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La comisión para la reconstrucción de La Palma culmina sin la presencia de representantes del Estado

Los grupos parlamentarios aprueban las conclusiones por unanimidad pero muestran su "disconformidad" ante la incomparecencia de representantes de la Administración central

El pueblo de Las Manchas un año después de la erupción volcánica. Andrés Gutiérrez

La Comisión de Estudio sobre los efectos de la crisis vulcanológica y reconstrucción de La Palma aprobó sus conclusiones tras diez meses de comparecencias y mostró por unanimidad su «disconformidad» ante la incomparecencia de representantes de la Administración central, a pesar de las reiteradas invitaciones realizadas. Los grupos parlamentarios afirmaron que el dictamen aprobado se queda «cojo» al buscar conclusiones para una reconstrucción que apenas ha comenzado y coincidieron en el «malestar» generado ante la ausencia del representante del Estado en la comisión ya que Héctor Izquierdo, nombrado comisionado para la reconstrucción de la Isla por el Gobierno central, rechazó participar en las sesiones. El delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, tampoco compareció.

«Entendemos que se trata de una pata fundamental en la reconstrucción tras la erupción y, aunque sabemos que existe un criterio en la Administración central para que sus representantes no comparezcan en comisiones de investigación o de control de los parlamentos autonómicos, creo que se podría haber hecho un excepción», afirmó la diputada del grupo parlamentario Popular, Lorena Hernández, presidenta de este órgano. Calificó las conclusiones de «agridulces» ya que la reconstrucción de la zona afectada por la erupción «no está finalizada» y simplemente se ha podido desarrollar un balance de los efectos de la erupción y se ha propuesto una forma de llevar a cabo dicha reconstrucción. La diputada nacionalista Nieves Lady Barreto destacó «el malestar» por la no asistencia puesto que «la comisión cierra con un dictamen que no tiene toda la información necesaria porque falta una parte fundamental, la Administración del Estado» y lamentó que no se le ha dado el mismo trato a esta comisión que otras en este sentido. 

Participación ciudadana

La Comisión de Estudio sobre los efectos de la crisis vulcanológica y reconstrucción de La Palma se constituyó el pasado mes de febrero y contaba con un plazo inicial de seis meses para desarrollar sus trabajos. A pesar de que se acordó la celebración de las reuniones en abierto con la emisión en directo a través de los canales del Parlamento, las últimas reuniones no cumplieron con este punto. El órgano estuvo presidido por la diputada popular Lorena Hernández quien indicó que ha sido una de las comisiones más largas de la historia del Parlamento de Canarias, con dos prórrogas y más de 60 invitados y, «lo más importante, con una importante participación ciudadana».

Una de las conclusiones más destacadas de esta comisión es que «la ciudadanía quiere participar en la reconstrucción, quiere ser copartícipe de las decisiones que se tomen y que sus opiniones sean vinculantes». La popular también hizo hincapié en la necesidad de proteger esta erupción volcánica para que «conviva con el futuro desarrollo económico de la comarca y volver así, al menos, a los índices económicos previos a la erupción». Por ello, la formación se convierte en otra pata fundamental en las recomendaciones realizadas por la comisión.

«Siempre hemos hablado de la importancia del conocimiento y la formación de la ciudadanía que vive a las faldas de Cumbre Vieja», recordó Lorena Hernández, quien enfatizó que «hay que saber dónde vivimos y contar con un seguro que nos ampare» y resumió: «Esta erupción nos ha dado una lección, es necesario asegurar nuestros bienes». Reconoció que, tras haber escuchado a afectados directos, plataformas y diferentes sectores económicos de la zona, «está claro que es necesario proteger la zona donde se ha producido la erupción, pero los habitantes del Valle de Aridane quieren seguir viviendo allí y por eso buscamos una forma de convivencia que una la protección del paisaje con el desarrollo económico».

Plan de reconstrucción

Las ayudas deben estar orientadas a «todo tipo de afecciones», ya sea vivienda, agricultura o desempleo y se acordó «hacer todo lo posible» para que La Palma no pierda más habitantes por lo que habrá que propiciar «unas condiciones de vida dignas y atractivas». Nieves Lady Barreto destacó algunas conclusiones, como la «creación de un plan específico para la gestión de las consecuencias de una erupción volcánica» y apuntó que la figura del consorcio sería indispensable. «Es necesaria también la creación de una ley específica, así como un auténtico plan de reconstrucción con financiación y plazo de ejecución bien definidos», enumeró la diputada nacionalista, quien destacó por último «las oportunidades que se pueden generar a raíz de esta erupción desde el punto de vista de la formación universitaria vinculada al turismo de volcanes».

El diputado de Sí Podemos Canarias, Francisco Déniz, valoró el «altísimo grado de consenso» y recalcó que es «un punto muy importante» en el proceso de reconstrucción de La Palma, en el que se evalúa lo hecho, sobre todo el «relevante papel» desempeñado por la comunidad científica. Por su parte, el Grupo Socialista subrayó el papel de las instituciones públicas, que han demostrado una «capacidad de respuesta digna de elogio» aunque se pone de manifiesto la necesidad de buscar soluciones eficaces para las segundas viviendas, las viviendas turísticas, casas rurales, los comercios o las industrias.

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