Las facturas del congreso de habilitados nacionales celebrado hace 10 días en Playa del Inglés todavía no han llegado a manos del Consorcio Sur Gran Canaria para la Televisión Digital Terrestre, el organismo utilizado por los ayuntamientos de San Bartolomé y Santa Lucía de Tirajana para organizar este foro profesional destinado a la formación para los funcionarios y que incluyó actividades paralelas como cena de gala, cócteles, un concierto de Dani Martín y hasta un espectáculo de fuegos artificiales. Pero cuando entren por el registro de esta entidad irán a parar a manos de Tania Naya, una de las organizadoras de este congreso y a su vez interventora del Consorcio y del consistorio sureño. Es decir, la misma persona que organizó y participó en la adjudicación del evento y las fiestas de lujo tiene la labor de fiscalizar cada céntimo de los 500.000 euros gastados.
Como interventora pública, Naya tiene encomendada las funciones de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria y la función de contabilidad, como así le atribuye el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. Así, entre sus funciones destacan, entre otras, el control de subvenciones y las ayudas públicas, la redacción del informe de los proyectos de presupuestos y de los expedientes de modificación de éstos, la emisión de informe previo a la concertación o modificación de las operaciones de crédito y la gestión del registro contable de facturas y su seguimiento y el envío de la información económico financiera al Ministerio de Hacienda y Función Pública y al Tribunal de Cuentas.
La firma de Naya como interventora del Consorcio figura en tres documentos de la contratación
Son estas dos últimas funciones las más llamativas en el caso de la celebración del congreso y las fiestas de lujo, porque en el procedimiento ordinario del funcionamiento de la Administración, en este caso del organismo del Consorcio para la TDT, Tania Naya deberá recibir y fiscalizar cada factura que le pase la empresa adjudicataria de la organización del evento, R.S. Sonocom, y luego enviar toda la documentación al Tribunal de Cuentas, un tribunal al que Coalición Canaria se dirigirá esta misma semana para que se investigue si se ha habido un uso «indebido» del dinero público, en palabras de su portavoz, Alejandro Marichal.
Aunque todavía no se conoce con certeza quiénes formaron parte del comité organizador de este evento, lo que sí está claro es que las hermanas gemelas Tania y Noemí Naya, esta última también interventora en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, formaron parte activa de la planificación del foro, como la propia Tania ha reconocido a los medios de comunicación y tal y como atestiguan las numerosas fotografías del encuentro, donde al menos Tania aparece en la mesa presidencial identificada como miembro del comité organizador.
Los nombres de Tania y Noemí Naya figuran en distintos documentos que recoge todo el procedimiento administrativo para la adjudicación y organización del evento. El primero de ellos, el acta de la Mesa de Contratación presidida por Conchi Narváez que adjudicó el contrato el 14 de noviembre, Tania firma como secretaria-interventora del Consorcio para la TDT y Noemí como tesorera general. Los otros dos documentos en los que aparece el nombre de Tania son el decreto de adjudicación del contrato a R.S. Sonocom por medio millón de euros y el documento de formalización del contrato, estos dos últimos rubricados el mismo día 14 de noviembre por el alcalde de Santa Lucía de Tirajana y presidente del Consorcio, Francisco García.
Interés personal
Según explican otros habilitados nacionales consultados por este periódico, la interventora del Consorcio y del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, así como su hermana como tesorera en el organismo e interventora en el consistorio santaluceño, debieron abstenerse de figurar en el expediente de contratación que tramitaban como responsables del control jurídico y económico, según establece la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.
La ley establece que si un funcionario tiene interés en un procedimiento, debe abstenerse
En su artículo 23.2.a, la norma establece que las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones deben abstenerse de intervenir en los procedimientos administrativos si existe un «interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado». No obstante, en esta fase final del procedimiento la interventora tiene la opción de retirarse y que sea otro funcionario quien fiscalice y firme las facturas entregadas por la empresa adjudicataria.
La misma legislación establece que el presidente del Consorcio de la TDT, Francisco García, pudo ordenarle su abstención, una situación que no se ha dado en este caso. «Los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas en el punto anterior podrán ordenarle que se abstengan de toda intervención en el expediente», señala el artículo 23.3 de la Ley 40/2015.
Las facturas todavía no han entrado en el Consorcio, pero los cálculos realizados por la interventora señalan que en torno al 40% del medio millón de euros se destinó a las actividades de lujo paralelas. «Se destinó el menor coste posible, yo creo que estuvo entre el 30 y el 40% para las actividades complementarias», señaló Naya la semana pasada. Es decir, como mínimo unos 200.000 de los 500.000 euros, de los cuales 100.000 corresponden al concierto ofrecido por Dani Martín. Tras la polémica generada por el empleo de dinero público en fiestas paralelas, de cara a una segunda edición, Naya quiere «bajar al máximo posible todo tipo de gastos» manteniendo la «misma garantía técnica».
Naya está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana por un presunto delito de prevaricación administrativa por ocupar hasta siete cargos públicos supuestamente cobrando en todos ellos el sueldo íntegro. La normativa establece que puede cobrar el salario completo en su plaza principal, en este caso la del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, y un 30% en los acumulados.
