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El Gobierno mantiene a raya las enmiendas de CC al presupuesto en plena negociación

La propuesta de aprobación de las cuentas

no incluye las enmiendas que se discuten

Ana Oramas habla con el ministro Félix Bolaños en el Congreso. | | EFE/ CHEMA MOYA

Todo sigue en el aire sobre las negociaciones entre el Gobierno central y CC para el posible apoyo nacionalista a los presupuestos estatales de 2023 que se tramitan en el Congreso. Ambas partes siguen negociando las nueve enmiendas presentadas por los nacionalistas sometidas al escrutinio del Ministerio de Hacienda, al margen de las otras 157 registradas, sin que hasta el momento haya un acuerdo ni que se está cerca de él, según reconocen tanto desde CC como desde el PSOE, aunque no lo descartan para antes de la votación final en el pleno del Congreso dentro de dos semanas.

De momento, el proceso ofrece una de cal y otra de arena sobre las pretensiones nacionalistas de lograr un acuerdo que conllevaría un incremento de las partidas canarias de 275 millones como contrapartida a su apoyo final a las cuentas después de las abstención de sus dos diputadas, Ana Oramas y María Fernández, en el debate de las enmiendas de totalidad el pasado 27 de octubre. El Gobierno central ha tenido el significativo gesto de no vetar ninguna de las 170 enmiendas parciales nacionalistas, frente al que sí practicó en los presupuestos de 2022 ahora en vigor, pero eso no ha evitado que ayer el PSOE y Unidas Podemos, junto a otros grupos con los que negocia las nuevas cuentas, rechazaran en ponencia las que CC ha puesto sobre la mesa para tratar de alcanzar un acuerdo. El hecho de que el Ejecutivo haya aceptado la tramitación de todas las enmiendas de CC es valorado por esta formación como una demostración de que la negociación va en serio, ya que el año pasado sí le vetó 57 de las presentadas, muchas de ellas totalmente idénticas a las actuales. Este año, el Ejecutivo ha vetado casi mil enmiendas parciales de las más de 4.000 presentadas por el conjunto de los grupos parlamentarios.

En todo caso, la negociación «sigue su marcha» con la idea de que el acuerdo pudiera llegar durante la tramitación del proyecto presupuestario en comisión la próxima semana, en la que el voto de Oramas como representante del grupo Mixto podría ser determinante para la aprobación de algunos elementos del presupuesto, aunque también podría producirse en el pleno en que se someten a votación cada uno de las secciones presupuestarias, donde el Ejecutivo necesitaría más votos a favor que en contra en cada una de ellas ya que el rechazo de una sola supondría la caída automática del proyecto de ley.

CC no solo resta importancia al hecho de que ninguna de sus nueve enmiendas a estudio por parte de Hacienda se hayan rechazada en ponencia, sino que, de facto, prefieren que cualquier posible acuerdo se alcance a posteriori y de manera global sobre todas sus demandas. Paralelamente, los nacionalistas preparan una estrategia de respuesta política para el caso de que el Gobierno acabe por menospreciar su apoyo a las cuentas si tiene garantizada su aprobación con el resto de socios parlamentarios, y consideran que eso les ayudaría de cara a la próxima campaña electoral para las autonómicas, locales e insulares de mayo de 2023. Con todo, apuestan por un acuerdo que suponga una mejora de algunos aspectos de la ficha canaria en las cuentas y, sobre todo, en medidas para paliar en las Islas los efectos de la crisis energética y la subida de la inflación, logros que también podrían rentabilizar electoralmente.

Acuerdo global

Los negociadores de CC han planteado una negociación de conjunto sobre las mencionadas nueve enmiendas con tres objetivos concretos: un fondo de 800 millones en cuatro años (200 por ejercicio) para la reconstrucción de La Palma por los efectos del volcán y una bonificación fiscal del 60 % en el IRPF para los residentes en esa isla, gratuidad de los bonos para los viajeros de las guaguas, incremento de las ayudas al transporte del plátano, y compensación del coste efectivo del transporte de mercancías. Tanto desde el PSOE como desde CC señalan que las negociaciones continúan sin concretar en qué cuestiones hay avances y en cuáles las posiciones están bloqueadas. Desde la formación que lidera Fernando Clavijo se mantiene la buena sensación que dejó la reunión del 19 de octubre con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, pero reconocen un cierto estancamiento de la situación. En todo caso, ven como dato positivo y esperanzador la respuesta de la ministra de Hacienda, María Jesus Montero, durante el debate de totalidad de los presupuestos, en la que ésta mencionó algunas de las reclamaciones nacionalistas que está dispuesta a aceptar.

En concreto, Montero aseguró que aunque el Gobierno había «procurado preservar el REF», hay predisposición a «analizar» las partidas a las que «les pudiera faltar dotación». Aseguró «conocer» las partidas que la formación canaria ha planteado «para mejorar la situación de Canarias en los presupuestos», y mencionó dos ejemplos sobre los que parece que el Ministerio está dispuesto a ceder: las que tienen que ver con la fiscalidad en La Palma, y con la gratuidad del transporte terrestre. «Aún sabiendo que, desde mi punto de vista, son unos presupuestos buenos para Canarias y que hemos hecho un esfuerzo para mejorar la vida de los ciudadanos de La Palma para que no se sintieran abandonados, estamos dispuestos a dialogar sobre todas esas cuestiones», aseguró la ministra antes de insistir en su convicción de que «vamos a encontrar puntos de encuentros para que ustedes puedan justificar el apoyo a estos presupuestos».

Sin embargo, en CC consideran que el reciente anuncio del Gobierno de bonificar un 20 por ciento el IRPF en la actividad económica en La Palma «no tiene nada que ver» con su demanda de exonerar en un 60 % de ese impuesto a todos los contribuyentes residentes en la isla, y recelan de que se justifique un rechazo a esta reclamación con una medida que se queda muy lejos de las necesidades de la situación económica de ese territorio. La formación canaria también tiene presente que el año pasado, en las cuentas ahora en vigor, ya se pactó con el PSOE un plan de reconstrucción para La Palma previo aval de La Moncloa y de Hacienda, que, según Oramas, se vetó desde Canarias supuestamente por indicación del Gobierno regional.

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