El Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria se ha inhibido en favor de la Fiscalía Europea en la investigación del caso mascarillas. La compra de un millón de tapabocas por un montante de cuatro millones de euros que nunca llegaron a los hospitales del Archipiélago pasa así a manos del Ministerio Público comunitario, que, además, revisará otras once contrataciones llevadas a cabo por la Comunidad Autónoma durante la pandemia con fondos Feder.
Así consta en un auto del juzgado fechado hoy mismo, y al que ha tenido acceso este diario, en el que se acuerda la avocación de las actuaciones en favor de la Fiscalía de Europa. La intervención del órgano comunitario se debe a que esos contratos que ahora pasará a revisar se sufragarón con fondos europeos del Feder.
El juzgado solo ha difundido el resultado de su decisión, pero no los razonamientos del auto, ya que el caso se instruye bajo secreto de sumario desde el pasado 30 de octubre.
En su última resolución pública, precisamente de esa fecha, el juez anunciaba que la declaración de uno los principales inculpados, el empresario Rayco Rubén González, había "propiciado un giro radical" a lo instruido hasta ese momento y apuntaba que la causa podía extenderse a más contratos cerrados por la sanidad pública.
En este caso, se investigan las circunstancias en las que el Servicio Canario de Salud (SCS) encargó en las semanas iniciales de la pandemia de covid-19 la importación de una partida de un millón de mascarillas FFP-3 a una sociedad sin experiencia alguna en el sector, RR7, que cobró por adelantado cuatro millones de euros pero no llegó a entregar nunca el material, ni en ese momento, ni en 2021, cuando le dieron una segunda oportunidad.
Por estos hechos, el empresario Rayco Rubén González, administrador de RR7, está imputado en delitos de estafa agravada y blanqueo de capitales y el director del SCS en aquellas fechas, Conrado Domínguez, en prevaricación y tráfico de influencias.
Domínguez presentó su renuncia al cargo hace unas semanas, tras conocerse las implicaciones de la declaración de Rayco Rubén González y que, a raíz de ellas, el juez del caso ampliaba la investigación a un quinto delito: malversación de fondos públicos.
La Fiscalía Europea ha demandado instruir el caso porque sospecha que en ese contrato y, quizás también en otros, el Gobierno de Canarias pagó el material comprado con fondos europeos, lo que habilita su competencia, recuerda Efe.
