El Estado desconoce aún cómo frenar la subida de los billetes aéreos

La ministra de Transporte recela del establecimiento de una OSP en las rutas

que más se han encarecido por sus efectos contraproducentes para las Islas

Pasajeros se disponen a pasar el control de seguridad en el aeropuerto. |

Pasajeros se disponen a pasar el control de seguridad en el aeropuerto. | / C.W. LAURITSEN

Joaquín Anastasio

Joaquín Anastasio

El Gobierno central sigue indagando la forma en cómo poner coto a la subida de precios de los billetes de avión en los enlaces entre Canarias y la Península pero por el momento no parece estar cerca de encontrar una fórmula operativa y que no tenga efectos contraproducentes. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, fue incapaz este miércoles de ofrecer la más mínima pista al respecto. Confirmó que su departamento está estudiando la puesta en marcha de un programa piloto para establecer una Obligación de Servicio Público (OSP) en algunos de los trayectos entre ambos territorios, aquellos en los de mayor es el incremento de precios, pero ella misma se encargó de rebajar las expectativas sobre la viabilidad y conveniencia de esa fórmula ante las dudas que suscita.

Durante su respuesta en el Congreso a una pregunta de la diputada de CC María Fernández durante la sesión de control al Ejecutivo, la ministra repitió una y otra vez que su departamento es consciente del incremento de precios, que está haciendo un “seguimiento exhaustivo” de esta situación, y que está estudiando cómo intentar controlarlos, comprometiéndose a “adoptar aquellas medidas que sean precisas” para evitar dicha escalada tarifaria. Pero dejó claro que acometer medidas en este sentido no es sencillo en un marco de libre competencia entre aerolíneas, como es el caso, asegurando que “cualquier medida de carácter estructural debe ser estudiada detenidamente”.

Tras asegurar que detrás de la escalada de precios de los últimos meses, un 18 % para los residentes en lo que va de año, aunque con rutas que han alcanzado hasta el 45 % de subida, está vinculada aún al impacto de las crisis sanitaria de los dos años anteriores, y a las consecuencias de la guerra en Ucrania, y que por tanto “no se ha dado aún una estabilización del sector”, la ministra insistió en que su departamento está analizando los comportamientos de los precios en cada uno de los trayectos para buscar una respuesta que ponga fin a esta dinámica.

Sánchez aludió entonces a ese proyecto piloto que el ministerio ya comunicó el pasado día 30 al consejero de Transportes del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, en la reunión que éste mantuvo con la secretaria de Estado de Transportes,Isabel Pardo de Vera, para la aprobación de una OSP en determinadas rutas. Esta OSP afectaría en principio a una sola conexión con la Península a modo de prueba para ver si su funcionamiento afecta o no al número de vuelos y de horarios en ese trayecto y por tanto a la conectividad, con la posibilidad de ampliarla a otras rutas si se comprobara su efectividad. Pero la ministra evitó darle excesivas expectativas a esta fórmula ante los problemas que la misma puede crear. Así, respondiendo a la diputada de CC, aseguró que “el establecimiento de una tarifa máxima sólo se puede hacer articulando una OSP, que solo está justificada cuando se da un funcionamiento anómalo, y si no está justificado puede tener también efectos indeseados y provocar un recorte de la oferta de viajes”.

Raquel Sánchez: “El establecimiento de una tarifa máxima sólo se puede hacer articulando una OSP, y si no está justificado puede tener también efectos indeseados"

Aunque la ministra no se refirió a ello, cabe recordar que la secretaria de Estado y el consejero regional acordaron en su entrevista crear un grupo de trabajo entre ambos departamento para llevar a cabo el estudio de medidas posibles y que previamente se reunirían con las compañías aéreas que operan las conexiones entre Canarias y la Península para analizar las causas de la subida de precios y buscar cu colaboración. Ministerio y consejería se dieron entonces unas semanas de plazo para tener unas conclusiones y poder poner en marcha esa medidas de control de precios. Sin ministra, la ministra Sánchez no concretó ayer ningún avance en ese sentido.

CC: “El 75 %, en peligro”

Lo que sí quiso dejar claro Sánchez es que el ministerio lleva a cabo un “control exhaustivo del destino de los recursos públicos” en respuesta a la afirmación de María Fernández de que la subida de precios en un sistema de subvención del 75 % del coste de los billetes para los residentes supone “que el dinero público se está tirando a la basura o peor, está yendo a la cuenta de resultados de las grandes aerolíneas”. La diputada nacionalista señaló que “esta subida desmesurada de precios no la justifica ni la guerra de Putin, ni el gas de Putin, que es una excusa universal para todo” y que “es obligación del gobierno, tienen que fiscalizar el dinero público para que sepan si está destinado al fin que se prevé”. Criticó el hecho de que, en su opinión, haya que “explicar al PSOE cuándo nos encontramos ante una medida de cohesión territorial y de justicia social”. “La subvención del 75 % es una medida para que la gente que vive en un territorio ultraperiférico tenga las mismas oportunidades que la gente que vive en la Península. Y esta medida está en peligro cuando los precios no dejan de subir, algo que sobre todo soportamos los canarios”, recalcó Fernández.

María Fernández: “Esta subida desmesurada de precios no la justifica ni la guerra de Putin; es obligación del gobierno fiscalizar el dinero público para que se sepa si está destinando al fin que se prevé”

Consideró en este sentido que “hay gente que coge aviones por trabajo, por estudio, por enfermedad y esa gente sabe que solo tiene una opción de transporte”, y a continuación recordó que los gobiernos de Canarias y Baleares, “gobiernos de su mismo color político”, acordaron hace tres años plantear al Gobierno central una serie de medidas para el control de los precios aéreos sobre los que, aseguró, “no se ha hecho absolutamente nada”.

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María Fernández defendió precisamente este miércoles una proposición no de ley en la comisión de Transportes del Congreso reclamando la puesta en marcha y aplicación de esos “reclamos” realizados por los territorios extrapeninsulares al Ejecutivo en la que se limitó a trasladar a la iniciativa parlamentaria el texto de aquellos acuerdos relacionados con el transporte aéreo en los dos archipiélagos, así como en Ceuta y Melilla. La comisión acabó aprobando, con la abstención del PP, un texto alternativo tras aceptar Fernández una enmienda del PSOE que rebaja los planteamientos de aquella cumbre. En concreto, en lugar de asumir el punto en el que se pedía el establecimiento de OSP para determinadas rutas con la Península “sobre la base de tarifas máximas o de referencia, frecuencias mínimas o refuerzos estacionales”, el texto aprobado por el Congreso se limita a asumir los “proyectos pilotos” que a este respecto elabora el ministerio. También matiza algunas de las reclamaciones sobre la fiscalización del sistema de precios de las compañías, y sobre la participación de estos territorios en los órganos de decisión del ente aeroportuario, AENA

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