La factura eléctrica de los edificios del Gobierno canario pasa de 21 a 51 millones por el aumento de precios

El Ejecutivo regional ha tenido que autorizar una ampliación de crédito para afrontar el pago de la factura

Exterior del edificio de Presidencia del Gobierno de Canarias en Tenerife.

Exterior del edificio de Presidencia del Gobierno de Canarias en Tenerife. / E. D.

El aumento del precio de la energía ha duplicado la factura luz de los edificios públicos del Gobierno de Canarias, por lo que el Ejecutivo estudia aplicar un plan de contingencia para evitar estas alzas. De hecho, se estima que el coste sea de 51 millones de euros al finalizar este año, cuando la cantidad consignada para tal fin en los últimos presupuestos fue de 21 millones.

En la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno de este jueves su portavoz, Julio Pérez, informó que, ante esta subida, se ha autorizado una ampliación y modificación de crédito por 26,5 millones interesada por la Consejería de Transición Ecológica debido a la falta de crédito disponible.

El portavoz ha detallado que se ha iniciado una licitación para el suministro eléctrico en edificios públicos que garantice ese servicio y se ajuste al presupuesto aprobado para el ejercicio 2023.

No obstante, ha considerado que es posible que este gasto pase de esos 51 millones de euros estimados al cierre de este año y ha apuntado que los grandes suministradores se resisten a hacer contratos por amplios períodos de tiempo, dada la coyuntura incierta que presentan los mercados. 

Plan de inspección para el transporte

De otro lado, el Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves el Plan Anual de Inspección del Transporte por Carretera para 2023 para fomentar el cumplimiento de la normativa en el sector.

Dicho plan, elaborado con el consenso de los cabildos insulares, persigue beneficios que repercutan no solo a las empresas del sector, sino de todos los usuarios relacionados con la actividad del transporte por carretera sobre la conducción, el fraude en el transporte de mercancías o pasajeros, la ordenación del transporte por carretera y la competencia desleal, entre otros aspectos.

El documento establece las directrices generales para unificar criterios entre las diversas administraciones regionales con el objetivo de homogeneizar la actividad inspectora del transporte por carretera que corresponde a los cabildos durante el año 2023, y que éstos ejercen en colaboración de la Guardia Civil y las policías locales correspondientes.

Para este año, y a petición de algunos cabildos, se ha añadido el control del transporte sanitario entre las áreas de inspección.

Se trata de una acción unitaria que englobará a los ejecutivos insulares y al Gobierno de Canarias para evitar que se produzcan situaciones de fraude en determinadas zonas del territorio insular por falta de control, se realice una mejora de la ordenación del transporte por carretera y la mejora de la calidad del empleo en Canarias.

Entre las actuaciones a llevar a cabo como consecuencia del Plan de Inspección está el control sobre la realización de servicios de transporte público regular al amparo de la correspondiente autorización: y el control del transporte de viajeros por las empresas que realizan transporte turístico de ocio y recreo, y arrendamiento de vehículos que circulen formando caravana.

También se incluye el control del transporte de viajeros en vehículos turismo. Transporte público irregular (taxis en fraude); el control del mantenimiento de los requisitos exigidos para el otorgamiento de la autorización de transporte público discrecional de mercancías y viajeros; y el control de transporte sanitario.