El Consejo de Ministros autorizó el martes el pago a Canarias por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de los 407,4 millones pendientes de la deuda estatal sobre el anterior convenio de carreteras que se materializará en los dos últimos años del convenio actualmente en vigor firmado entre ambas administraciones en diciembre de 2018. Esta es la cantidad contemplada para incluir en la adenda que Canarias y el Estado tienen pendiente de firmar desde entonces y que, una vez autorizado el pago por el Ministerio de Hacienda y convalidado por el Consejo de Ministros, ambas partes deberán concretar en las próximas semanas. El resto de la deuda en carreteras hasta completar los 1.000 millones que establecieron las sentencias del Tribunal Supremo se va pagando en las anualidades de los sucesivos presupuestos estatales de los últimos años, 100 millones que ya se incluyeron en los del ejercicio pasado, 200 millones en los de 2022 ahora en vigor, y otros 200 millones programados en las cuentas estatales del próximo año que ahora se tramitan en el Congreso.
Con la autorización del Consejo de Ministros se pone fin al largo litigio entre el Estado y Canarias sobre la deuda en esta materia, sobre la que, pese a los acuerdos alcanzados por el actual Gobierno regional con el Ministerio de Transportes para su resolución desde hace dos años, se ha ido retrasando por el bloqueo que persistía por parte del Ministerio de Hacienda para autorizar la ampliación de la ficha financiera del nuevo convenio. También se resistía el departamento que dirige la ministra María Jesús Montero a permitir que todos los fondos que el Estado fuera pagando a la comunidad autónoma pudieran ser destinados a gasto corriente, obligando a contabilizar parte de ellos como superávit que tendría que destinarse al pago de la deuda financiera autonómica.
Canarias reclamó en todo momento que, dado que fue la propia Comunidad Autónoma la que tuvo que hacer frente con sus recursos a las obras del anterior convenio que el Estado se negó a cubrir entre los años 2012 y 2017, una vez recuperados esos fondos estatales podrían destinarse a gasto corriente de la propia administración regional, tanto a nuevas inversiones como a financiar los servicios públicos esenciales como sanidad, educación y servicios sociales. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, logró desbloquear esta situación el pasado mes de septiembre tras sendas entrevistas con la ministra Montero y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, con quienes pactó que Canarias tendría vía libre para gastar a su criterio los 238 millones que el Estado consideraba que había que contabilizar como superávit.
Franquis: “Este no ha sido un logro fácil, pero hemos puesto en valor la política y la negociación para resolver problemas a los ciudadanos y no crearlos”
En realidad, lo aprobado el martes es una modificación de los límites y el número de anualidades para adquirir compromiso de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria, pero con el objetivo explícito de «posibilitar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la firma de una adenda al convenio suscrito el 22 de diciembre de 2018 con el Gobierno de Canarias en materia de carreteras», según expone una nota de La Moncloa.
Vía libre a la firma
El nuevo convenio recogía inicialmente una inversión total de 1.200 millones de euros para la ejecución de obras y la financiación de expropiaciones, durante el período 2018-2025. Sin embargo, el 18 de diciembre de 2019 se suscribió una adenda al convenio para adaptar las anualidades al ritmo real de las obras, estableciendo una nueva distribución de anualidades, ampliando en dos años la ejecución del convenio y elevando en la cantidad antes mencionada la inversión total. Así, la Comisión Mixta de Programación, Seguimiento y Control del Convenio acordó el pasado 4 de octubre la tramitación de una nueva Adenda al convenio vigente, que tiene por objeto redistribuir nuevamente las anualidades, incrementar el presupuesto del convenio para asumir el déficit de financiación derivado del convenio con el Gobierno de Canarias en materia de carreteras, y modificar el anexo de las actuaciones objeto de financiación. Los compromisos previstos para los ejercicios 2023 a 2027 superan los límites y anualidades autorizados en la Ley General Presupuestaria por lo que se requiere autorización del Consejo de Ministros.
El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, destaca que con este paso «se garantiza la liquidación de la deuda que mantiene el Estado con Canarias desde hace una década por los recortes a los que fue sometido el anterior convenio durante los gobiernos que presidió el Partido Popular» . «Es una magnífica noticia porque prácticamente se cierra de forma definitiva el conflicto y porque se cumplen los plazos que había previsto el Gobierno canario», aseguró Franquis. Según explica, tras la autorización del gasto plurianual aprobada, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tiene ahora vía libre para tramitar la adenda acordada y proceder a su firma.
«Este no ha sido un logro fácil, pero hemos puesto en valor la política y la negociación para resolver problemas a los ciudadanos y no crearlos”, afirma Franquis. «Nosotros, al llegar al Gobierno, entendimos que la deuda por las obras que no estaban certificadas era mejor negociarla, porque no teníamos garantías de que se pudiera ganar en los tribunales. Así lo hicimos, negociando y dialogando, y estamos a punto de firmar una adenda que soluciona toda la deuda», añade el consejero. Insiste en que se ha logrado agilizar la tramitación de la adenda tras la reunión mantenida en septiembre con la ministra de Hacienda y tras el acuerdo alcanzado en la Comisión Mixta entre ambos gobiernos celebrada en octubre.
