El Gobierno defiende que de los 106 contratos analizados por la Audiencia de Cuentas en el «borrador» de informe sobre la gestión de la pandemia hay «observaciones» del órgano fiscalizador en unos 30, por lo que «se puede concluir que en el 70% de lo examinado no se han encontrado irregularidades», sostuvo ayer el portavoz del Ejecutivo regional, Julio Pérez. «Tres de cada diez contratos están bien y de los 30 donde hay supuestas irregularidades solo en uno hay abierta una investigación judicial por un indicio de delito y el Gobierno está personado con un abogado para recuperar los cuatro millones de euros del erario público», añadió. Pérez cuestionó las conclusiones que se están sacando: «¿Por qué suponemos que la Administración lo ha hecho mal cuando en una muestra de 106 contratos la mayoría están bien y solo uno puede ser delictivo?».
El portavoz del Gobierno rechazó que se pueda dar por definitivo un informe que ni siquiera ha sido aprobado por la Audiencia y lo tildó de «papeles de trabajo» o «borrador» sobre un asunto que afecta a todas las administraciones del país: «Hicimos centenares de contratos por el procedimiento de emergencia durante una pandemia de la que no había precedentes, nunca había durado tanto tiempo un periodo de contratación pública por la vía de emergencia, tendremos que aprender de lo que digan la Audiencia, la Intervención y la Justicia», añadió.
El también consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad recordó que en los meses más duros de la pandemia se vivieron «situaciones límite» y las administraciones públicas tuvieron cobertura legal para ahorrarse muchos trámites de control para la compra de material sanitario, aunque eso no significa que «pudiésemos hacer lo que nos daba la gana». Lamentó que se haya producido una «herida» en los fondos de la Comunidad Autónoma por la pérdida de más de cuatro millones de euros e insistió en que se están poniendo todos los medios para recuperarlos.
En relación con la remisión del análisis de la Audiencia de Cuentas al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía, Pérez matizó que las posibles «responsabilidades contables» las tiene que dirimir el Tribunal de Cuentas por ley porque excede de las competencias del órgano fiscalizador canario, pero eso no significa que haya esas responsabilidades hasta que no sean definitivos los informes que elaboren ambos órganos fiscalizadores de las cuentas públicas.
Según Pérez, es obligación de la Audiencia que si durante el transcurso de una fiscalización se observan indicios de responsabilidad contable hay que enviarlos al Tribunal de Cuentas porque es su competencia por ley. «No es posible tampoco concluir que en el expediente que se está analizando hay esta responsabilidad porque si se pueden recuperar los cuatro millones de euros no habrá tal responsabilidad».
El portavoz del Ejecutivo mantiene que el Gobierno ya ha asumido responsabilidades políticas con el cese del director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, como consecuencia de la investigación judicial y las revelaciones que se han sabido durante la instrucción, ahora bajo secreto de sumario, por lo que Pérez reclamó que se respete el procedimiento hasta tanto el juez mantenga las investigaciones. Por ello tampoco ve necesaria la petición de una comisión de investigación parlamentaria solicitada ayer por los grupos de la oposición CC y PP. Para el portavoz del Ejecutivo «una vez que la responsabilidad política la ha asumido el director del Servicio Canario de Salud con su cese poco puede hacer una investigación del Parlamento, es el juez el que tiene ahora las competencias para solicitar información y continuar con la instrucción judicial», añadió Julio Pérez.
