Los empresarios ven con cierta preocupación los presupuestos para 2023 elaborados por la Consejería de Hacienda. Y no tanto por lo que las cuentas puedan deparar el próximo año como por lo que podrían acarrear más allá de 2023. La patronal teme que el alto volumen de gasto público que el Ejecutivo prevé movilizar –el incremento respecto de los presupuestos de este año es de unos mil millones de euros– minimice el margen de actuación en los próximos ejercicios. No en vano, semejante gasto solo será posible en 2023 gracias a que la Unión Europea decidió mantener las reglas fiscales en suspenso un año más –se reactivarán en 2024, lo que condicionará los presupuestos que para entonces tendrá que elaborar el gobierno que salga de las urnas en mayo– y a que la Hacienda regional está recaudando más que nunca por una inflación desbocada y la negativa del Ejecutivo a rebajar el IGIC. Y eso sin contar los remanentes. De modo que estos ingresos digamos extraordinarios no se mantendrán más allá del año próximo, con lo que convendría que tampoco se mantuvieran los gastos que se sufragarán con ese extra. En otras palabras: convendría que «el gasto coyuntural no se convierta en estructural».
En ello ahondaron ayer tanto el presidente de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife), Pedro Alfonso, como su homólogo en la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega. Uno y otro se detuvieron en que la mayor parte de esos mil millones que el Ejecutivo podrá emplear en 2023 por motivos coyunturales –«excesos coyunturales» en palabras de Alfonso– se destina para pagar nóminas de funcionarios y para gasto corriente, es decir, para pagar los recibos de la luz y el agua de los edificios públicos, para la compra de suministros, para los alquileres de las oficinas... En definitiva, la mayor parte de esos mil millones de euros –al menos «la mitad», precisó Ortega– va para la propia Administración autonómica. Dicho de otro modo: es dinero que la Administración pública destina para sí misma, para su propio sostenimiento, o más bien es un incremento del dinero que la Administración gasta en sí misma. De ahí que la patronal avise que como el siguiente gobierno seguramente no dispondrá de los recursos con los que sí contará el próximo año el actual Ejecutivo, todo lo que sea consolidar ese gasto extra significará recortar su margen de acción. Y hay, a juicio del empresariado, un «riesgo alto» de que eso ocurra, agrega el presidente de la CCE.
Buena parte de los mil millones ‘extras’ va, según los empresarios, a gasto corriente y nóminas
Más inversiones
El máximo representante de la CEOE-Tenerife apuesta por que esos recursos extraordinarios que brinda la coyuntura se usen en su gran mayoría para inversiones. Se usen, por tanto, para contribuir al tejido productivo, cuyo total restablecimiento de la crisis de la covid aún no se ha producido. Ambos entienden que las partidas para inversión son mejorables, aunque aquí el problema no es tanto que se presupueste más o menos dinero para obra pública sino que lo que se presupueste efectivamente se gaste.
Vistos los históricos bajos porcentajes de ejecución de la inversión pública autonómica, Alfonso y Ortega piden una mayor eficacia en la gestión de esos recursos. Máxime cuando la Administración regional, añadió el dirigente de la CEOE, ya representa una cuarta parte del PIB del Archipiélago, un papel económico preponderante que la obliga a ser «más eficiente» y a contribuir en correspondencia con su dimensión. Algo que pasa por ejecutar las inversiones que el propio Gobierno promete ejecutar al elaborar los presupuestos.
