La Fiscalía investigará las fiestas de lujo para habilitados nacionales

La Fiscalía Provincial de Las Palmas investigará el contrato del congreso de Administración Local para Funcionarios con Habilitación de Carácter Nacional celebrado en Playa del Inglés entre el 16 y 19 de noviembre que acabó con tres fiestas de lujo que incluyeron cena de gala, cócteles, un espectáculo de carnaval y hasta concierto privado de Dani Martín y un espectáculo de fuegos artificiales. El Ministerio Fiscal indagará en el gasto de 500.000 euros de dinero público a raíz de una denuncia penal interpuesta por Coalición Canaria de San Bartolomé de Tirajana este lunes 19 de diciembre en la que pide que se investigue a los alcaldes de San Bartolomé y Santa Lucía de Tirajana, ayuntamientos organizadores del congreso, Conchi Narváez y Francisco García, así como a las dos interventoras, las gemelas Tania y Noemí Naya Orgeira. La formación política remitió su denuncia primero a Anticorrupción, que tras analizarla la envió a la Fiscalía Provincial al no apreciar indicios delictivos de su competencia, según han informado fuentes judiciales.

En el documento, la formación pide también que se llamen como testigos al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y su consejero de Turismo, Carlos Álamo, para que expliquen si la Corporación colaboró económicamente con el congreso puesto que aparecen sus logos como patrocinadores del evento, así como al técnico del Consorcio para la TDT -organismo utilizado para la adjudicación del contrato- que redactó los pliegos, al secretario de la Mesa de Contratación y al propietario de R.S. Sonocom, la empresa adjudicataria de la organización del evento.

En su denuncia, la formación política califica de «paripé» la organización de un congreso cuyo contrato administrativo se aprobó, publicó, adjudicó y se firmó en apenas 17 de días por un procedimiento negociado sin publicidad y con urgencia, y reclama a la Fiscalía que investigue a Narváez, García y las hermanas Naya por la comisión de un presunto delito de malversación de caudales públicos «por destinar dinero público de todos los ciudadanos a la finalidad privada de conciertos privados de los mejores artistas a nivel nacional, almuerzo de lujo con degustación de exquisiteces [...] y un largo sinfin de extravagancias», según señala el documento presentado ante la Fiscalía y al que ha tenido acceso este periódico.

La denuncia acusa a las interventoras de acordar con la adjudicataria el adelanto del dinero

También reclama que se investigue otro supuesto delito de prevaricación administrativa por «obviar por completo el procedimiento establecido» en la contratación pública «actuando con desviación de poder acordando de manera previa el resultado de la adjudicación, y haciendo que el papel y la presentación formal de la oferta por la empresa adjudicataria fuera una actuación ficticia sin contenido real, y todo ello a conciencia de que su actuación era desviada».

Esta afirmación guarda relación con que el expediente de contratación fue aprobado por decreto de la presidencia del Consorcio el 28 de octubre, pero sin embargo en la memoria justificativa, firmada por el técnico un día antes, el 27 de octubre, ya se señalaba a la empresa que finalmente resultó adjudicataria.

En la demanda presentada ante la Fiscalía, el portavoz de los nacionalistas de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, relata que las interventoras «desde su posición señalada» organizaron unas jornadas formativas «pagadas con el dinero que las mismas tienen en custodia en sus ayuntamientos y donde solo acudirán las personas elegidas por ellas» y que además dejaron de lado las opciones formativa que ofrecen distintos organismos, como el Consejo General de Secretarios, Intevrentores y Tesoreros de la Administración Local -que se desvinculó de la organización de este foro-, la Federación Española de Municipios y Provincias o el Instituto Nacional de Administraciones Públicas.

En la demanda, la formación acusa a las dos interventoras, Tania y Noemí Naya, de «controlar todo el proceso a su exclusivo antojo con la única idea de convertir el acto en una celebración para un grupo de personas elegidas por ellas» y por eso encargaron a person al de Festejos que preparase la contratación de los artistas, las reservas hoteleras y que encargasen a distintos pub de Meloneras que cargasen a la cuenta del congreso los gastos generados por quien se identificase como invitado. A juicio de la formación, «disfrutaban de extravagancias y un sinfín de caprichos, antojos y homenajes» que nada tienen que ver con un congreso formativo.

Sobre el uso del Consorcio de la TDT para adjudicar el contrato, la denuncia señala que las gemelas Naya utilizaron este organismo -el único donde están consorciados los dos consistorios- para «evitar los controles y chequeos establecidos» en los ayuntamientos donde trabajan como interventoras pues eso «imposibilitaría el dispendio personal previsto». Y en «coautoría» de Narváez y García, «realizan transferencias dinerarias desde las cuentas corrientes que tutelan en los ayuntamientos a la cuenta del consorcio».

«Las personas denunciadas acordaron un paripé administrativo», critica la formación

Dado que entre que se adjudicó el contrato y se inició el congreso transcurrieron apenas dos días, la denuncia CC considera que las interventoras se creen «inmunes e impunes ante la ley» y acordaron con R.S. Sonocom que adelantase el dinero «ofreciéndole garantías de que será elegida adjudicataria». «Los denunciados acuerdan realizar un paripé administrativo, donde sin proyecto previo, sin presentación de oferta en firme alguna, sin documentación acreditativa del servicio, adjudican un contrato de servicios para ejecutar algo que ya estaba ejecutado, y convenido hasta el último detalle», argumenta CC en su demanda.

Para los denunciantes, resulta «revelador» que las interventoras redactasen toda la documentación del expediente y la firmase un técnico de realización de televisión del Consorcio de la TDT, además de Tania Naya como interventora.  Por todo ello, CC critica una «merma» para el bienestar de los ciudadanos y denuncia el «hermetismo absoluto» de un congreso que ha costado medio millón de euros «frente a los 70.000 euros de la organización de la Conferencia Ministerial de la OCDE»

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