El proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2023 incluye la bonificación del cien por cien de las tasas de dirección e inspección de obras en los proyectos públicos. De ese modo, el Gobierno canario pretende paliar el impacto que la inflación está teniendo en el sector de la construcción. Así se lo comunicó ayer el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, al presidente de la patronal tinerfeña de la construcción (Fepeco), Óscar Izquierdo.
El consejero definió la iniciativa como «una medida más» para incentivar a uno de los principales sectores del tejido productivo canario cuando el contexto económico erosiona la capacidad de las empresas para asumir determinados proyectos por los altos precios de los materiales.
Este mismo año ya se decidió revisar los precios de los contratos firmados por las administraciones públicas con las constructoras para adaptarlos «al coste real de los materiales de obra», indicó Franquis. Con el rápido y acentuado incremento del valor de las materias primas, ocurría que empresas que concurrieron a licitaciones de obras públicas, incurrían en pérdidas, ya que en el momento de fallarse la convocatoria los precios eran más bajos.
Pero hay más. Se llegaron a multiplicar exponencialmente, y no solo en el Archipiélago, los procesos de licitación de obra pública que quedaban desiertos. Los precios de partida desincentivaban al sector privado, que huía de las convocatorias para no asumir pérdidas. Un hecho especialmente en un momento en que la construcción está llamada a ser una de las grandes generadoras de empleo como actor necesario para llevar a buen puerto infraestructuras financiadas con los fondos públicos que la Unión Europea (UE) ha destinado a la reconstrucción de las economías de los países que en mayor medida se han visto afectados por la pandemia.
A la inflación, el consejero añadió la «ralentización del ritmo de crecimiento» para conformar el cóctel que conduce a la construcción a verse afectada «de manera muy negativa». Precisamente esa es la base que explica las decisiones tomadas y que se sustancian en «medidas concretas». Por su parte, Óscar Izquierdo agradeció «el respaldo» del Ejecutivo canario al sector «para hacer más llevaderas las consecuencias de la inflación en el mundo de las obras, algo que nos está afectando mucho», explicó.
Por otro lado, el vicepresidente y consejero canario de Hacienda, Román Rodríguez (NC), acudió al Parlamento para defender las cuentas para el próximo ejercicio. Las definió como las de un gobierno «unido» que tiene «diferencias», frente a una oposición «electoralista». En torno a esto último, censuró la falta de propuestas y los «chascarrillos» de unos partidos «desnortados».
Rodríguez cargó contra el «oportunismo de última hora» de la oposición e incidió en que los presupuestos cuentan con el aval de la AiREF (Autoridad Independiente de Responsablidad Fiscal) para un 2023 «complicado» en el que continuarán notándose los efectos de la invasión de Ucrania y el «impacto» en el mercado de las materias primas y los precios.
Los grupos de oposición se han mostrado contrarios al proyecto presupuestario entregado el lunes por el Ejecutivo en el Parlamento autonómico. De entre ellos, el portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, afirmó que el cuatripartito «está en campaña electoral» y usa las cuentas «como propaganda política». En su opinión, la «prioridad» en 2023 debe ser dar más ayudas a empresas y familias con rebajas fiscales, mientras que el Gobierno «ha preferido engordar» el aparato de la Administración regional. Si bien valoró el «cambio de opinión» para abaratar el tramo autonómico del IRPF, ve «un error» que no se rebaje el IGIC que pagan todos los ciudadanos cada que pagan por cualquier producto adquirido.
También le tocó el turno de pasar con sus cuentas por sede parlamentaria a la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana. Para ella, el presupuesto para 2023 certifica la apuesta decidida del Gobierno canario por los derechos sociales, que, señaló, han pasado del segundo plano en el que han estado durante más de veinte años a ser una prioridad absoluta.
Según la consejera, se cumplirá de manera «sobrada» lo previsto en la ley de servicios sociales. Al respecto, enfatizó haber conseguido doblar el número de personas que reciben la Prestación Canaria de Inserción (PCI), así como el dinero que reciben los ayuntamientos para servicios sociales. Además, habrá más dinero contra la violencia machista. En cuanto a la emergencia migratoria, detalló que hay más de 5.000 menores tutelados, y se ha gestionado y ejecutado más dinero que en legislaturas anteriores.
Por su parte, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, fue el último del día en pasar por comisión parlamentaria con el detalle de los 406 millones de euros que tiene su departamento. «Tenemos más dinero, lo que conlleva más desafíos para cumplir con las demandas de la ciudadanía ante los servicios», señaló el también portavoz.
