Un «desprecio» a los canarios y al Parlamento regional, la institución que los representa en el Archipiélago. Los grupos de la oposición en la Cámara autonómica coinciden en calificar con esta palabra la ausencia de representantes del Estado en la comisión de estudio sobre la inmigración en Canarias y en la que se aborda la reconstrucción de La Palma. Mientras que en la primera se agendó hasta en dos ocasiones la comparecencia de la directora de general de Atención Humanitaria e Inclusión Social del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Miriam Benterrak, sin que finalmente acudiese, en la comisión que analiza los efectos de la erupción volcánica también rechazó participar Héctor Izquierdo, nombrado comisionado para la creconstrucción de la Isla Bonita por el Gobierno central.
Izquierdo alegó en un escrito remitido al Parlamento que desde 2019 existe un criterio por el que cual los representantes de la Administración central no comparecen en comisiones de los parlamentos autonómicos. El mismo argumento que abanderó el delegado del Gobierno, y también palmero, Anselmo Pestana para no acudir.
La ausencia de representantes del Ejecutivo central no ha sido una situación exclusiva de la Cámara canaria ni el rechazo es solo característico de los miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Otros parlamentos autonómicos se han encontrado con la misma respuesta también en el pasado. En 2015 –cuando gobernaba el Partido Popular bajo la batuta de Mariano Rajoy– el Ejecutivo central ya manejaba informes jurídicos que ratificaban que no es obligatoria la comparecencia de altos cargos del Estado en parlamentos autonómicos. Por lo que, descartada la obligatoriedad, no queda más que apelar a su voluntariedad. Y en el caso de las comisiones canarias todos los grupos con representación en el Parlamento, a excepción del Partido Socialista (PSOE), consideran que era pertinente la participación del Gobierno central en ellas debido a que ostenta parte de la competencia de los asuntos que eran objetivo de estudio.
A esa falta de obligatoriedad recurrió Nayra Alemán, portavoz del PSOE en el Parlamento canario, para justificar las ausencias. «El reglamento no obliga al Estado a que venga, los representantes del Gobierno hablan donde tienen que hablar, en el Congreso de los Diputados, no hay ningún tipo de oscurantismo», valoró.
El resto de las fuerzas políticas que sustentan el pacto de las flores no fueron tan consideradas con la actitud de los representantes del Estado. El portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, cree que es «un error» que hayan rechazado comparecer en la Cámara regional y lo atribuye a una «falta de sensibilidad», teniendo en cuenta que «no eran comisiones de investigación sino de estudio» en las que aseguró «el clima es muy bueno». Jesús Ramos Chinea, diputado de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), argumenta que la comparecencia de estos cargos «en ningún caso iba a suponer un ataque al Estado» sino que su objetivo era abordar el problema desde todas las perspectivas para elaborar un dictamen lo más exacto posible a la realidad.
El diputado de Sí Podemos Canarias, Francisco Déniz, excusa la ausencia de la directora general de Atención Humanitaria en la comisión de inmigración. «Hubo un problema de agenda al localizar muy tarde a la persona que debía comparecer», sostiene, pero está previsto que la comisión se cierre hoy sin que haya contado con la visión del Estado, la administración que tiene la mayoría de las competencias en materia migratoria. Y su ausencia se hace más notoria si se tiene en cuenta que sí compareció Etienne de Perier, representante de la Comisión Europea en España para Asuntos sobre Inmigración. En el caso de la comisión de La Palma, Déniz apunta que la respuesta dada por Izquierdo es «totalmente inapropiada» y apeló a su condición de canario. «Siendo palmero no tenía excusa ninguna y creo que su argumentación fue insulsa y siguió la inercia de otros cargos».
Para la oposición en el Parlamento regional, la negativa de acudir a los comisiones es «otro ejemplo más de que el Gobierno de España no tiene interés en que el Estado participe de verdad en Canarias», señala José Miguel Barragán, portavoz del grupo nacionalista. Un desprecio grave si se tiene en cuenta que en ambos temas «necesitan ser abordados de forma conjunta». María Australia Navarro, diputada del Partido Popular, cree que la no comparecencia del Estado es algo «que se debe solventar» ya que precisamente lo que se busca «es tener la opinión del responsable y del que tiene las competencias». De la misma opinión es Vidina Espino, diputada del Grupo Mixto, quien recuerda que ya recibió una negativa del delegado del Gobierno cuando solicitó que acudiese a la comisión de Derechos Sociales durante el episodio de hacinamiento de cientos de migrantes en el muelle de Arguineguín. En ese momento, como ahora, lo consideró «una falta de respeto a los canarios».
