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El gasto en el congreso y fiesta de lujo en San Bartolomé, camino de la Fiscalía

CC dirigirá un escrito al Ministerio Público y el Tribunal de Cuentas para que investiguen si se ha cometido un delito de malversación de fondos públicos

El portavoz de CC en San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, ayer. | El Día

El contrato de la celebración del congreso de funcionarios celebrado en Playa del Inglés y las fiestas paralelas como actividades complementarias a este evento como cócteles, cena de gala, concierto de Dani Martín y hasta espectáculo de fuegos artificiales, va camino de la Fiscalía Anticorrupción y del Tribunal de Cuentas de Canarias. Coalición Canaria en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana dirigirá la próxima semana un escrito a estos dos organismos a fin de que se inicien las oportunas investigaciones y se determine si el procedimiento de tramitación del expediente del contrato, negociado sin publicidad y en 17 días; su adjudicación y formalización, en la misma jornada; y el uso del consorcio de la TDT como organismo para adjudicar ese contrato pueden ser constitutivos de delito. Así, pide responsabilidades políticas para la alcaldesa Conchi Narváez y, en su caso, también para el regidor de Santa Lucía, Francisco García. Sobre la interventora del Sur, Tania Naya, no se pronuncia.

Por izquierda, Alexis Moreno, Alejandro Marichal y Pino Santana, concejales de CC en San Bartolomé de Tirajana, al término de la rueda de prensa. LP/DLP

Así lo ha anunciado este viernes por la mañana Alejandro Marichal, portavoz de los nacionalistas en el municipio sureño, quien llevará al Ministerio Público el gasto de 500.000 euros que los ayuntamientos de San Bartolomé y Santa Lucía de Tirajana destinaron a la celebración del I Congreso de Administración Local y Funcionarios con Habilitación Nacional, al entender que se ha producido un "despilfarro" y un "desvío de dinero público para un uso totalmente indebido". Marichal ha considerado que todo el proceso ha sido "una obra de teatro" pues, tras adjudicarse el contrato el 14 de noviembre y arrancar el foro el 16, apenas 48 horas después, considera que "todo se ha organizado previamente y después han montado un traje a medida para dar apariencia de legalidad". "Estamos ante un supuesto caso de delincuencia de cuello blanco", agregó, al tiempo que sostuvo que "todo el trámite fue de manera patente ilegal". En las fiestas, aseguró, existía incluso "un maquillador y un peluquero para los asistentes que lo desearan, centros de mesas con orquídeas naturales, un photocall de flores naturales, un gasto sólo en fuegos artificiales, de unos 20.000 euros y de regalos para los asistentes a las fiestas y para sus acompañantes una cesta con productos de la tierra y enseres tecnológicos para cada asistentes".

En una rueda de prensa celebrada en la sede insular del partido en Las Palmas de Gran Canaria, Marichal sostuvo que su formación ha tomado esta decisión por la "crispación social" que ha generado la celebración de la fiesta y por la "falta de respuesta" de la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, a la que acusó de "saltarse a la torera" el Reglamento Orgánico Municipal, que reconoce el derecho de todos los concejales de acceder a los expedientes administrativos, un acceso que la regidora, denuncia el edil nacionalista, no le ha facilitado a pesar de haber registrado una petición expresa por escrito en el registro municipal.

"Para nada es creíble que se contraten varios artistas en menos de 48 horas, se alquilen coches, se reserven los billetes de avión y las habitaciones, se contrate la floristería, se contraten peluqueros, azafatas o el catering, materialmente es imposible"

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En su intervención, el nacionalista ha puesto en duda todo el procedimiento administrativo llevado a cabo para adjudicar y organizar este foro. Por un lado ha aludido a la falta de competencia del Consorcio de la TDT para adjudicar este contrato pues entre su objeto social no figura la organización de congresos "y mucho menos eventos lúdico-festivos"; además ha cuestionado si los alcaldes de Agüimes, Ingenio y Valsequillo, resto de municipios que forman parte del organismo, han intervenido en un "gasto grosero" o si, por contra, todo se hizo "a espaldas de los demás ayuntamientos". "Si así fuese, el procedimiento de contratación sería nulo", argumentó, "por qué no recurrieron a las áreas de contratación de los ayuntamientos?¿Será que sabían que por ahí no se podía tramitar un expediente así, a dedo?"

También calificó de "ilegal" todo el trámite administrativo. "Narváez aseguró que el procedimiento fue legal porque se publicó en el Diario Oficial de la Unión Euopea; sí es así, y el plazo de información pública finalizó el 14 de noviembre y una vez acabado debe transcurrir otro período para la formalización del contrato y otro para el acta de inicio, ¿cómo actuó tres días después Dani Martín? ¿Estaba esperando expectante con los brazos cruzados a que le llamaran del primer congreso de funcionarios para actuar ante 150 personas?", se cuestionó. El concierto del artista costó a las arcas públicas en torno a 100.000 euros, según reveló la propia interventora de San Bartolomé, Tania Naya, una de las impulsoras del congreso. "Desde el 14 de noviembre, cuando se abre el sobre [en la Mesa de Contratación] hasta el inicio del congreso transcurren 48 horas y 72 para el concierto" prosiguió Marichal, "es imposible formalizar el acuerdo y el acta de inicio en ese tiempo, pero si aún así fuese posible legalmente, para nada es creíble que se contraten varios artistas en menos de 48 horas, se alquilen coches de alta gama, se reserven los billetes de avión y las habitaciones de hotel, se alquile espacios, se contrate la floristería, se contraten peluqueros, azafatas o el catering, materialmente es imposible". De ahí que el edil calificase el procedimiento como "una obra de teatro" que estaba preparada previamente y que este sea un "supuesto caso de delincuencia de cuello blanco".

Alejandro Marichal. LP/DLP

Alejandro Marichal puso en duda las causas alegadas para tramitar el contrato por la vía de urgencia. "Primero lo intentan tramitar con carácter de urgencia pero no cumple los requisitos que establece la ley, que establece que debe existir una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso celebrar por razones de interés público, y es evidente que no hay necesidad inaplazable ni interés público en un congreso para funcionarios".

El concejal criticó la "opacidad" del Ayuntamiento pues todavía no le ha facilitado una copia del expediente del encargo al consorcio, la relación de facturas y la lista de invitados. Ha recordado que tampoco le dan acceso al expediente por el que se abonó más de medio millón de euros a "cierto personal del ayuntamiento en concepto de productividades".

"Lo peor de todo esto es que Narváez no solo no asume responsabilidades políticas, sino todo lo contrario, sigue negando que se hayan celebrado fiestas y que estamos ante un gasto indecente de dinero público, a pesar de que los colegios profesionales se han desmarcado del evento y que su fiel socio [en referencia a NC] también se haya desvinculado de este despropósito", añadió.

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