La pandemia dispara el gasto público con 2.500 millones más en dos años

¿Sale reforzado el estado del bienestar tras la pandemia? El aluvión de recursos públicos destinados a los servicios esenciales desde marzo de 2020 da a entender que sí porque los fondos con los que han contado la sanidad, la educación y las políticas sociales en Canarias no tienen parangón. Según los datos de la Intervención General del Estado el gasto público en Salud en 2021 alcanzó los 3.960 millones de euros, 655 millones más que en 2019, el año anterior a la pandemia. En Educación los fondos públicos alcanzaron los 2.246 millones frente a los 1.939 de 2019 –307 millones más– mientras que en protección social el gasto fue de 415 millones frente a los 263 de dos años antes, 152 millones de incremento. Sin embargo, este ingente escudo social para contener los efectos de la crisis del Covid tiene fecha de caducidad dado que la gran mayoría de los fondos provienen del Estado y de la Unión Europea.

El repunte del gasto de las administraciones públicas ha llegado a máximos históricos en un tiempo récord ya que en dos años el presupuesto autonómico se ha incrementado en más de 2.500 millones de euros. Si se retrocede un año más, 2018, los recursos públicos han aumentado en 3.693 millones de euros, lo que equivale a un 50% más. De esta forma, la Administración pública se ha erigido en el principal actor económico ante la debilidad en la que ha quedado el sector privado debido al impacto de la pandemia, de tal forma que los fondos públicos han llegado a alcanzar cifras cercanas a un tercio del Producto Interior Bruto (PIB) de las Islas, 11.872 millones de los 42.656 millones que suponen la actividad económica total del Archipiélago.

Los fondos públicos alcanzan cifras cercanas a un tercio del PIB de las Islas, 11.872 millones de los 42.656 millones que suponen la actividad económica total del Archipiélago

La respuesta del sector público a la crisis del Covid ha fortalecido a los principales puntales del estado del bienestar ya que los esfuerzos en sanidad, en educación y en la protección social han sido inéditos frente a la austeridad que marcó la respuesta a la crisis económica y financiera de 2008. El Estado ha desplegado sus recursos para garantizar las vacunaciones masivas, los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o las ayudas a los sectores económicos, mientras que la Comunidad Autónoma ha sido la responsable de garantizar los servicios públicos esenciales.

En el ranking del gasto público de estos dos últimos años Canarias fue la comunidad que más incrementó porcentualmente el gasto en Educación –un 15%– pero el gasto por habitante (per cápita) sigue por debajo de la media nacional, 1.044 euros sobre los 1.100 euros de media. Sin embargo en Sanidad el gasto per cápita sí ha subido como consecuencia del fuerte incremento del presupuesto en sanidad en 2021 para afrontar la crisis sanitaria provocada por el Covid, fundamentalmente en la contratación de personal. De hecho el gasto sanitario de retribuciones pasó de 1.666 millones en 2019 a 2.026 millones en 2021. Este aumento del gasto sanitario colocó a Canarias en 1.822 euros por habitante en materia sanitaria, por encima de comunidades como Galicia, Valencia, Madrid o Andalucía, pero lejos aún de las que más invierten, entre ellas País Vasco –2.051 euros– y Navarra –1.995 euros por habitante–.

Los datos de la Intervención General del Estado reflejan el esfuerzo realizado para incrementos los fondos destinados a la protección social, con un 57% de incremento entre 2019 y 2021. Sin embargo el nivel de gasto del que partía Canarias era tan bajo que sigue estando en los puestos de cola a pesar del esfuerzo.

Los recursos financieros se han disparado porque el gasto público está «inflado» con fondos externos destinados a evitar una debacle social y económica

Con los números en la mano los servicios públicos que fundamentan el Estado del Bienestar se han reforzado con la pandemia, sin embargo la pregunta es si este nivel de gasto público es sostenible en el tiempo y si cuando acaben los fondos extraordinarios europeos y estatales destinados a recuperar la economía los gobiernos serán capaces de mantener este nivel de gasto. La ralentización económica que se prevé, la crisis inflacionista y las dos elecciones que se celebran este año –autonómicas en mayo y generales en diciembre– apuntan a que el gasto continuará al alza, con el factor añadido también de que la UE ha mantenido suspendidas este año las reglas fiscales, es decir, el control del déficit público y la regla de gasto. A las administraciones pública les favorece también el fuerte incremento que está experimentando la recaudación. Sin embargo, los economistas advierten que hay que pensar más en el medio y largo plazo porque la duración en el tiempo de este nivel de gasto es «difícilmente sostenible», avisa el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, José Ángel Rodríguez.

El economista palmero recuerda que los recursos financieros se han disparado porque el gasto público está «inflado» con fondos externos destinados a evitar una debacle social y económica similar o peor a la que tuvo lugar en la recesión iniciada en 2008. Esta situación provoca que en los próximos años se tenga que racionalizar el gasto y acometer una serie de reformas necesarias para evitar retrocesos en el mantenimiento de los pilares del Estado del Bienestar: «mantener los servicios públicos a estos niveles ocasiona una factura enorme a las administraciones públicas», advierte Rodríguez, aunque sí defiende que se haya tomado otro camino diferente al rumbo que se adoptó en la crisis económica y financiera.

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