El diagnóstico que hacen los representantes de los trabajadores de distintas entidades encargadas de menores tutelados en centros de protección es desalentador y muy preocupante: en los últimos años los perfiles de ingreso en estos hogares, especialmente desde la pandemia y principalmente en Gran Canaria, cada vez son de más niños y niñas con trastornos de conducta, con problemas de adicción y con medidas judiciales, los cuales requieren de una atención y unos recursos específicos de los que no disponen estos centros, se quejan los trabajadores. Esta situación repercute en el resto de menores acogidos que forman parte del grupo de convivencia, los cuáles se ven expuestos «a situaciones de alta conflictividad, sufriendo agresiones y situaciones de acoso», sin que exista un recurso adecuado para los jóvenes agresores que requieren, en muchas ocasiones, de un entorno psicoterapéutico adaptado a reconducir sus conductas, afirman.
Ante ello, el pasado 8 de noviembre le remitieron un escrito dirigido a Isabel Mena, consejera Política Social y Accesibilidad del Cabildo de Gran Canaria, Noemí Santana, titular de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias e Iratxe Serrano, directora general de Protección a la Infancia y la Familia, para que conozcan la realidad que se está viviendo en los hogares de protección y que busquen, con la máxima celeridad, soluciones. De hecho, marcaron un plazo de días para que les contestaran, pues en caso contrario buscarían otras alternativas para encontrar una solución.
Tanto Isabel Mena como Iratxe Serrano les han convocado para este lunes, ante el alcance de las situaciones que denuncian. Ambas reconocen que los perfiles de los menores han cambiado desde hace dos años coincidiendo con la pandemia. Mena coincide con la radiografía de estos centros que gestiona el Cabildo con entidades colaboradoras, siendo la tutela de estos menores de la Comunidad Autónoma. Serrano sostiene que van a escuchar las quejas pero indica que se están poniendo remedios. Expone que este escrito, firmado por representantes sindicales de los trabajadores de los hogares de protección de Mensajeros de la Paz, Diagrama y una «precandidata» a representante de los trabajadores de Coliseo, lo desconocían los directores de los centros.
Por tanto, han convocado tanto a los directores como a los representantes sindicales a la reunión de mañana lunes.
Los trabajadores sostienen que solo buscan el bien de los menores y ponen de manifiesto que esta situación se produce por la escasez o inexistencia de recursos específicos en Gran Canaria tales como: centros de cumplimiento de medidas judiciales en régimen semiabierto o cerrado, centros terapéuticos para menores con trastornos de conducta y centros para menores con problemas de drogadicción. Y también se da el caso de que los centros específicos que existen no tienen plazas para asumir a todos los menores que requieren de estos servicios, aseveran.
Según los representantes sindicales, son los hogares de protección de menores los que asumen la acogida de todos estos chicos los cuales deben ser atendidos por profesionales especializados que puedan tratar sus dificultades. E inciden en que los hogares de protección normalizados no cuentan con los recursos y herramientas necesarios para que estos menores sean atendidos y protegidos adecuadamente.
Alarmante estado de desprotección
Esta situación provoca «un alarmante estado de desprotección de estos menores», los cuales requieren una atención que no se les brinda, además de verse «en peligro su integridad física y mental», pues «muchos de ellos presentan fugas de los hogares de protección por no contar los centros con sistemas de contención» y llegan a estar «meses en situación de fuga en contextos de riesgo mayor».
Además, en los hogares de menores que están bajo tutela del Gobierno porque se les ha retirado la custodia a sus familias se están dando «situaciones de acoso o peleas» a causa de estos chicos con problemas o con trastornos mentales, que repercuten «seriamente sobre la salud mental de los menores convivientes en los hogares, produciéndose de forma casi diaria», cuentan.
También ponen de manifiesto que en la actualidad hay un incremento de prácticas sexuales de riesgo en la población adolescente y, por tanto, la vulnerabilidad de los menores del sistema de protección por ser víctimas de diversas violencias dentro de su historia de vida se acrecienta, porque pueden ser más influenciables y derivar en la explotación sexual. Todas estas situaciones provocan que los menores que llegan a los hogares de protección con una medida de desamparo y con riesgo de explotación sexual puedan repetir los roles de otros chicos con problemas de consumo o medidas judiciales, y, como consecuencia, terminen reproduciendo conductas que antes no tenían.
Consideran los representantes de los trabajadores que la situación es «insostenible» para los profesionales que asumen «agresiones, amenazas, clima de trabajo violento» y que se justifican desde la entidad pública con un: «esta es la realidad que hay».
