Gran Canaria | Las fiestas para habilitados nacionales

Los ayuntamientos camuflaron los 200.000 euros para pagar las fiestas

Consignaron los 500.000 euros para «gastos de funcionamiento» del Consorcio

de la TDT y «jornadas formativas» | AV-PP denuncia «otro derroche» con Il Divo

Elena Álamo muestra uno de los documentos del expediente del congreso para funcionarios.

Elena Álamo muestra uno de los documentos del expediente del congreso para funcionarios. / El Día

J. Montesdeoca / R. Torres

Los gobiernos municipales de San Bartolomé y Santa Lucía de Tirajana impulsaron desde el mes de junio las fiestas de lujo para funcionarios, con hasta tres modificaciones de crédito para destinar 500.000 euros a la celebración del I Congreso de Administración Local y Habilitados Nacionales. De esa cantidad, 300.000 euros se consignaron para la organización de «jornadas formativas» y los otros 200.000 euros para «gastos de funcionamiento» del Consorcio Sur Gran Canaria para la Televisión Digital Terrestre (TDT), el organismo público utilizado para adjudicar el contrato a la empresa R.S. Sonocom. 

El expediente del evento de funcionarios que incluyó conciertos privados y champán Moët & Chandon sigue dando sorpresas. Agrupación de Vecinos (AV-PP), principal partido de la oposición en San Bartolomé, desveló este miércoles los acuerdos plenarios que dieron inicio a la preparación del congreso, el primero de ellos del 30 de junio. También acusó a la alcaldesa del municipio, Conchi Narváez, y al regidor de Santa Lucía y presidente del Consorcio de la TDT, Francisco García, de «tomar el pelo» a los ciudadanos con sus declaraciones, la primera cuando afirmó que el congreso proyectó turísticamente el sur de Gran Canaria y el segundo cuando aseguró que desconocía que se iban a utilizar esos fondos públicos para celebrar las tres fiestas privadas, que incluyeron espectáculos musicales, fuegos artificiales y barra libre.         

Elena Álamo, portavoz de AV-PP en el Consistorio sureño, aseguró en una rueda de prensa que el gobierno local de Narváez no ha contestado a las preguntas de su grupo tras destaparse el escándalo de las fiestas privadas y consideró que los argumentos ofrecidos ante el Pleno municipal «fueron un insulto a los ciudadanos, pues habló de transparencia cuando no existe ninguna». 

AV-PP denuncia «otro derroche» de 214.000 euros para un concierto de Navidad con Il Divo

«La alcaldesa dijo que hubo promoción turística, sí, pero para ser el hazmerreir de toda España; y también que fueron fiestas públicas, cuando todos saben que fueron privadas y solo asistieron entre 100 y 125 personas», afirmó Álamo, quien subrayó que el gobierno de Narváez «ha perdido el sentido común» porque ya ha decidido gastar otros 214.000 euros en un concierto del grupo Il Divo para celebrar la Navidad. 

Tras recordar los pasos que ha dado hasta ahora AV-PP, que excluyen acudir a los tribunales «para no judicializar la política», Álamo dijo que en los últimos días se han descubierto «movimientos extraños», como que los alcaldes de los dos municipios implicados asumieran la presidencia y vicepresidencia del Consorcio de la TDT «sin que les correspondiera». A su juicio, utilizaron ese organismo, en el que también participan otros cuatro ayuntamientos, para evitar que los grupos de oposición fiscalicen su actividad.  

La portavoz de AV-PP sostuvo que no se puede alegar improvisación o desconocimiento de los gastos, pues cuatro meses antes de iniciarse el proceso de contratación ya se estaba consignando el dinero. Por tanto, culpó en primer lugar a García, pues como presidente del Consorcio de la TDT fue el que firmó todos los documentos que hicieron posible el gasto de los 500.000 euros en solo cuatro días, cuando ambos municipios tienen carencias de todo tipo.    Además, acusó a los dos regidores de gastar ese medio millón de euros sin el conocimiento el ni consentimiento del Pleno municipal.

«Es inadmisible que digan ahora que no sabían nada; se han tomado decisiones con consecuencias nefastas para los municipios e ahora intentan ahora desviar la atención, pero aquí hay unas responsabilidades políticas y alguien debe dar un paso atrás», insistió Álamo, quien eludió valorar el papel de las interventoras y los demás técnicos que intervinieron en el expediente.  

Por su parte, Francisco García, optó por no valorar e las críticas de Álamo, a quien acusó de intentar «hacer daño político», y sostuvo que no va a participar del «circo mediático» que «tratan de crear los partidos». «Desde el primer momento dije que estoy de acuerdo con el fin del congreso, y eso se cumplió, pero no con los actos paralelos, que no se me consultaron», añadió, «no conocía los gastos específicos». 

No obstante, sí instó a Álamo a valorar la «crisis» del PP de Gran Canaria con el PP de Santa Lucía. «Que el presidente del PP local, elegido legítimamente, votase a favor del presupuesto pero el anterior presidente votase en contra solo deja clara la crisis interna en el PP, y de eso Elena Álamo no mencionó nada», dijo. 

Sobre el uso del Consorcio para adjudicar el contrato, argumentó en que es el único organismo donde ambos ayuntamientos están consorciados. «Los estatutos dicen que pueden ejecutar cualquier actuación que se le encargue y queríamos sacar un expediente único, que se tramitó y salió adelante», señaló. 

Sobre que la documentación revele que un día antes de la aprobación del expediente ya había un informe que señalaba a R.S. Sonocom como la única empresa idónea, confió en el «buen hacer del funcionario». «Los responsables del contrato lo sacaron a licitación y seguro que tiene todas las garantías legales», concluyó. 

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AV-SLT en Santa Lucía ha presentado un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria para exigir la nulidad del contrato adjudicado para la celebración del congreso. El recurso se dirige contra los decretos del 28 de octubre y 14 de noviembre de 2022 por los que se aprobaron el expediente de contratación y la adjudicación del contrato, y contra el decreto municipal que aprobó el pago de 100.000 euros al consorcio. AV-SLT considera que toda la responsabilidad política recae sobre el alcalde de Santa Lucía «al ser el único responsable de autorizar los pliegos, la modalidad contractual y el gasto». Sostiene también que ha tenido conocimiento de que dirigentes de NC y Fortaleza disfrutaron de la cena de lujo y además durmieron en el hotel. La formación exigirá que García responda con su patrimonio privado y, vía moción, su dimisión. Además llevará a Pleno una reprobación al edil de RR.HH, Pedro Sánchez, tras haberse difundido unos audios en los que, a juicio de este partido, se profieren insultos a una funcionaria. | R. T. G.

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