El Gobierno da una 'paguilla' de 250 euros a 11.924 familias de la PCI y retrasa a febrero la de 43.000 pensionistas
Santana justifica la demora en la paga a las pensiones no contributivas en que este año ha habido un alta ejecución del Presupuesto y solo da para la PCI pero se habilitarán unos 11 millones en 2023
Román Rodríguez y Noemía Santana (de espaldas) observan a Ángel Víctor Torres en el Consejo de Gobierno de este jueves.jpg / GOBIERNO DE CANARIAS
El Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves el abono de una paga extraordinaria de 250 euros para11.924 familias que reciben de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), a fin de compensar el aumento de los precios de los productos básicos durante el año 2022.
En los dos años anteriores, en que la Consejería de Derechos Sociales puso en marcha esta paguilla de Navidad -principalmente con los 30 millones de euros transferidos por el Estado para luchar contra la pobreza en las Islas-, también contempló a las personas beneficiarias de la prensiones no contributivas.
Santana tranquiliza a los beneficiarios de las pensiones no contributivas: tendrán la paga
En esta ocasión, los 43.000 pensionistas tendrán que esperar a febrero para recibir este abono extra, debido a que los recursos para este año se han agotado por la alta ejecución del presupuesto, precisó Santana, y se habilitarán partidas de las cuentas de 2023 para dar esa ayuda a los beneficiarios de los subsidios no contributivos.
El complemento de 250 euros para las 11.924 familias beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción, de las cuales 4.504, cuentan con personas menores a cargo, se les ingresará en los próximos días. La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, cuantificó el gasto total de esta paga extra de en en torno a tres millones de euros.
Pensionistas, en febrero
El complemento de 250 euros para las 11.924 familias de la Prestación Canaria de Inserción, de las cuales 4.504 cuentan con personas menores a cargo, se les ingresará en los próximos días. La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, expuso ayer que el gasto total de esta abono extra es de en torno a tres millones de euros.
El coste de los 250 euros como una paga única que dará en febrero a los 43.000 canarios y canarias con pensiones no contributivas ascenderá en torno a los 11 millones de euros, expuso . Para ello, va a elaborar desde principios del año este otro Real decreto para este fin de modo que puedan estar ingresados los 250 euros en febrero. Los perceptores no tendrán que pedirlo sino que les llegará a sus cuentas.
El abono de este complemento se justifica, según la Consejería, en el incremento de los precios de los productos básicos que, según datos aportados por el Instituto Canario de Estadística, han aumentado en un 15,9% solo en lo referente a los alimentos.
Según la Consejería, este complemento extraordinario se suma, al refuerzo de otras prestaciones económicas llevadas a cabo por el Estado que se han recogido en subidas temporales del 15% mientras dure la situación de inflación en el Ingreso Mínimo Vital y en las pensiones no contributivas, correspondiendo a Canarias realizar los refuerzos propios de las prestaciones autonómicas destinadas a las personas con pocos o ningún ingreso.
La consejera aprovechó el penúltimo Consejo de Gobierno escoba de este año, donde se aprobaron unos 40 expedientes de todas las áreas, para realizar un balance de la gestión de su área.
«Hemos hecho grandes avances en esta legislatura. El número de familias protegidas estaba en torno a 5.500 y ahora está ya en el doble», destacó Noemí Santana. Además hizo alusión a la ley de renta de ciudadanía canaria que se ha aprobado recientemente en el Parlamento tras tres años de tramitación y que probablemente entrará en vigor en marzo de 2023, poco antes de las elecciones de mayo. El objetivo es llegar a atender a unas 40.000 familias, a través de incorporar a «muchos perfiles a los que la PCI no llega» y complementar el Ingreso Mínimo Vital del Estado, remarcó. Asimismo Santana afirmó que su área «ha ganado musculatura» y la gestión se está traduciendo en una mayor atención a las personas más vulnerables.
El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó ayer el nuevo sistema tax free para devolver el IGIC a los turistas extracomunitarios. El procedimiento, diseñado por la Agencia Tributaria Canaria, estará operativo a partir del 20 de febrero de 2023, y se sustentará en medios electrónicos. Con este método, el comercio descargará y cumplimentará un documento de la web de la Agencia Tributaria Canaria y lo enviará por medios telemáticos al comprador, quien solo tendrá que validar tal documento en los puntos habilitados para ello en los puertos y aeropuertos cuando vaya a salir de Canarias. Cabe recordar que sólo se tiene derecho a la devolución desde el momento de salida de los bienes adquiridos del territorio en el que se aplica el impuesto a devolver. | F. M.
- El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó ayer una subvención de 1,2 millones de euros al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para la implantación de más carriles para la Metroguagua y, también, para la ampliación del servicio público de bicicletas. Esta nueva ayuda se suma a la ya aportada en años anteriores por el Ejecutivo regional para el impulso a estos dos proyectos, que tienen como objetivo fomentar la movilidad sostenible en la capital grancanaria. Por un lado, el Gobierno destina un millón de euros a la implantación de más carriles en el tramo 7.3, Simón Bolívar, concretamente en la zona denominada Parque Blanco, entre las calles Juan Manuel Durán y la Plaza Comandante Ramón Franco, para el uso exclusivo del sistema de transporte público rápido. Este tramo conectará los carriles ya existentes en la Avenida José Mesa y López y en el entorno de la Base Naval, con los que se encuentran en ejecución en el Parque Santa Catalina, donde discurrirán de forma subterránea. Los otros 250.000 euros son para la mejora del servicio de bicicletas público en Las Palmas de Gran Canaria, para incentivar la electrificación de los tramos habilitados desde la parte baja y alta de la ciudad.
- El Gobierno de Canarias autorizó la suscripción de los convenios de cooperación entre la Consejería de Derechos Sociales y los ayuntamientos de Agaete, Arucas, Guía de Isora, Güímar, Ingenio, La Aldea de San Nicolás, Puerto de la Cruz, Puerto del Rosario, San Bartolomé de Tirajana, San Miguel de Abona, Santa Cruz de La Palma, Santa Lucía, Santa María de Guía, Telde y Tuineje, para la gestión de los centros de día, por un importe global que asciende a 3,8 millones de euros. A través de estos convenios se financian la gestión de los centros de día para atender a las personas mayores de los quince municipios citados.
- El Ejecutivo aprobó asimismo ayer un gasto de 24,5 millones de euros para financiar, a lo largo del próximo año, las 772 plazas existentes para menores en situación de cumplimiento de medidas judiciales. Estas plazas son gestionadas por la Fundación Canaria de Juventud Ideo por encargo de la Consejería de Derechos Sociales y el objetivo es la implementación de 610 plazas para la ejecución de las medidas judiciales en 2023.
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