La Audiencia Provincial de Las Palmas ha desestimado el recurso interpuesto por la magistrada en excedencia Victoria Rosell contra la resolución de primera instancia que archivaba la denuncia por extorsión que presentó contra la ex empleada del hogar que la llevó, a ella y su pareja, a los tribunales por un despido improcedente -causa que también fue rechazada-. Según la versión de la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, esta antigua trabajadora doméstica la había extorsionado a través de ese litigio laboral, y lo unió a una serie de ataques en los medios de comunicación y redes sociales que recibió desde sectores afines al partido ultraderechista Vox.
Sin embargo, el tribunal, al igual que hiciera el magistrado del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, ha rechazado, en un reciente auto, que se haya producido alguna actitud punible tal y como denunciaba Rosell. "No pueden entenderse los hechos como constitutivos de los delitos de extorsión, amenazas o coacciones, cuando la denunciada se limita a interponer una demanda ante la jurisdicción laboral, previa remisión de la papeleta de conciliación, que debe ser interpretada en dicho contexto", reza el fallo.
Rosell también considera en su denuncia que su antigua empleada del hogar, Simona Chambi, quiso perjudicarla y que, por ello, acudió a diferentes medios de comunicación donde fue entrevistada sobre los hechos que le hicieron llegar ante la jurisdicción social.
La magistrada entiende que esa denuncia laboral forma parte de una suerte de complot en su contra, orquestado desde esferas próximas a Vox, para perjudicarla en su trayectoria política. Este fue el principal argumento que esgrimió para defender la existencia de posibles delitos de extorsión, estafa procesal, amenazas o coacciones. Algo en lo que encontró el apoyo de la Fiscalía, que interesó la estimación del recurso de Rosell para que se llevara a cabo "una mínima investigación" de los hechos denunciados y que se practicaran diligencias.
Sin embargo, la Sección II de la Audiencia Provincial no lo vio de la misma manera. Según el auto de desestimación del recurso, tanto la presentación de la papeleta de conciliación como las declaraciones a los medios de comunicación hechas tanto por la acusada como por su letrado, Federico José Vicente Marín, forman parte de las "estrategias utilizadas" por las partes en cualquier tipo de procedimiento judicial, lo que "no puede suponer, de forma automática, una responsabilidad delictiva de la denunciada, quien se limitó a reclamar lo que consideraba sus derechos".
Tampoco observa un delito de estafa procesal en la indemnización solicitada por Chambi ante la jurisdicción social, puesto que no existe "una manipulación de pruebas o un fraude procesal análogo" que no existe en este caso.
El detonante del pleito
La denuncia de Rosell está directamente relacionada con la demanda laboral que Simona Chambi emprendió contra ella y su pareja, en la que les exigió una indemnización de 11.797 euros como víctima de un supuesto "despido nulo" y de una serie de posibles prácticas entre las que citaba haber trabajado sin contrato o haber cobrado de forma irregular.
Ni el Juzgado de lo Social número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ni la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias vieron en ese expediente nada que reprochar, ni que esta ex empleada del hogar hubiera trabajado sin contrato o cobrando en negro.
