El Sistema Integral de Control Horario (Sicho) de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma ya cuenta con una nueva empresa que se encarga de su mantenimiento desde esta semana para los próximos tres años, con opción a cinco en caso de prórroga. Tras más de un año desde que se inició el concurso, la Dirección General de Función Pública formalizó el contrato con la empresa adjudicataria del mismo, Ayesa Advanced Technologies SA, la pasada semana y el lunes comenzó la aplicación del mismo. Los recursos judiciales interpuestos por la anterior empresa, MHP Servicios de Control, no han impedido que el Ejecutivo haya seguido adelante con el procedimiento, que no solo está impugnado sino que se ha solicitado al juez una medida cautelar de suspensión del Sicho por parte de la Administración hasta que no se resuelva el litigio.
El sistema de control horario afecta a la jornada laboral, vacaciones, licencias y permisos de más de 30.000 empleados públicos ya que están afectados Administración General, Servicio Canario de Salud (SCS) y Justicia. La anterior adjudicación venció el 30 de septiembre de 2021 y en octubre se inició el procedimiento del nuevo concurso cuando ya sobre la mesa había un recurso contencioso-administrativo y una denuncia por la vía penal por vulneración de la propiedad intelectual al arrogarse el Gobierno la propiedad del Sicho, algo que niega la empresa MHP, que mantiene el pulso contra Función Pública con dos contenciosos en el TSJC y una nueva denuncia penal abierta en el Juzgado de Instrucción número 7 de la capital grancanaria.
Memoria justificativa
En la memoria justificativa elaborada por Función Pública para la contratación del servicio de mantenimiento del Sicho se recuerda que en 2009 se aprobó la aplicación informática Sicho como sistema auxiliar y complementario de Sirhus para la gestión de los procedimientos en materia de personal relacionados con vacaciones, permisos, licencias, jornada y horario de trabajo del personal al servicio de la Administración autonómica. En ese momento el Sicho se aplicaba de forma separada en Sanidad, Justicia y Administración General pero fue en 2015 cuando se unificó mediante un concurso público adjudicado a MHP. De esta forma se unió en un mismo contrato los tres anteriores y, según establece Función Pública, «una vez procedida a su integración en un único aplicativo de titularidad del Gobierno de Canarias, el objeto del actual contrato consiste en el mantenimiento del Sistema Integral de Control Horario de su propiedad para los tres colectivos».
Al concurso se presentaron cuatro empresas pero fue Ayesa Advanced Technologies la que quedó finalista, aunque se tuvo que requerir a la misma que justificara la bajada temeraria que presentó sobre la licitación inicial ya que el Gobierno aprobó de partida 3,4 millones de euros y la empresa presentó una oferta valorada en 2,2 millones de euros, lo que supone más de 25% menos del presupuesto de licitación, que en la legislación vigente es una oferta «anormalmente baja». La empresa tuvo que realizar un informe técnico con el análisis de los costes a instancias de Función Pública y finalmente los servicios técnicos y jurídicos le dieron el visto bueno, aprobándose definitivamente la propuesta de Ayesa por 2,4 millones de euros.
Ayesa es una multinacional española especializada en tecnología, ingeniería y consultoría. Tiene su sede central en Sevilla, donde nació en 1966 y tiene presencia en varias comunidades autónomas. En los últimos años se ha expandido por varios países del mundo teniendo presencia en 16 países de Europa, América, África y Asia. Ayesa es un proveedor global de servicios tecnológicos y de ingeniería, con más de 6.000 empleados. Esta compañía desarrolla e implementa soluciones digitales para empresas y administraciones públicas y aplica las últimas tecnologías al diseño y supervisión de infraestructuras. En el ejercicio 2021 facturó 322 millones de euros y obtuvo un beneficio bruto antes de impuestos de 30 millones.
El pasado mes de octubre el Juzgado reabrió la vía penal tras archivar la denuncia anterior y es la Fiscalía la que tiene que pronunciarse sobre la demanda de MHP por presunta falsedad documental.
