Canarias inicia la gestión del litoral con un estudio sobre los núcleos costeros

El Gobierno canario da sus primeros pasos tras asumir hace dos semanas las competencias en la gestión y ordenación de costas. Ayer tuvo lugar la constitución de la comisión mixta sobre los afectados por la Ley de Costas, donde se incluyen representantes de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Federación Canaria de Islas (Fecai) y varias plataformas, entre ellas la regional que preside el abogado José Luis Langa y las asociaciones de Tufia y Ojos de Garza, en Gran Canaria. Junto al consejero José Antonio Valbuena también forman parte de esta comisión el viceconsejero de Planificación Territorial, Leopoldo Díaz, y el director general de Ordenación del Territorio, Víctor Navarro.

Con la creación de esta comisión la Consejería de Transición Ecológica se ha comprometido a realizar un estudio pormenorizado de todos los núcleos poblacionales afectados por la legislación de Costas, analizar el número total de expedientes y evaluar la situación legal y estructural de cada caso, teniendo también en cuenta el perfil social de la ciudadanía que allí se encuentra, infraestructuras disponibles, etcétera.

La Ley de Costas es de 1988 pero no fue hasta 2005 cuando los afectados comenzaron a recibir las resoluciones para desalojar su vivienda. La plataforma se queja de que se trata de casas que llevan en esas zonas desde hace más de 50 y 60 años, pero, sin embargo, ningún núcleo costero de Canarias cuenta con la excepcionalidad que se incluyó en la reforma de la Ley de Costas que se realizó en 2013. En 2016 se constituyó una comisión mixta entre los representantes del Gobierno regional con la plataforma pero ésta nunca llegó a clarificar la situación de estos poblados situados en 60 municipios de las Islas, donde viven unas 150.000 personas.

El presidente de la Plataforma de Afectados por la Ley de Costas, José Luis Langa, recordó que la modificación del año 2013 contempla una serie de excepciones que se deberían analizar desde el punto de vista jurídico, pero que hasta el momento no han sido atendidas por el Estado para poder desafectar determinados enclaves costeros que pueden verse afectados por el desalojo por vulnerar la legislación estatal.

El Gobierno regional está pendiente de recibir información del Estado sobre varios expedientes

Por ello, el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, señaló que se cumple así con un protocolo de cooperación firmado en el año 2016 por el Ejecutivo con las distintas plataformas implicadas. Valbuena explicó en el inicio de la reunión que el motivo de la convocatoria de esta Comisión a principios de año atiende a la intención de hacerla coincidir con el momento en el que se asumen oficialmente las nuevas competencias de Costas por parte de este departamento autonómico, «igualándonos con otras comunidades y haciendo cumplir nuestro Estatuto de Autonomía».

Expedientes pendientes

El viceconsejero Leopoldo Díaz aprovechó la ocasión para exponer cómo se ha producido este traspaso, cómo se están reorganizando los efectivos traspasados por el Ministerio competente y los recursos propios que se han implementado por parte de la Consejería, los primeros pasos que ya se están dando desde que se asumieron las competencias el pasado 1 de enero y los distintos expedientes que aún están pendientes de recibir información complementaria por parte del Estado.

Tras hacerse efectivo el traspaso, continuarán en el ámbito de la Administración General del Estado la función de emitir informe preceptivo, especialmente en relación con la garantía de la integridad física y del uso público del dominio público marítimo-terrestre. Se reserva asimismo las funciones de fijar el importe de los cánones de ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre y de ejercer la titularidad sobre los derechos económicos devengados por la utilización o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, sin perjuicio de la competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias para establecer otros gravámenes.

El Estado seguirá ejerciendo, asimismo, la función de rescate de las concesiones demaniales cuando la presencia de una razón de interés general vinculada a su ámbito de competencias así lo exija. Las actuaciones de interés general en el litoral tendrán que acordarse a partir de ahora entre el Estado y la Comunidad Autónoma, según lo estipulado.

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