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Gran Canaria - Congreso de habilitados nacionales | El papel de las interventoras

Las gemelas Naya cobran más del 30% estipulado en sus empleos adicionales

Las denuncias contra las interventoras antes del escándalo de las fiestas de lujo sostienen que desde 2013 perciben sueldos que están prohibidos por el Estado

Tania Naya, a la derecha, junto a la alcaldesa de San Bartolomé, Conchi Narváez, en la clausura del congreso. El Día

Las denuncias y quejas contra las hermanas Tania y Noemí Naya Orgeira anteriores al escándalo de las fiestas de lujo con dinero público tienen como nexo común el presunto cobro de cantidades superiores a las fijadas en la ley en los puestos de trabajo que han ido acumulando desde el año 2013 en los ayuntamientos y organismos de San Bartolomé y Santa Lucía de Tirajana, dos de los municipios con mayor presupuesto de la isla de Gran Canaria.

Las gemelas Naya Orgeira, investigadas ahora por la Fiscalía Provincial de Las Palmas por el gasto de 500.000 euros en el Congreso de Habilitados Nacionales tras una denuncia penal interpuesta por Coalición Canaria, han cobrado en distintos momentos el 100% de las retribuciones en los puestos acumulados en ambos municipios cuando solo podían percibir una sola gratificación por todos ellos de hasta el 30% del sueldo de su plaza oficial.

Tania Naya tiene abierto un procedimiento en el Juzgado de Instrucción Número 2 de San Bartolomé tras una denuncia del propio Ministerio Fiscal por esos supuestos cobros ilegales de más del 30% de las remuneraciones que le correspondía. Esta habilitada nacional es actualmente interventora de San Bartolomé de Tirajana, secretaria del Ayuntamiento de Ingenio, secretaria del Consorcio para la Rehabilitación Turística de Maspalomas y de las Mancomunidades de Municipios del Sureste y de las Medianías, así como secretaria-interventora del Consorcio Sur de la TDT, el organismo público que se utilizó -presuntamente de forma irregular- para organizar y pagar el medio millón de euros que costó el congreso con fiestas de lujo y conciertos privados.

Gratificaciones

En el caso de Noemí Naya, la denuncia en la vía administrativa la realizó un funcionario de San Bartolomé, por supuestos cobros irregulares cuando en 2013 tenía el puesto acumulado de interventora municipal. En esas fechas solo podía cobrar una gratificación equivalente al 30% de su sueldo como tesorera de Arucas, que es donde tiene su plaza de habilitada nacional.

San Bartolomé cambió las bases del presupuesto de 2013 para que Noemí percibiera el 100%

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Ahora se ha desvelado que como interventora de Santa Lucía, uno de los puestos que tiene acumulados en la actualidad, también ha cobrado importes por productividad que no le correspondían, casi 16.000 euros entre abril de 2020 y octubre de 2022, según se recoge en seis decretos de ese Ayuntamiento a los que ha tenido acceso este periódico. Además de esos dos puestos en Arucas y Santa Lucía, también trabaja en acumulación de funciones como secretaria de la Mancomunidad del Norte, tesorera de la Mancomunidad del Sureste y tesorera del Consorcio de la TDT.

En este último organismo, según las fuentes consultadas, ambas hermanas reciben una remuneración económica. De hecho, según las mismas fuentes , el presupuesto de ese Consorcio, antes de que se le inyectarán los 500.000 euros para pagar el congreso de las fiestas de lujo, apenas recogía las remuneraciones de las hermanas Naya, el sueldo de un técnico de la TDT y los gastos de la sede en el Cruce de Arinaga.

Según revelan resoluciones de la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias y documentos internos de otras administraciones, el 22 de abril de 2013 Noemí Naya acumuló las funciones de interventora de San Bartolomé a las de tesorera de Arucas. La autorización de Función Pública se otorgó en virtud del compromiso adquirido por ésta de que dichas funciones acumuladas se realizarían de 16.00 a 20:00 horas, es decir, en horario de tardes, fuera de la jornada laboral en Arucas y de lunes a viernes.

Según lo previsto en el artículo 31.3 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, el régimen retributivo de la acumulación de funciones conlleva que «el desempeño de las funciones acumuladas dará derecho a la percepción de una gratificación de hasta el 30% de las remuneraciones correspondientes al puesto principal».

