Solo cinco de cada cien canarios en riesgo de pobreza cobran la ayuda de inserción

El número de beneficiarios aumenta más de un 70% en la legislatura pero las Islas siguen en el furgón de cola

Una colaboradora del comedor de La Milagrosa, en Santa Cruz de Tenerife, en el economato de esta obra social.

Una colaboradora del comedor de La Milagrosa, en Santa Cruz de Tenerife, en el economato de esta obra social. / María Pisaca

Solo cinco de cada cien isleños en riesgo de pobreza perciben la Prestación Canaria de Inserción (PCI). En el Archipiélago hay 582.349 personas al borde de la pobreza, un 26,8% de la población. Más de una cuarta parte de los ciudadanos de la región están, por tanto, en dificultades socioeconómicas. Sin embargo, apenas 30.000 de ellos reciben la PCI.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales acaba de publicar su revisión anual de las rentas de inserción en cada una de las Comunidades Autónomas, de la PCI en el caso de Canarias. Una evaluación que deja en las Islas luces y sombras. Por un lado, la asociación profesional reconoce al Gobierno de Ángel Víctor Torres como uno de los pocos que no han aprovechado el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una ayuda que concede y sufraga el Estado, para recortar el gasto propio en rentas de inserción social. A lo largo de la legislatura se han incrementado tanto los fondos destinados para la PCI en los presupuestos autonómicos como la cifra de beneficiarios. No obstante, y por otro lado, el porcentaje de perceptores continúa por debajo de la media nacional pese a que la tasa de población en riesgo de pobreza, ese 26,8%, es la segunda más alta de España solo por detrás de la que padece Andalucía (27,9%).

De las 17 comunidades del país, hasta 11 han recortado su presupuesto para rentas de inserción desde 2019. Canarias es una de las seis excepciones: para 2019 se destinaron poco más de 36,5 millones de euros y para 2021, año hasta donde abarca el análisis de la asociación de profesionales, algo más de 51 millones. Un incremento del 39,7% que solo superan la Comunidad Valenciana y Cataluña, con subidas en ambos casos de más de un 60%. De hecho, y al hilo del informe de los profesionales del ramo, el director general de Derechos Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias, Javier Bermúdez, avanzó que el presupuesto «ejecutado» en 2022 para la PCI, es decir, el dinero efectivamente gastado, llegó a 72 millones de euros. Así que según los números que maneja el Ejecutivo, los fondos para la prestación de inserción casi se duplicaron de 2019 a 2022.

Ese aumento presupuestario ha propiciado que también crezca la cifra de perceptores, tal como corrobora el informe de la asociación. En 2019, a comienzos de la legislatura, había 17.317 beneficiarios de la PCI. En 2021 ya eran 23.977, según los datos de los directores y gerentes de servicios sociales, un incremento del 38,5% que solamente mejoran La Rioja y la Comunidad Valenciana. El problema es que pese a esa notable subida, Canarias cerró 2021 con apenas cuatro de cada cien personas en riesgo de pobreza, exactamente un 4,1%, en la nómina de la PCI. Solo Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía despidieron ese año con una tasa de cobertura aún más baja que la del Archipiélago, en los tres casos inferior al 3%. ¿Y en 2022? Los datos adelantados por el director general de Derechos Sociales muestran que el año recién concluido se saldó con «casi» 30.000 perceptores de la PCI, con lo que ese exiguo 4,1% se elevaría un punto, hasta un 5,1%. Una mejora que no basta para que el Archipiélago alcance la media estatal, que no es precisamente alta (7,1%).

Y ello aun cuando esos 30.000 beneficiarios, miembros de un total de 16.550 familias isleñas, serían un 73,2% más de los que había en 2019. Incluso puede resultar paradójico: hay un 73% más de perceptores o beneficiarios de la PCI que al inicio de la legislatura pero la región ni siquiera llega a la tasa de cobertura media en España. No extraña así que el propio Javier Bermúdez admitiera que ese 5,1% de personas en riesgo de pobreza que recibe la PCI es algo «todavía insuficiente y que nos indica la necesidad de seguir avanzando». Por eso el presupuesto para 2023, de casi cien millones de euros, será clave para dar un nuevo empujón a la particular renta de inserción de la Comunidad Autónoma, que en adelante cambia el nombre por el de Renta Canaria de Ciudadanía (la ley acaba de promulgarse) y que complementará el Ingreso Mínimo Vital del Estado.