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Veto del Estado a recuperar el convenio con Canarias sobre obras hidráulicas

Transición Ecológica aduce que la ley del Sector Público le impide asumir en solitario la financiación, como pide el Gobierno regional

La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera. Europa Press

Canarias no va a poder contar en los próximos años con un nuevo convenio con el Estado en materia de obras hidráulicas como el que ambas administraciones tuvieron suscrito en el pasado pero que lleva ya caducado desde 2018. El Ministerio de Transición Ecológica no solo no contempla recuperar ese convenio, que durante años se desarrolló en paralelo a otros como los de carreteras, infraestructuras turísticas o infraestructuras educativas, sino que rechaza de plano usar esa fórmula de financiación de estas obras básicas en el ciclo integral del agua en el Archipiélago. La razón aducida, según el departamento que dirige la ministra Teresa Rivera, es que la ley de Régimen del Sector Público que regula este tipo de convenios no permite que el Estado sea el único implicado en su financiación, tal como pretende el Gobierno de Canarias.

Así lo explica al menos el propio ministerio en una respuesta escrita al senador de CC y líder de este partido, Fernando Clavijoen relación a las intenciones de ese departamento sobre el desarrollo del protocolo firmado en diciembre de 2018 por el Gobierno de Canarias sólo seis meses después de que la propia Rivera asumiera esa cartera ministerial en el primer gobierno de Pedro Sánchez. En dicha respuesta parlamentaria, el actual equipo gestor competente en la política del agua señala que “desde la firma del protocolo han sido varias las reuniones celebradas entre las partes para definir dicho marco de colaboración, en las que la postura mantenida por la Comunidad Autónoma ha sido que la Administración General del Estado debería asumir en solitario la financiación de las inversiones necesarias para ejecutar las actuaciones definidas en el citado protocolo”

Esta postura, según el ministerio, “difiere de lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen del Sector Público, que ha redefinido el marco de los acuerdos de colaboración suscritos entre administraciones desde el momento de su aprobación y de la postura mantenida por la abogacía de Estado que ya se ha pronunciado en el sentido de que en un convenio entre dos Administraciones las obras a ejecutar no pueden estar financiadas únicamente por la Administración General del Estado”.

Desfavorable

Es más, el equipo jurídico del ministerio se ha mostrado “desfavorable a la firma de un acuerdo similar al planteado por el Gobierno de Canarias” considerando que “la estructura diseñada por la propuesta resulta paradójica tanto en cuanto a la idea que preside la normativa general de los convenios, como instrumento de colaboración o cooperación, que representan la puesta en común de medios para la consecución del interés común; cuanto por las especificadas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas en que prevé la participación conjunta en la realización y financiación de la obra, toda vez que en el caso propuesto no hay más actuación que la de la Administración General del Estado”.

El protocolo firmado entre ambas administraciones, en aquel momento la canaria bajo gobierno de Clavijo con Narvay Quintero como consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, tenía como objetivo “recoger la declaración de voluntades de las partes para definir las líneas” que habrían de seguir “con el objetivo de llevar a cabo, de forma coordinada, la ejecución del conjunto de actuaciones necesarias para el cumplimiento de lo establecido en el Programa de Medidas de los respectivos Planes Hidrológicos…” Además, se establecía que el mecanismo adecuado para concretar los compromisos de ambas administraciones era el de “subscribir los convenios específicos que pudieran resultar convenientes para la ejecución de las actuaciones recogidas en los Anexos que figuran en este Protocolo General”.

