El director del Servicio Canario de Salud (SCS) presenta su dimisión. Como consecuencia del giro que ha tomado la investigación judicial del caso mascarillas, Conrado Domínguez deja el cargo para centrarse en armar su defensa. Esta mañana entregó el responsable de la Consejería de Sanidad, Blas Trujillo, en la carta de renuncia en la que se lee: "Como consecuencia de la decisión judicial de declaración de secreto de sumario del proceso judicial en el que me encuentro en este momento, en calidad de investigado, y a fin de poder mantener mis derechos de defensa sin que ello pueda repercutir en el Servicio Canario de la Salud, presento mi dimisión como director del SCS con fecha de hoy, jueves 3 de noviembre de 2022. Quisiera agradecer a todos los profesionales del SCS y de la Consejería de Sanidad, así como a las asociaciones de pacientes, la leal e inestimable colaboración prestada en esta etapa al frente del SCS". La dimisión se llevó esta mañana al Consejo de Gobierno. 

El pasado domingo, el magistrado instructor del caso, Francisco Javier García García-Sotoca, titular del Juzgado de Instrucción 7 de Las Palmas de Gran Canaria, decretó el secreto de sumario por un periodo de un mes, con el objetivo de cortar el flujo de filtraciones que se ha producido desde que comenzaron las investigaciones y, además, anunció que la investigación podría extenderse a más personas, abriendo la puerta a la práctica de nuevas diligencias. El detonante de esta decisión judicial fue la declaración del administrador único de la compañía RR7 United SL, Rayco Rubén González, imputado en la causa por presunta estafa agravada y blanqueo de capitales. Según señala el auto del magistrado, el testimonio del empresario aportó «fuentes de la prueba de cuyo análisis pueden surgir numerosas derivadas, respecto a los hechos y nuevos contratos». 

Declaración de Torres

Estaba previsto que Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, recibiera ayer las preguntas del juez instructor y de las partes personadas en la causa para aclarar la actuación del Ejecutivo en la compra de un millón de mascarillas por las que el SCS adelantó cuatro millones de euros a la empresa RR7, cuyo objetivo social es la venta de automóviles y vehículos de motor ligeros. Torres testificará en calidad de testigo, por lo que está obligado a decir la verdad y podría salir imputado tras su exposición, y lo hará por escrito, tal y como le permite la Ley de Enjuiciamiento Criminal por su cargo como presidente autonómico.

Cuando el caso salió a la luz, después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara la querella en el mes julio, Torres aseguró que en el seno del Gobierno no se había solicitado la dimisión de Domínguez y aludió a su presunción de inocencia. Si bien la última vuelta de tuerca en la investigación judicial ha forzado la decisión de Domínguez.

A finales de septiembre, el hasta ahora director del SCS declaró ante el magistrado y respondió a sus preguntas durante más de dos horas. Su defensa se basó en que actuó "bajo la legislación vigente en todo momento", alegando que durante el estado de alarma el marco jurídico estatal se flexibilizó para poder tramitar contratos de emergencia. Así, el artículo 120 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, y el artículo 16 del Real Decreto–Ley 7/2020, contemplaron una significativa relajación de los requisitos. En aquellos meses, las administraciones públicas podían llegar a acuerdos comerciales de manera verbal y documentar la adjudicación a posteriori de cara a contratar los servicios necesarios para hacer frente a la covid-19.