A pesar de la claridad de ese precepto y de lo previsto en la resolución del Gobierno de Canarias que autorizó la acumulación de funciones, Noemí Naya, a la que le correspondía velar por el cumplimiento de la legalidad económico-presupuestaria y el control material y formal de los pagos, supuestamente impulsó y después informó favorablemente la modificación de la base 33 (Gastos de Personal) en los presupuestos del año 2013 y poder así cobrar el 100% del total de las retribuciones, cuando en realidad tan solo podía cobrar el 30% de las retribuciones que percibía como tesorera del Ayuntamiento de Arucas.

Funcionarios de Santa Lucía calculan que la interventora cobró 15.823 euros de más en dos años

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La modificación que se introdujo en la base 33 señaló de forma textual: «Cuando los puestos de Secretaría, Intervención y Tesorería sean desempeñados por funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional a través de cualesquiera de las fórmulas de provisión previstas en los artículos 30 a 32 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, tendrán derecho a la percepción del cien por cien de las retribuciones previstas en el Presupuesto general de cada ejercicio económico para dichos puestos».

Tal modificación no era necesaria, puesto que el puesto de Secretaría y el de Tesorería (provistos definitivamente por concurso) tenían derecho a la percepción del 100% de las retribuciones previstas en el Presupuesto. Al contrario, el puesto de Intervención estaba vacante y provisto en forma de acumulación por Noemí Naya. Por tanto, ese cambio solo le beneficiaba a ella, para cobrar los sueldos completos en ambos ayuntamientos.

Esa actuación presuntamente ilegal de Noemí Naya fue denunciada por el entonces Jefe del Servicio de Personal del Ayuntamiento de San Bartolomé ante la Dirección General de la Función Pública. Como consecuencia de la denuncia, ese organismo del Gobierno de Canarias remitió un escrito al Consistorio con el siguiente texto: «Noemí Naya es titular del puesto de trabajo de Tesorería del Ayuntamiento de Arucas en virtud de concurso. En consecuencia, le corresponde percibir una gratificación de hasta el 30 % de las remuneraciones correspondientes a dicho puesto. Repárese en que el referido porcentaje constituye un límite máximo, el cual, en ningún caso podrá rebasarse por acto o acuerdo singular, al tratarse de una forma básica e indisponible, emanada de la Administración General del Estado».

Según Función Pública, «en dicha gratificación han de incluirse las retribuciones básicas (sueldo, trienios y pagas extraordinarias) y las retribuciones complementarias objetivas en cuanto vinculadas al puesto de trabajo (complemento de destino y complemento específico)».

Incumplimiento

El escrito al Ayuntamiento añadía que «si, por incumplimiento de dicho régimen retributivo, se han podido materializar pagos indebidos a favor de dicha funcionaria -repárese en la posición institucional que ocupa en cuanto a Interventora de Fondos-, que no obedezcan a errores materiales, aritméticos o de hecho, la Corporación deberá, en primer término, revisar de oficio los actos y/o acuerdos que hayan servicio de soporte a los abonos, y, con posterioridad, instruir los procedimientos de reintegro. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria, administrativa, contable o penal en que hayan podido incurrir las autoridades y empleados públicos de la Corporación que hayan intervenido en tales pagos».

Por último, Función Pública recordó que corresponde al Ayuntamiento de San Bartolomé verificar el cumplimiento por parte de la funcionaria de la jornada de trabajo, «de lunes a viernes, de 16.00 a 20.00 horas, de acuerdo con el compromiso asumido por doña Noemí Naya Orgeira en escrito de 5 de abril de 2013», y, en su caso, adoptar o proponer a la Dirección General las medidas correctoras.

En su actual empleo acumulado de interventora de Santa Lucía, Noemí Naya dedica un 24% del tiempo que trabaja el resto del personal, según consta en los decretos de abonos de productividad emitidos por la Alcaldía en los años 2018 y 2019. Sin embargo, a partir de 2020 empezó a cobrar el 100% a pesar de seguir trabajando el 24% de la jornada laboral, pues su puesto de trabajo sigue estando en Arucas.

Según se recoge en seis decretos, de los meses de abril y octubre de 2020, 2021 y 2022, ha cobrado el 100% por productividad en seis pagas, con cantidades que oscilan entre los 3.060 euros y los 4.166 euros. Según critican otros funcionarios, en cada una de esas pagas llegó a percibir hasta 3.166 euros de más. En total, la cantidad cobrada sin corresponderle por su horario se eleva a 15.823 euros.

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