¿Por qué hay huelga en el transporte escolar de Canarias?

Desde ayer lunes, los estudiantes de los centros públicos de Canarias se encuentran sin transporte escolar. Un paro patronal convocado por la Federación de Empresarios del Transporte (FET), que ha dejado en tierra a alrededor de 37.000 alumnos y alumnas y ha llevado a las familias a adaptar sus rutinas para trasladarlos hasta el colegio y el instituto. Pero, ¿cuál es la situación?

Las quejas de los transportistas parten del año 2011, año en el que se iniciaron impagos a las empresas que ahora, tras una década, siguen sin resolverse. Ya antes de que concluyera el curso pasado, la FET alertó de la situación de las compañías que operan las rutas escolares, con la amenaza de una huelga para el inicio del año escolar 2022/23.  

El "enorme desfase económico" existente entre el precio de lo contratado y lo que se viene abonando a los transportistas, empeorado por la crisis del precio de los combustibles, estuvo a punto de generar problemas desde el inicio del curso.

En ese momento, la Consejería de Educación se comprometió a solventar las quejas del sector a través de un calendario de actualización económica, lo que permitió que llevó al sector del transporte a acceder a a iniciar el curso escolar 2022-23 con normalidad.

Sin embargo, transcurrido el primer trimestre, los transportistas volvieron a las reivindicaciones ante "los retrasos en el cumplimiento de los compromisos económicos adquiridos por la Consejería de Educación con el sector".

Convocatoria de paro

De ahí el anuncio de un paro patronal en el transporte escolar que se iniciaría con la vuelta al cole tras las vacaciones de Navidad. De acuerdo con los datos de la FET, en la actualidad en Canarias hay en vigor cuatro contratos de transporte en los que Educación se había comprometido a actualizar los módulos económicos sin que ninguno de ellos haya recibido tal incremento. "En 2023 --apuntó la federación-- tampoco se garantizan fechas de regularización de los precios atrasados".

Por otro lado, la Administración adeuda desde hace diez años a los transportistas la cláusula de IPC recogida en los contratos por un importe de unos 14 millones de euros.

La FET indicó que el compromiso de liquidación de este IPC histórico comprendía el abono en tres plazos, 2022, 2023 y 2024, al tiempo que el tercio de la deuda correspondiente a 2022 no se ha liquidado "y ni siquiera se conoce con cargo a qué partida se podría liquidar".

Ante este nuevo panorama, la Consejería de Educacion decidió reunirse con el sector, la última vez antes de Reyes, con la intencion evitar in extremis el paro. La oferta que planteó a los transportistas no les convenció, una cuestión que el propio presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, dice no entender: "Nos sentaremos esta semana para solventar esta situación, pero también tengo que ser claro: este es el Gobierno que ha contemplado en los presupuestos de 2023 deudas que teníamos con el sector con la actualización del IPC desde el año 2011 y, por lo tanto, somos los que estamos resolviendo un problema de una década", ha señalado.