Canarias y Madrid firmaron en 2018 un protocolo que recogía una inversión estatal de 915 millones en 12 años para desarrollar 186 actuaciones

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En los antecedentes del citado protocolo se establecía además que “en los términos que se acuerde con el Estado corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia de obras públicas hidráulicas de interés general de titularidad estatal, su participación en la planificación y programación de las mismas, y en su caso, la ejecución, explotación y gestión de aquellas que se establezcan en el correspondiente convenio de colaboración”. Se garantizaba en aquel documento una inversión estatal de 915 millones de euros durante 12 años con el objetivo de desarrollar un total de 186 actuaciones en materia de aguas, con actuaciones en todos los ámbitos como el abastecimiento, el drenaje y la producción de agua desalada; la depuración y el tratamiento de aguas residuales; la captación de aguas subterráneas así como su saneamiento, transporte y almacenamiento. Este protocolo pretendía establecer una hoja de ruta en la materia que se debería concretar luego en la firma de un nuevo convenio a partir de 2019 que ambas partes contemplaban realizar en los primeros meses de ese año. Pero todo quedó en papel mojado.

CC: respuesta “absurda”

Según señala Clavijo en su pregunta al Gobierno central, la Consejería de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias ha asegurado que sigue “ultimando” un nuevo proyecto que establece las prioridades que en esta materia tiene la comunidad autónoma y que registraría obras por 300 millones de euros. Según el líder de CC “todo apunta a que, en estos momentos, teniendo en cuenta la evolución de este asunto, en esta legislatura no habrá un convenio que garantice la ejecución de las obras en materia hidráulica”. Califica de “absurda” la justificación del ministerio para negarse a un convenio porque tenga que asumir en solitario su financiación y asegura que “el Ministerio puede conveniar lo que quiera porque no hay ningún tipo de prohibición legal”. Pone como ejemplo el resto de convenios que están en vigor entre Canarias y el Estado, en todos ellos bajo el principio básico de que se dan circunstancias especiales en el Archipiélago para que se suscriban convenios específicos, como ocurre en carreteras, empleo, costas o turismo. “No tenemos ríos, ni trasvases, ni grandes obras hidráulicas en las cuencas y por eso se justifica que haya un porcentaje de financiación, ajustada a población, con la que participar de las inversiones del Estado”, señala el dirigente nacionalista.

“No tenemos ríos, ni trasvases, ni grandes obras hidráulicas en las cuencas y por eso se justifica que haya un porcentaje de financiación con la que participar de las inversiones del Estado”

Fernando Clavijo - Senador por la Comunidad Autónoma de Canarias

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En todo caso, la ausencia de un convenio no significa que el Estado no esté aportando recursos a infraestructuras hidráulicas, y en general al sistema integral del aguas en las Islas. De hecho, en los presupuestos de 2023 se aprobó una enmienda de NC tramitada a través de Compromís para destinar 20 millones de euros a este tipo de obras. El propio ministerio de Rivera señala en su respuesta a Clavijo que la colaboración con el Gobierno de Canarias se mantiene y que, desde 2018, se han suscrito numerosos acuerdos entre convenios y subvenciones.

Seis subvenciones

En concreto, en 2018 el Ministerio instrumentó una subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias de 10 millones de euros prevista en los Presupuestos Generales del Estado de ese año para financiar inversiones en saneamiento. En 2019, 2020 y 2021, ese departamento concedió un total de seis subvenciones para abaratar a los agricultores el sobrecoste de la desalación y de la extracción de agua de pozos y galerías para el riego, así como para la financiación del funcionamiento de las plantas potabilizadoras de agua.

Además, en 2020, a través de la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES) firmó un convenio con el Cabildo Insular y el Consejo Insular de Aguas de Tenerife, con aportación económica por parte de Cabildo y Consejo, por un importe de 170 millones de euros, para mejorar el saneamiento y depuración de Arona Este-San Miguel, Tenerife Oeste, Acentejo, Granadilla y Valle de la Orotava. Adicionalmente, en julio de 2021, también a través de la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES), se firmó otro acuerdo por un importe de 27 millones de euros con el Consorcio de Aguas de Lanzarote, igualmente con aportación económica por parte del Consorcio, para ejecutar actuaciones de mejora y saneamiento, depuración y ampliación del emisario de Arrecife y la ampliación y mejora de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Tías.

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