Los sindicatos y jefes policiales se movilizan contra la ley del Gobierno

Los agentes amenazan con manifestaciones en febrero si el Ejecutivo no negocia

con la parte social de las policías locales | Critican que el texto es un «retroceso»

Los representantes sindicales y de las asociaciones de jefes de las policías locales en la comparecencia informativa.

Los representantes sindicales y de las asociaciones de jefes de las policías locales en la comparecencia informativa. / EFE

Los seis sindicatos que representan a los cerca de 3.000 policías locales que hay en Canarias preparan concentraciones y manifestaciones en febrero si el Gobierno canario no modifica el anteproyecto de ley de coordinación de las policías locales que ultima para llevarlo al Parlamento. «Queremos que se nos escuche», advirtieron ayer los representantes sindicales, que acusan al Ejecutivo de pactar la reforma de la ley de 1997 solo con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y dar la espalda a la parte social, donde no solo están las organizaciones sindicales sino también las asociaciones de jefes, que también ven en el texto un retroceso en la seguridad en Canarias y critican que se imponga sin consenso.

Los representantes sindicales de CSIF, UGT, CCOO, Asipal, STAP Canarias y USPB, además de Ajepol Las Palmas, ven un «interés político» de la actual dirección de la Fecam para que la ley salga de esta forma y aseguran que hay alcaldes que no están conformes con el texto. También critican directamente al director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo de Armas, por plegarse a las «presiones» de la Fecam y hacen un llamamiento al consejero Julio Pérez para que dialogue con la parte social una vez que ha manifestado sus dudas sobre la figura del policía interino en un reciente debate parlamentario.

«Esta reforma no solo no mejora nada sino que puede generar problemas que se habían solucionado en la ley de 1997», criticó el representante del CSIF, Armando Martín. Por su parte, el presidente de la Asociación de Jefes de Policía Local de Las Palmas, José Luis Herrera, tildó el anteproyecto de ley de «retrógrado y extemporáneo» y va en contra de la estabilización del personal funcionario que defienden la UE y el Estado al permitir policías interinos.

Las organizaciones sindicales ven en el texto generalidades sin desarrollar y un vacío legal preocupante en cuestiones fundamentales para el cuerpo de seguridad como la prevención de riesgos laborales, el acceso al cuerpo, la dotación suficiente de medios económicos y materiales para desarrollar su labor con garantías para la ciudadanía y un retroceso alarmante en la carrera profesional de los policías locales frente a otros cuerpos de seguridad. Asimismo, critican que el texto relega a los sindicatos a un papel secundario al suprimir su presencia de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales, donde solo estarán el Gobierno y los alcaldes, mientras que las centrales sindicales estarán en una subcomisión con escasas competencias.

Desconocimiento

Para los dirigentes sindicales resulta «sorprendente» que los grupos parlamentarios, incluidos los que respaldan al Gobierno, les hayan transmitido que desconocen el contenido de la ley que prepara el Gobierno, lo que, en su opinión, demuestra que ha sido una negociación unilateral entre la Dirección General de Seguridad con «algunos miembros de la Fecam», con un contenido «arcaico» que no refleja «las necesidades actuales de la seguridad, de la población y de las policías locales».

En este sentido, Armando Martín manifestó que la figura del funcionario interino la defienden los municipios que no han convocado plazas de Policía Local en los últimos años y que ven así una forma rápida de contratar personal, lo que los sindicatos entienden como «poner un parche a la seguridad» y una vuelta a la temporalidad. Por su parte, el representante de UGT, Roberto Martín, explicó que el vigilante de seguridad se trata de una figura extinta en la ley canaria de 1997 porque se solapaba sus funciones con las del policía local. El anteproyecto retoma esta figura en aquellos municipios donde no hayan agentes de la autoridad aunque no podrán portar armas.

«La Fecam lo intentó en 2018 y ahora lo hace de nuevo», advierten los representantes sindicales en referencia a lo que ocurrió en la anterior legislatura cuando se pactó una reforma de la ley después de una treintena de reuniones pero la entidad municipalista impidió que se debatiera en la Cámara cuando la legislatura estaba próxima a finalizar. Ahora es la parte social la que se queja de lo mismo y advierte que tomará todas las medidas que estén en sus manos para impedir que se apruebe el texto tal y como está porque hay alcaldes que muestran su disconformidad ante la cercanía de las elecciones y cómo les puede perjudicar un conflicto con los policías que dependen de ellos.

Los dirigentes sindicales interpelaron en varias ocasiones al consejero Julio Pérez e incluso al presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, para que el Ejecutivo consensúe la ley y que impidan un conflicto con los policías locales de Canarias. «Canarias se puede convertir en la única comunidad autónoma que elimina a los sindicatos y asociaciones de jefes del debate sobre la seguridad y de cómo las policías locales deben adaptarse a las necesidades actuales de la población», advirtieron.

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