«No es no», le dijo en su día Pedro Sánchez a Mariano Rajoy en una frase que acabó por popularizarse. Y lo mismo, aunque con otras palabras, es lo que contesta el Gobierno central cuando se le pregunta por la posibilidad de que Canarias participe en la gestión de sus aeropuertos: no es no. Como ha sucedido con anteriores Ejecutivos en Madrid, también el Gabinete de Sánchez da así un portazo a la Comunidad Autónoma en un asunto que había vuelto al primer plano después de que el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno regional, Sebastián Franquis, avisara el pasado martes al Ejecutivo estatal durante el pleno del Parlamento que Canarias no va a cejar en la reclamación: «Seguiremos defendiendo ante el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que Canarias participe en la gestión de los aeropuertos». Algo que, sin embargo, «no es factible en la actualidad».
Así lo asegura el Gobierno de Sánchez en respuesta a una pregunta al respecto de la diputada del grupo mixto María Fernández Pérez, de Coalición Canaria (CC). La diputada por la provincia de Las Palmas, que sustituyó en el escaño a Pedro Quevedo el pasado julio en virtud del acuerdo con que CC y Nueva Canarias se presentaron en comandita a las últimas elecciones generales, había preguntado al Ejecutivo central si los Gobiernos de los territorios extrapeninsulares –también los de Baleares, Ceuta y Melilla– habían solicitado «formalmente» la participación en los órganos de decisión de Aena –la entidad semipública que se encarga de la gestión de la red de aeropuertos nacional– y la cogestión de los aeródromos. Sobre lo primero, la respuesta del Ministerio se limita a recordar el procedimiento para la designación de los miembros del consejo de administración de Aena, que «no obedece a criterios arbitrarios, sino que cumple con lo establecido en la Ley de sociedades de capital, los estatutos de la sociedad y el reglamento del consejo de administración, así como con la política aprobada en esta materia». En cuanto a la gestión compartida o cogestión de las infraestructuras del Archipiélago –los aeródromos de Tenerife Sur y de Gran Canaria están entre los más rentables de toda la red–, el Ministerio dirigido por Raquel Sánchez Jiménez explica que esta competencia está reservada por ley a Aena, toda vez que los aeropuertos de la Comunidad Autónoma son de interés general para el país. Además, el Gobierno central insiste en que una eventual cesión de la gestión en favor de Canarias no es factible «dada la composición accionarial de la compañía y el modelo de empresa elegido». «Aena es una sociedad mercantil estatal cotizada, cuyo capital social pertenece un 51% al Estado y un 49% a accionistas privados», recuerda el Ministerio.
Así pues, el portazo del Ejecutivo de Sánchez –el enésimo que recibe la región de los sucesivos Gobiernos en Madrid por este asunto– se fundamenta en lo que ya había avanzado el consejero Sebastián Franquis en la última sesión de control al Ejecutivo autonómico en el Parlamento isleño. El responsable de las áreas de Obras Públicas, Transportes y Vivienda expuso en respuesta a una pregunta del diputado de CC Narvay Quintero que ese carácter semipúblico de Aena –privatizada en 2015 aun cuando fuera de forma parcial– «dificulta» la eventual entrada de Canarias en el consejo de administración.
En el Parlamento, el consejero también reconoció que la fórmula de los comités de coordinación aeroportuaria no convence al Gobierno de la región. «No es el instrumento adecuado para garantizar la participación en la planificación y programación y gestión de los aeropuertos canarios», dijo. Una fórmula que, en cambio, el Ejecutivo estatal defiende en su respuesta a la congresista de CC, que es el partido que con más insistencia viene exigiendo, desde hace ya décadas, la cogestión de los aeródromos. «La gestión en red no significa que no se cuente con la participación de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales», abunda el Ministerio, que agrega que esos comités de coordinación dan «cauce» a su participación. En definitiva, los Gobiernos nacional y canario discrepan abiertamente sobre la utilidad de esos comités en funcionamiento desde 2018.
Hay que recordar que la reclamación de la cogestión de los aeropuertos está relacionada con la insuficiente inversión destinada para estas infraestructuras pese a su demostrada rentabilidad. Al menos a juicio de CC. Narvay Quintero fue claro en el Parlamento: «Si no formamos parte de manera institucional del consejo de administración de Aena, las instalaciones de las Islas seguirán con el grado de abandono que padecen hoy en día».
