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El Gobierno comenzará en febrero la estabilización de 3.500 interinos

El BOC publica los procesos de las primeras 112 plazas para funcionarios temporales | Los empleados de larga duración optan a un concurso de méritos

Protesta del comité de huelga de los interinos. Andrés Cruz

El Gobierno regional ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) las primeras convocatorias para estabilizar las plazas de 3.499 empleados públicos de la Administración General, la gran mayoría de ellas correspondientes a personal laboral. La Dirección General de Función Pública ha iniciado el proceso de publicación en el BOC del 24 de diciembre, víspera de Navidad, con 112 plazas ocupadas por funcionarios interinos, que se convertirán en funcionarios de carrera cuando culmine el procedimiento, que tendrá que finalizar antes del 31 de diciembre de 2024.

La maquinaria administrativa de esta oferta extraordinaria de empleo público para estabilizar a los interinos comenzará el 1 de febrero de 2023 con el inicio del plazo de 20 días hábiles para que los empleados que ocupan las plazas que se ofertan presenten la documentación requerida y los méritos profesionales para consolidar sus puestos de trabajo. En las convocatorias se distinguen a los interinos de larga duración, que accederán a la fijeza solo con el concurso de méritos, de los de corta duración, que tendrán que realizar también una prueba, aunque no tendrá carácter eliminatorio. Aunque los procesos selectivos están hechos a medida para que los trabajadores que ocupan la plaza se quede con ella, el sistema es el general de acceso libre.

El traje a medida pactado entre Función Pública y los sindicatos supone que en el concurso de méritos ocho de los 10 puntos corresponden a los méritos profesionales, es decir, a la experiencia profesional en el puesto que se oferta –seis puntos– y la antigüedad –dos puntos–, mientras que los restantes dos puntos serán por titulación, formación y pruebas a las que se hayan presentado los solicitantes. Una comisión de valoración analizará la documentación que presenten los interesados y a los que reúnan los requisitos se les adjudicará de forma directa la plaza de funcionario de carrera.

En este procedimiento hay 57 plazas de administradores generales, técnicos estadísticos, ingenieros industriales, inspectores médicos, letrados, profesores de formación profesional marítimo-pesquera, técnicos facultativos superiores, titulados sanitarios, gestores financieros y tributarios, arquitectos e ingenieros técnicos, trabajadores sociales, agentes de medio ambiente, subalternos, etcétera.

Estas plazas de larga duración corresponden a empleados que llevan trabajando de forma ininterrumpida para la Administración autonómica desde antes de 2016, que en algunos casos acumulan más de 10 y 15 años en esta situación de temporalidad si consolidar las vacantes que ocupan. El proceso selectivo es finalista y se agota cuando finalice ya que se trata de un procedimiento excepcional y por una sola vez y no generará listas de empleo, como dejan claro las resoluciones publicadas en el BOC.

Prueba no eliminatoria

Otra parte de los procesos selectivos para estabilizar a personal funcionario son aquellas plazas que hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020. Para este grupo se requiere un concurso oposición pero más bien light ya que la prueba a realizar es de tipo test, no es eliminatoria y las contestaciones erróneas o en blanco no penalizarán en la nota final. Para este grupo los 20 días hábiles para concurrir al proceso se iniciarán el 22 de marzo y se designará un tribunal calificador formado por funcionarios.

En este caso el 40% de la puntuación corresponderá al concurso de méritos, en el que el 82,5% del peso total del mismo corresponde a la experiencia profesional y antigüedad de los interesados. A la oposición corresponde el 60% restante en un examen pactado entre Función Pública y las centrales sindicales para que la prueba no sea eliminatoria y no se penalicen los fallos con el fin de facilitar que los trabajadores que ocupan estas plazas consoliden sus puestos de trabajo. En las plazas de la categoría superior –grupo A, subgrupos A1 y A2– hay un listado de 30 temas, de los que se elegirán 50 preguntas tipo test para hacerlo en un tiempo de 120 minutos. En la categorías inferiores los temas se van reduciendo de tal forma que en los subalternos solo hay cinto temas. Con el fin de mejorar la operatividad, la fase de concurso será anterior a la de oposición, lo que permitirá a los aspirantes obtener una baremación previa de sus méritos aportados y acreditados.

