La Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias calcula que la Comunidad Autónoma ejecutará en 2023 –es decir, invertirá y gastará de manera efectiva– cerca de 600 millones de euros de los fondos extraordinarios europeos. No obstante, no toda esa cuantía que se prevé movilizar a lo largo del próximo año está presupuestada en las cuentas públicas regionales para 2023. Ocurre que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el siguiente ejercicio incluyen una partida de hasta 6.367 millones a distribuir entre las 17 comunidades con cargo a las arcas comunitarias. Sin embargo, aún se desconoce qué trozo del pastel recibirá cada autonomía, de modo que los técnicos de Hacienda han optado por la cautela y, en definitiva, por no presupuestar esos dineros hasta conocer con exactitud su importe. No obstante, el informe económico y financiero que acompaña al proyecto de ley de presupuestos autonómicos para el próximo ejercicio, dado a conocer este lunes, permite adelantar que, en total, las Islas se beneficiarán en 2023 de una suma cercana a los susodichos 600 millones de euros. Una cantidad más que considerable que ayudará a sacar adelante un volumen de inversiones sin precedentes.

Hay que recordar que los fondos extraordinarios europeos –los del macroprograma NextGeneration– se dividen en dos grandes subprogramas: el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) y el Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa, el llamado React-EU. Del React-EU, la Administración autonómica ejecutará el próximo año los últimos 159,8 millones de los casi 629,9 que el Ministerio de Hacienda le asignó al Archipiélago. No en vano, esta parte de los dineros del NextGeneration tiene fecha límite de ejecución en el 31 de diciembre de 2023.

En cuanto a los recursos del MRR, en la consejería dirigida por Román Rodríguez vaticinan que se ejecutarán unos 215,9 millones de euros, aunque esta cifra tiene un importante asterisco. Los presupuestos regionales incluyen una partida de ingresos de casi 32,7 millones correspondientes al MRR, esto es, 32,7 millones que llegarían desde las arcas comunitarias. La diferencia entre esos 215,9 millones que se prevé invertir y los escasos 32,7 que se prevé ingresar se cubriría con el remanente de tesorería afectado, que es dinero de los fondos europeos recibido en 2022 pero que no se ejecutó ese año –el plazo de ejecución expira en el caso del MRR el 31 de diciembre de 2026–. El asterisco es que esos 215,9 millones presupuestados serán en realidad más de 400 millones de euros, un montante que no se podrá concretar ni incluir en los ingresos hasta que el Ministerio de Hacienda detalle el reparto de los 6.367 millones que aparecen en los PGE.

Las partidas para obra pública suman 1.764,1 millones de euros, un nuevo máximo histórico

«Se prevé que el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) acelere su ejecución en 2023 en Canarias, alcanzando una cifra superior a 400 millones de euros, quedando el resto para los siguientes ejercicios hasta su conclusión en 2026». El informe de la consejería aclara al respecto que al desconocerse la cuantía exacta que le corresponde a Canarias de esos 6.400 millones, «no se ha plasmado en el presupuesto para 2023 ni en la previsión de ejecución hasta 2026». Por eso solo se han anotado 215,9 millones como inversión con cargo al MRR. El resto, hasta esos más de 400 millones de euros, «se generará en el presupuesto a medida que se distribuyan los créditos por parte del Estado», aclara el Gobierno en el proyecto de ley.

Así pues, la Comunidad Autónoma cuenta en verdad con un mínimo de 559,8 millones de euros del NextGeneration para 2023: esos más de 400 millones del MRR y los 159,8 del React-EU. De hecho son los recursos provenientes de Bruselas los que sustentan en buena medida la histórica inversión prevista en el proyecto presupuestario. Ya no solo se trata de que la suma sea la más alta de siempre, que lo es y con diferencia, sino de que, además, es la primera vez desde 2018 que las inversiones se incrementan más que el gasto en personal. Es decir, que se incrementan más en términos cuantitativos, en dinero contante y sonante, y no en términos relativos o porcentuales, algo que sí es habitual que ocurra por cuanto siempre se destina mucho más dinero para las nóminas de los funcionarios que para la obra pública. Es más, es habitual que los Gobiernos hagan hincapié en el alza de las inversiones al presentar sus cuentas anuales y que incluso comparen la subida con la de otros gastos, como los de personal, en términos relativos. En los presupuestos para 2022, sin ir más lejos, los gastos de personal crecen un 6,2% y las operaciones de capital, las inversiones en todos sus tipos, un 17,3%. Pero es igual de cierto que ese 6,2% son 221,8 millones más en nóminas y que el 17,3% solamente son 204,3 millones más para obra pública.

El Ejecutivo regional transferirá casi 789 millones a cabildos y ayuntamientos para inversiones locales

En el proyecto de ley para 2023 el total de la inversión asciende a prácticamente 1.764,1 millones de euros. Son hasta 377 millones más de los consignados en los presupuestos iniciales para el actual ejercicio. Un aumento extraordinario que incluso supera, esta vez sí, el alza del gasto en personal, que se queda en poco más de 322 millones de euros. Esos 1.764,1 millones para obra pública, que precisamente por ello son la parte de los presupuestos que más contribuye al tejido productivo de la región, se dividen en 975,2 millones en inversiones reales, que son las que ejecutan directamente el Gobierno y sus entidades dependientes, y en 788,8 en transferencias de capital, que es el montante que el Ejecutivo transfiere a otras instituciones, básicamente cabildos y ayuntamientos, para que sean estas las que lo inviertan.