El incremento de los precios de los billetes de avión en los conexiones entre Canarias y la Península vuelve a marcar la preocupación de los partidos políticos isleños y de sus representantes en el Congreso y el Senado. La cercanía de las navidades y la consiguiente reacción del mercado de plazas aéreas, que multiplica por cinco el coste de los desplazamientos en esos trayectos respectos a meses anteriores, pone en el escaparate una vez más el descontrol de precios y el eterno problema de la conectividad en las Islas. No se trata ya solo de lo que eso supone para los residentes que pretenden viajar al continente en esas fechas, sino también de los canarios que viven en la Península y viajan al Archipiélago para visitar a sus familiares, o del efecto que esa dinámica produce sobre el turismo peninsular.
Más allá de la habitual escalada de los precios en las fechas navideñas, el transporte aéreo y su regulación representa siempre una de las cuestiones que tradicionalmente marca la agenda de los representantes políticos en Madrid, de todas las instituciones canarias y de las relaciones entre el Estado y la comunidad autónoma. Es por ello que la nueva dinámica de incremento desmesurado de los precios ha reavivado las iniciativas políticas para tratar de ponerle coto a esta situación ha hecho reaccionar a los partidos políticos, en este caso con sendas iniciativas de CC y de PSOE, aunque mucho más exigentes los nacionalistas que los socialistas ante una situación que ambas formaciones consideran insostenible.
Así, tanto CC como los socialistas canarios tienen ya en marcha sendas propuestas para tratar de forzar al Estado a tomar medidas que frenen la escalada de precios a corto y medio plazo, pero sobre todo que establezca un sistema de control de los mismos que mantenga regulada la relación entre oferta y demanda, y coste de los desplazamientos por avión. En ambos casos se busca de una u otra forma una declaración oficial de Obligación de Servicio Público (OSP) en determinados trayectos entre Canarias y la Península para establecer precios máximos de referencia que impida los repuntes que se producen en determinadas fechas. Una medida que, pese a que el Ministerio de Transportes parece dispuesto a estudiar, suele tener en contra el parecer de la Unión Europea porque afectaría a la libre competencia entre compañías en trayectos en que operan desde hace tiempo con arreglo a las leyes de la oferta y la demanda.
La diputada de CC María Fernández espera defender en la próxima reunión de la Comisión de Transportes del Congreso, a mediados de diciembre, una proposición no de ley (PNL) que incide en la opción de la OSP para determinados trayectos entre Canarias y la Península, pero que pone el acento en el conjunto de propuestas pactadas en enero de 2020 por Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, instando al Estado a aprobar medidas de regulación de precios para los territorios extrapeninsulares.
En su PNL, Fernández señala que tras casi tres años, “muchas de las propuestas planteadas por los representantes de dichos Gobierno continúan sin concretarse”. “No se ha creado una mesa de diálogo para realizar un control y seguimiento de la movilidad. No se han establecido nuevas OSP en las rutas con la Península, ni existe un sistema de fiscalización de los precios, pese a las importantes subidas en las tarifas que se han registrado desde entonces”, añade la diputada de CC. También censura que el Gobierno continúe oponiéndose a la entrada de las comunidades autónomas en la gestión de los aeropuertos, o que “la amenaza de nuevas tasas fiscales por parte de la Unión Europea” no ha desaparecido.
Por todo ello, plantea en su propuesta un conjunto de seis medidas que resume los acuerdos alcanzados por los territorios extrapeninsulares y que Fernández expresa en una exigencia clara de respeto al derecho de los canarios a una movilidad en las mismas condiciones que al resto de los españoles. “Esto va más allá de que se luche en Europa por una OSP para determinados trayectos con la Península, porque mientras tanto ¿qué ha hecho el Gobierno por el buen uso y fin de una subvención que es un derecho de los canarios y que desgraciadamente tanto se pone en duda tantas veces?”, asegura la diputada de CC. “Esto no es una cuestión de oferta y de demanda. Lo que no puede ser es que las compañías jueguen con la subvención y el Gobierno lo permita, porque esto hace daño tanto a los residentes como a los que nos visitan”, resalta Fernández.
María Fernández: ¿Qué ha hecho el Gobierno por el buen uso de una subvención que es un derecho de los canarios y que desgraciadamente tanto se pone en duda?
OSP experimental
Por su lado, la propuesta del PSOE, auspiciada por los senadores canarios en consonancia con el actual Gobierno de Canarias, es la puesta en marcha de un proyecto piloto en el que la OSP afectaría de entrada a un solo trayecto, sin especificar por el momento, para comprobar en qué medida esa fijación de un precio máximo afectaría al mercado y a la propia conectividad, es decir, si podría tener efectos no deseados en el horario y el número de frecuencias. El senador por Gran Canaria y portavoz socialista en la comisión de Transportes de la cámara territorial, Ramón Morales, explica en este sentido que esta medida ya empezó a estudiarse por parte del Ministerio de Transportes antes de la pandemia y que se paralizó por esa causa, pero que vuelve a estar sobre la mesa ahora que se ha recuperado la normalidad del transporte y de los desplazamientos.
Según él, la medida estaría amparada ante Bruselas por la condición de Canarias de Región Ultraperiférica, como ocurre ya en otros territorios como Azores, y que se trataría de una fórmula “para topar precios y ver como se comportan las lineas aéreas” en relación con el mantenimiento del servicio que ahora prestan en un mercado sin regular. “Se trata de un sistema para ver la manera de cómo se pueden regular los precios no solo para los residentes, sino para los canarios que viven en la Península y viajan con frecuencia a las Islas, y para quienes nos visitan como turistas”, explica Morales, quien aclara que la medida no afectaría a la bonificación del 75 % para los residentes, y que la propuesta, una vez tenga el visto bueno de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se presentará como moción en la Cámara Alta.
