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Transferencias | Ordenación del litoral de las Islas

Los técnicos avisan: no se agilizarán los trámites en costas pese al traspaso

Los informes que se arroga el Estado ralentizan los procedimientos y podrían acabar en conflictos judiciales | Los expertos reclaman más personal y medios

Cho Vito, en Candelaria (Tenerife). | | ANDRÉS GUTIÉRREZ

Canarias empezará a gestionar la ordenación y el uso de la costa a partir del 1 de enero pero los expertos y los técnicos advierten que la transferencia pactada con el Estado no significa que se vayan a agilizar los procedimientos administrativos o que los expedientes de las Islas que acumula el Gobierno central vayan a resolverse de forma tan rápida como creen los afectados. El decreto de traspaso de la gestión del litoral a la Comunidad Autónoma prevé una serie de informes y trámites que no facilitan que la burocracia se reduzca lo suficiente para evitar que se empantanen los asuntos en los despachos.

La Comunidad Autónoma mostró su disconformidad con que el Estado recaude los cánones

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En unas jornadas celebradas ayer para analizar y divulgar las transferencias de las competencias de costas a Canarias el jefe de servicio de Ordenación del Litoral Oriental de la Consejería de Transición Ecológica, Valeriano Díaz, reconoció que «con los informes que hay que pedir y los trámites que se deben cumplir la transferencia no va a agilizar especialmente los procedimientos». Díaz puso especial énfasis en los informes que se arroga el Estado en las autorizaciones y concesiones en el litoral de las Islas e, incluso, cuestionó que la Administración estatal continúe interviniendo en la planificación urbanística que afecta a la costa, que es competencia exclusiva autonómica, lo que puede desembocar en futuros conflictos judiciales que podrían llegar al Tribunal Constitucional.

El funcionario autonómico resaltó que el Estado copió literalmente los decretos de traspaso a Cataluña y a Andalucía pese a los años que han pasado, por lo que hay asuntos que no están resueltos entre las administraciones y que tarde o temprano llegarán a los tribunales. Uno de ellos es el de los cánones por el uso del dominio público marítimo terrestre, cuyos precios y recaudación se los arroga el Estado, algo en lo que no está de acuerdo la Comunidad Autónoma y así se lo hizo saber al Ministerio, aunque finalmente el texto del decreto se mantuvo igual.

El doctor en Derecho Administrativo por la Universidad de La Laguna, Ángel Lobo, cree un hecho «histórico» que Canarias asuma la gestión del litoral después de tantos años demandando la competencia, pero advierte que «hay cosas que no van a cambiar» como es el caso de las actuaciones y obras de interés general donde el Estado tiene la última palabra. Lobo sí pidió «valentía» para que la Comunidad Autónoma ponga un «sello propio» en la gestión del litoral para no repetir la misma situación que lleva arrastrando Canarias con la gestión de su costa ante la lentitud y el exceso de burocracia de la Demarcación de Costas, con contenciosos y concesiones que llevan años estancados. «Se tiene que notar que Canarias ha asumido esta competencia, el mero hecho que tenerlas no significa que las cosas vayan a ir mejor o peor, hay que tomar medidas en materia de personal con más medios humanos y materiales, poner coto a aquellos que realizan actividades en el litoral sin ningún tipo de autorización, más cursos de formación y potenciar la legislación y el servicio de costas de la Consejería».

El exdirector general de Costas advierte que acercar los usos del litoral puede empeorar las cosas

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El ingeniero y exdirector general de Costas del Gobierno central, José Fernández, remarcó que el traspaso lo que supone es que lo que antes decidía el Estado ahora lo hará la Comunidad Autónoma pero que los procedimientos poco van a cambiar. Fernández hizo especial énfasis en la necesidad de que haya una mayor «colaboración» entre las administraciones afectadas para mejorar la gobernanza de la costa isleña. «Todas las administraciones suelen ser desesperantes a la hora de tramitar los procedimientos. Si realmente hay voluntad política con personal suficiente, formado y con el objetivo de marcarse unos plazos concretos se pueden agilizar los trámites, pero también requiere que por parte de las administraciones se pidan cosas razonables», argumentó Fernández, que destacó que «el traspaso es neutro, si hay realmente voluntad de mejorar las cosas todo irá mejor sino seguirá tan mal como hasta ahora».

La colaboración entre instituciones será clave para evitar más pleitos y dilaciones

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Valeriano Díaz reiteró que ya hay suficiente controles en la legislación general para que el Estado controle lo que se hace en el dominio público, por lo que añadir una nueva batería de informes preceptivos o vinculantes lo que provocan son retrasos y dilaciones en un «bucle» en el que no se llegan a acuerdos.

Fernández: «Mientras más alejada esté la gestión, mejor para el medio ambiente»

José Fernández, ahora jubilado, ocupó cargos públicos en la Administración del Estado y de Canarias relacionados con la gestión de las costas. Fue jefe de la Demarcación de Costas, director general de Costas entre 2004 y 2008 y director general de Protección de la Naturaleza en el Gobierno canario. En las jornadas sobre las competencias que asumirá Canarias sobre el litoral a partir del 1 de enero se mostró taxativo sobre el debate relativo a que la cercanía de la Administración mejora la gestión. «No por acaparar o concentrar la capacidad de decisión en una Administración más cercana significa más sensibilidad, al contrario en los temas territoriales y ambientales acercar la gestión al territorio provoca que esa gestión sea más sensible a los intereses económicos de los grupos predominantes, de tal forma que mientras más alejada esté la gestión mejor para el territorio y para el medio ambiente», aseguró. Por ello concluyó que «no necesariamente porque se acerque la gestión será mejor, puede incluso ser peor».

Este punto de vista fue confrontado por el jefe de servicio de Transición Ecológica, Valeriano Díaz, acostumbrado a lidiar con los funcionarios de Costas del Ministerio. «A los funcionarios del Estado solo les preocupa la defensa del dominio público de la costa sin importarles sus usos, mientras que la Comunidad Autónoma puede tener un papel más integrador por estar más cercana a los temas a gestionar», señaló, además de que las «prioridades» serán más claras ya que los ayuntamientos y la Administración autonómica conocen mejor la realidad del litoral canario y sus necesidades para revitalizarlo.

Una cuestión que preocupa al funcionario de la Comunidad Autónoma es que el compromiso de que la documentación y los expedientes se iban a traspasar de la Administración estatal a la autonómica antes de finalizar noviembre no se ha cumplido, por lo que puede llegar el 1 de enero sin que el Gobierno regional tenga en su poder todos los expedientes sobre los que tendrá capacidad de decisión y que ahora están en manos de Madrid. Algunos de estos asuntos pendientes son especialmente polémicos, entre ellos la ordenación de las playas y el futuro de varios hoteles y establecimientos costeros.

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