En las 55 plazas publicadas para este proceso de estabilización con concurso-oposición hay administradores, ingenieros y arquitectos, inspectores médicos, psicólogos, técnicos facultativos de grado medio, auxiliares de bibliotecas y archivos, profesores de formación profesional marítimo-pesquera o subalternos.

Antes del próximo sábado 31 de diciembre el BOC tendrá que publicar el resto de procesos selectivos, que en este caso deberán incluir las plazas correspondientes al personal laboral de la Administración General, que son la inmensa mayoría de los puestos a estabilizar. La ley estatal de reducción de la temporalidad en el empleo público establece los plazos para la publicación de los procesos, de tal forma que antes de junio fueron las convocatorias con las plazas a ofertar; antes del 31 de diciembre las bases por las que se regirán los procesos y antes del 31 de diciembre de 2024 deberá estar finalizada la estabilización, de tal forma que la temporalidad en el empleo público se quede con una tasa máxima del 8%, según las indicaciones procedentes de la Unión Europea (UE).

Plazas ofertadas

El número de plazas ofertadas asciende a 3.499. De ellas, 257 son de corta duración (99 de personal funcionario y 158 de personal laboral) y 3.242 de larga duración (93 de personal funcionario y 3.149 de personal laboral).

A este acuerdo para consolidar a miles de empleados públicos temporales e interinos de la Comunidad Autónoma se llegó después de meses de negociaciones en el marco de la Mesa Sectorial de Negociación del Personal Funcionario de la Administración General y de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Personal Laboral, lo que dio como resultado tres vías diferenciadas, amparadas por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. Dos de ellas hacen referencia a las convocatorias de personal funcionario interino y las plazas que vienen siendo ocupadas en larga o corta temporalidad, y una tercera está dirigida a la estabilización del personal laboral no fijo y posibilita el acceso a la Administración regional mediante el sistema de concurso de méritos sin tener que examinarse.

La división sindical que provocó las negociaciones entre Función Pública y los representantes de los empleados públicos duró cerca de dos años pero finalmente el comité de huelga ha quedado prácticamente desmantelado tras la salida de Sepca, primero, y de Intersindical. El hecho de que no se garantice la fijeza del 100% de la plantilla ha sido el caballo de batalla durante este largo proceso, que ahora comienza la hora de la verdad con el inicio de los plazos para que estos trabajadores consoliden sus puestos en la Administración.

El rendimiento y las oposiciones, a debate

Hace una semana el Consejo de Ministros dio el visto bueno a un primer anteproyecto de ley de la Función Pública que engloba a la Administración General del Estado y a todos los organismos que dependen de la misma. La evaluación del trabajo de los empleados públicos y los cambios que se quieren introducir en el sistema de acceso al empleo público centran el debate que se ha generado a raíz del anuncio de un texto que el Gobierno se ha apresurado a iniciar porque le obliga la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia de los fondos europeos Next Generation. La incorporación de la evaluación del desempeño tendrá carácter obligatorio y se valorará periódicamente la conducta profesional y se medirá el rendimiento o el logro de resultados de los trabajadores públicos. La evaluación del desempeño tendrá «efectos directos en la progresión en la carrera profesional, en los criterios para la provisión de puestos de trabajo, en la continuidad en el puesto de trabajo, en la percepción del complemento de desempeño y en la valoración de las necesidades formativas», según el Gobierno. La reacción de los sindicatos no se ha hecho esperar y critican la falta de negociación del Ejecutivo a la hora de fijar este tipo de directrices, si bien ahora se inicia una ronda negociadora y el texto será sometido a información pública. Asimismo, se apuesta por un nuevo modelo mixto de acceso a la Administración que estará basado en los conocimientos para superar el acceso y en la evaluación de competencias profesionales. Según este ley, los procesos se celebrarán en todo el territorio. «Una reforma que facilitará la democratización en el acceso, al optar por un modelo que garantice la diversidad tanto social como territorial», destaca el Gobierno.

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