El contrato de la celebración del congreso de funcionarios celebrado en Playa del Inglés y las fiestas paralelas como actividades complementarias a este evento como cócteles, cena de gala, concierto de Dani Martín y hasta espectáculo de fuegos artificiales, va camino de la Fiscalía Anticorrupción y del Tribunal de Cuentas de Canarias. Coalición Canaria en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana dirigirá la próxima semana un escrito a estos dos organismos a fin de que se inicien las oportunas investigaciones y se determine si el procedimiento de tramitación del expediente del contrato, negociado sin publicidad y en 17 días; su adjudicación y formalización, en la misma jornada; y el uso del consorcio de la TDT como organismo para adjudicar ese contrato pueden ser constitutivos de delito.
Así lo ha anunciado este viernes por la mañana Alejandro Marichal, portavoz de los nacionalistas en el municipio sureño, quien llevará al Ministerio Público el gasto de 500.000 euros que los ayuntamientos de San Bartolomé y Santa Lucía de Tirajana destinaron a la celebración del I Congreso de Administración Local y Funcionarios con Habilitación Nacional, al entender que se ha producido un "despilfarro" y un "desvío de dinero público para un uso totalmente indebido". Marichal ha considerado que todo el proceso ha sido "una obra de teatro" pues, tras adjudicarse el contrato el 14 de noviembre y arrancar el foro el 16, apenas 48 horas después, considera que "todo se ha organizado previamente y después han montado un traje a medida para dar apariencia de legalidad". "Estamos ante un supuesto caso de delincuencia de cuello blanco", agregó.
En una rueda de prensa celebrada en la sede insular del partido en Las Palmas de Gran Canaria, Marichal sostuvo que su formación ha tomado esta decisión por la "crispación social" que ha generado la celebración de la fiesta y por la "falta de respuesta" de la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, a la que acusó de "saltarse a la torera" el Reglamento Orgánico Municipal, que reconoce el derecho de todos los concejales de acceder a los expedientes adminsitrativos, un acceso que la regidora, denuncia el edil nacionalista, no le ha facilitado a pesar de haber registrado una petición expresa por escrito en el registro municipal.
