contexto».

En base a ese «rotundo» fallo judicial, Simona Chambi, asistida por el letrado Federico José Vicente Marín, decidió interponer esta nueva querella porque entiende que se produjeron los dos delitos «al objeto de amedrentar y perjudicar a la querellante [dado su nivel de humildad, escasos medios económicos para litigar y nivel cultural bajo], convirtiéndose en una estrategia sibilina propicia para que Simona Chambi se asustara al ser citada por la Policía y desistiera de su reclamación laboral previamente presentada 10 días antes».

La querellante cree que la jueza la llevó a juicio para asustarla y que desistiera en su litigio laboral

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Además, considera que la gravedad de los hechos es tal que interesa una condena a la delegada del Gobierno de tres años de cárcel –dos por el de denuncia falsa y uno más por el de simulación de delitos–. Igualmente, solicita que se le imponga una fianza de 60.000 euros por los daños materiales y morales que ha sufrido Chambi a lo largo de todo este tiempo.

Entre las diligencias que solicitó en su momento la querellante se encuentran la declaración judicial a la propia Simona Chambi; la de Victoria Rosell, en calidad de investigada; la de la abogada que le pasó a la magistrada en excedencia la información relacionada con el partido Vox y que sustentó su petición de condena por coacciones y amenazas, y que se imponga una fianza por valor de 60.000 euros. Por el momento, en el auto en el que se incoaron las actuaciones judiciales solo se ha citado a la propia Chambi para que testifique y se ratifique en sus acusaciones. Se desconoce si el juez García-Sotoca practicará el resto de cuestiones que se plantearon.

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