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El choque entre alcaldes y sindicatos bloquea la ley de las policías locales

El Gobierno apura los plazos para enviar la norma al Parlamento | Los grupos políticos ven difícil que el texto se apruebe sin consenso como ocurrió en 2019

Operativo conjunto de la Policía Local y la Policía Nacional. | | ANDRÉS CRUZ

La nueva ley de las policías locales de Canarias vuelve a depender de la capacidad de consenso que haya en el Parlamento al constatarse que la fractura entre los alcaldes y los sindicatos policiales se repite como hace cuatro años, cuando la iniciativa legislativa del entonces Gobierno de Coalición Canaria (CC) naufragó en la Cámara por la falta de acuerdo. El cuatripartito mantiene el objetivo de llevar la norma al Consejo de Gobierno este mes y apurar los dos meses que quedan de actividad parlamentaria para aprobarla antes del 4 de abril, fecha de convocatoria de las elecciones autonómicas y de la disolución de la Cámara regional.

Los sindicatos y las asociaciones de jefes de la Policía Local han realizado una ronda de contactos con todos los grupos políticos del Parlamento para que conozcan sus posiciones en relación con la ley y su desacuerdo frontal con algunas de las cuestiones que figuran en el texto del anteproyecto, entre ellas la posibilidad de que los ayuntamientos puedan disponer de policías interinos y vigilantes de seguridad sin armas en aquellos municipios donde no haya policías o haya menos de cinco agentes. Los representantes policiales cuestionan que no se les haya tenido en cuenta durante el proceso de negociación de la ley, cuyo texto difiere casi completamente del que se pactó en la pasada legislatura.

Los dos principales grupos parlamentarios, PSOE y CC, ven muy ajustados los plazos para que la ley salga adelante antes de que el Parlamento decaiga por las elecciones. El diputado socialista Mauricio Roque advierte que, aunque se tramite la ley por la vía de urgencia, el calendario disponible «es muy apretado» porque antes de que el proyecto llegue a la Cámara tendrá que pasar por el Consejo Consultivo y tener los informes pertinentes como cualquier ley. La opción del trámite de urgencia acorta a la mitad los plazos que hay en la Cámara para las iniciativas legislativas, pero cualquier petición de alargar el plazo de presentación de enmiendas puede llevar el proceso al límite de los plazos.

Roque conoce las reivindicaciones de sindicatos y asociaciones de jefes y cree que, pese a sus importantes diferencias con la Federación Canaria de Municipios (Fecam), es posible alcanzar un consenso en el que puedan estar de acuerdo las dos partes, si bien la búsqueda de acuerdos no se puede hacer deprisa y corriendo. «Hay temas que se pueden solucionar con voluntad», señala Roque como es el espinoso asunto de los policías interinos, mediante una fórmula por la cual los opositores que se presenten a los procesos selectivos y aprueben pero no obtengan plaza puedan optar a ocupar puestos provisionales. «Es algo que todavía se está debatiendo», añade el parlamentario del PSOE.

Tiempo de descuento

Por su parte, la diputada de CC Socorro Beato no ve «el consenso necesario» para que la ley fructifique. Después de la experiencia de hace cuatro años Beato ve fundamental que la ley tenga el encaje adecuado desde el punto de vista jurídico y que las cuestiones de más calado logren el consenso de todas las partes implicadas porque, en caso contrario, la norma no tendrá mucho recorrido. «Una ley debe tener vocación de permanencia y garantías jurídicas», señala la diputada nacionalista, algo que no percibe en esta ley que aún no ha entrado en la Cámara.

Beato reprocha al Gobierno que no haya elaborado el texto de la ley en los cuatro años de legislatura y que ahora «en tiempo de descuento» pretenda aprobarla, lo que ve «difícil», advierte. Los nacionalistas no conocen aún el texto definitivo tras el proceso de información pública e inclusión o no de las alegaciones que se han presentado, por lo que no conocen cómo han quedado los asuntos en los que discrepan los sindicatos con los alcaldes.

Una de las bazas con las que juega la Fecam es que hay alcaldes de todos los partidos y sus dirigentes advierten que también se dirigirán a todos los grupos parlamentarios para explicarles su posición al respecto. Aunque la postura del comité ejecutivo de la Fecam es la de que el Gobierno presente la ley tal y como está en la Cámara, hay alcaldes que han mostrado su reticencias a que este controvertido proyecto se debata cuando la legislatura está a punto de finalizar ya que les puede perjudicar en la campaña electoral en sus municipios por la imagen negativa que da que los policías locales convoquen manifestaciones en las puertas de los ayuntamientos.

Los sindicatos y las asociaciones de jefes han convocado hoy a los medios para explicar su rechazo al anteproyecto de la Ley de Ordenación General y Coordinación Supramunicipal de las Policías Locales de Canarias. Todas las centrales y agrupaciones que aglutinan a los oficiales, suboficiales y agentes exigen más participación en una ley que lleva más de 25 años en vigor y que ha tenido varios intentos frustrados de reforma. Cuando la legislatura está a punto de expirar es probable que este intento se convierta en una nueva ocasión perdida pese a que los cuerpos locales arrastran un déficit de plantillas que provoca que haya municipios que no dispongan de agentes o haya muy pocos efectivos. El Gobierno no ha sacado aún los procesos selectivos de nuevas plazas, pese a que hay ayuntamientos que se han sumado al convenio marco.

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