La defensa del exdirector del Servicio Canario de la Salud (SCS) Conrado Domínguez ha solicitado la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha en el marco del denominado 'caso Mascarillas' este lunes, tras conocerse que el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria se inhibía de la causa en favor de la Fiscalía Europea.

En un escrito remitido al juzgado, y al que ha tenido acceso este periódico, ha explicado que el juez Francisco Javier García García-Sotoca sabía desde el principio de la instrucción, que comenzó en julio de 2022, que se estaban viendo afectados fondos europeos. Ello significaría que, aun sabiendo que no era competente en la materia, siguió dirigiendo esta fase de investigación en lugar de darle traslado al órgano judicial que verdaderamente tenía esas competencias.

Y es que la posible presencia de fondos europeos en esta transacción -la compra de un millón de mascarillas que nunca llegaron a los hospitales por cuatro millones de euros- fue el motivo por el cual la Fiscalía Europea reclamó para sí la investigación de la causa el 9 de noviembre, en la resolución 49/2022, que dio traslado al juzgado de instrucción capitalino, que en la mañana de este lunes emitía el auto de avocación del caso en favor del organismo comunitario.

Según la defensa de Conrado Domínguez, el juzgado "ha estado investigando una serie de presuntos hechos delictivos que, desde un principio, desde la denuncia formulada en Fiscalía que dio lugar a las preprocesales tramitadas por ésta y a la querella, se sabía que afectaban o perjudicaban a las finanzas o patrimonio de la Unión Europea". De esta manera, se está vulnerando la legislación española que dio lugar a la cooperación judicial con el Ministerio público comunitario.

Abstenerse de tomar decisiones

Según apunta en su escrito de nulidad, "cuando el Ministerio Fiscal o un órgano judicial hayan iniciado una investigación por hechos cuya competencia podría ser ejercida por los fiscales europeos delegados, lo pondrán en conocimiento de estos a los efectos de permitir el ejercicio del derecho de avocación en los términos previstos en el artículo 27 del Reglamento y deberán abstenerse de tomar decisiones que puedan impedirlo, sin perjuicio de adoptar aquellas urgentes dirigidas a asegurar la investigación y el ejercicio de la acción penal”.

Es decir, que el juez no cumplió con lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/2021 por la que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea. Y, por ello, la defensa de Domínguez interesa la nulidad de todos los actos judiciales que se han practicado hasta la fecha y que el procedimiento continúe el curso legal que le corresponda en virtud a esta normativa.

En la última resolución pública del juez García García-Sotoca, de 30 de octubre de 2022, anunciaba que la declaración de uno los principales inculpados, el empresario Rayco Rubén González, había "propiciado un giro radical" a lo instruido hasta ese momento y apuntaba que la causa podía extenderse a más contratos cerrados por la sanidad pública. Ese mismo día decidía decretar el secreto de las actuaciones.

El abogado Rachid Mohamed Hammu y el administrador de RR7, Rayco Rubén Gonzalez, a la salida del juzgado Quique Curbelo / Efe

En el 'caso Mascarillas', se investigan las circunstancias en las que el SCS encargó en las semanas iniciales de la pandemia de Covid-19 la importación de una partida de un millón de cubrebocas de clase FFP-3 a una sociedad sin experiencia alguna en el sector, RR7, que cobró por adelantado cuatro millones de euros pero que nunca llegó a completar el encargo, tampoco en un momento posterior, en 2021, en el que se le dio una segunda oportunidad desde el departamento autonómico.

Por estos hechos, el empresario Rayco Rubén González, administrador de RR7, está imputado en delitos de estafa agravada y blanqueo de capitales y quien fuera director del SCS en aquellas fechas, Conrado Domínguez, en prevaricación y tráfico de influencias.

Dimisión de Domínguez

Este caso provocó la dimisión de Conrado Domínguez, quien renunció a su cargo el pasado 3 de noviembre, después de que se conocieran las implicaciones de la declaración de Rayco Rubén González y que, a raíz de ellas, el juez del caso ampliaba la investigación a un quinto delito: malversación de fondos públicos. Lo hacía, según su escrito de renuncia, para poder centrarse en su defensa sin perjudicar al SCS.