El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, está a la espera de recibir las preguntas del juez del llamado caso mascarillas para aclarar la actuación del Ejecutivo regional. El magistrado Francisco Javier García García-Sotoca, titular del Juzgado de Instrucción 7 de Las Palmas de Gran Canaria, hará llegar el cuestionario que aglutina las cuestiones que las distintas partes personadas en la causa quieren que el jefe del Ejecutivo regional clarifique. Torres declarará como testigo, con lo que está obligado a decir la verdad y podría salir imputado tras su exposición. Además, testificará por escrito, tal y como le permite la Ley de Enjuiciamiento Criminal por su cargo. La investigación judicial se centra en esclarecer una presunta estafa de cuatro millones de euros al Gobierno de Canarias por la compra de un millón de mascarillas N95 modelo 1860 de 3M, a través de la empresa RR7 United SL, que nunca llegaron a los hospitales canarios. La Fiscalía Anticorrupción decidió citar a Torres por haber sido presidente del Comité de Emergencia, que tomaba las decisiones sanitarias durante el estado de alarma.
Torres reiteró ayer, en declaraciones a los medios de comunicación, que en el Ejecutivo está «está personado» en la causa como perjudicado, porque «la voluntad es que se esclarezca todo y recuperar hasta el último euro» de los cuatro millones. «Estamos en disposición de recuperar hasta el último de los euros. Queremos que se aclaren todos los supuestos», destacó. Según aclararon desde Presidencia cuando se conoció la citación, Torres podrá informar al juez y a los representantes de las acusaciones y defensas sobre las funciones, los miembros y el contenido de las reuniones del Comité de Gestión de la Crisis Sanitaria, pero no sobre la tramitación de las facturas, ya que esa tarea no se contemplaba entre las competencias del equipo, que eran principalmente determinar las restricciones que correspondían a cada nivel de alerta sanitaria para atajar la pandemia de la covid-19.
Estafa, blanqueo, prevaricación y tráfico de influencias
El domingo pasado y a raíz de la declaración del administrador único de la compañía RR7, Rayco Rubén González –imputado por presunta estafa agravada y blanqueo de capitales–, el juez instructor decretó secreto de sumario por un periodo de un mes, con el objetivo de cortar el flujo de filtraciones que se ha producido desde que comenzaron las investigaciones. El auto judicial advierte que la investigación se podría extender a más personas y abrió la puerta a la práctica de nuevas diligencias. Según señala el magistrado, el testimonio del empresario aportó «fuentes de la prueba de cuyo análisis pueden surgir numerosas derivadas, respecto a los hechos y nuevos contratos».
El fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, en su querella imputa al director del SCS, Conrado Domínguez, los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, y a la exdirectora general de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez Afonso, presunta prevaricación administrativa. Ambos declararon a finales de septiembre y respondieron a todas las preguntas formuladas por el magistrado, mientras que González se acogió inicialmente a su derecho de no declarar hasta que, la semana pasada, tras un cambio de parecer en la estrategia de la defensa decidió testificar.
Domínguez sostuvo ante el juez que «siempre» actuó «bajo la legislación vigente en cada momento». Durante el estado de alarma, el marco jurídico estatal se flexibilizó para poder tramitar contratos de emergencia. Así, el artículo 120 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, y el artículo 16 del Real Decreto–Ley 7/2020, contemplaron una significativa relajación de los requisitos. A su salida del juzgado, el director del SCS explicó a los medios de comunicación que Gobierno de Canarias «es el estafado y tiene que recuperar los recursos», un objetivo en el que trabaja la Agencia Tributaria Canaria «con todos sus medios».
El abogado de González, Rachid Mohamed Hammu, a la salida del juzgado minimizó la participación de su defendido en la trama y aseguró que confía en que se archiven las acusaciones porque es «una mínima parte del caso». El letrado aseguró que pedirán que comparezcan otras personas y aseguró que le queda «muchísima documentación por presentar». Según Hammu, todo lo que se recoge en la querella «es justificable», por lo que su cliente «está muy tranquilo» tras haber analizado la documentación y la cronología de los hechos. «No tiene nada de lo que preocuparse», expresó el letrado. «El contrato llega a través de unos intermediarios, que le ofrecen la posibilidad de suministrar las mascarillas al SCS y son esas personas las que se acercan a Rayco. Él no tiene contacto directo con el SCS, si no es a través de unas personas, en este caso Samuel Machín», afirmó el abogado de González.
El presidente canario afirma que el objetivo es recuperar «hasta el último de los euros»
El caso mascarillas investiga la compra de un millón de tapabocas, por las que el Gobierno autonómico abonó cuatro millones de euros por adelantado a la compañía RR7 –cuyo objeto social es la venta de automóviles y vehículos de motor ligeros–. La adquisición se produjo durante las primeras semanas del estado de alarma decretado por la pandemia, cuando todas las administraciones públicas luchaban por conseguir material de protección para el personal sanitario. Según detalla el fiscal Anticorrupción en su querella, a principios de mayo de 2020, el entonces secretario general técnico de Obras Públicas, Transportes y Vivienda y coordinador del Comité de Gestión de la Crisis Sanitaria, Conrado Domínguez, recibió la llamada de un conocido que le ofreció ponerle en contacto con un empresario canario con capacidad para importar mascarillas. A través de un intermediario, Domínguez negoció un contrato de emergencia para traer a las Islas el material, que nunca llegó a los hospitales canarios.
