Cuatro años de mandato caducado y varios intentos por situar a la magistrada Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género (Podemos), en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), han desembocado en una trifulca en el Ejecutivo central de coalición. Pero esta vez no está protagonizada por las fricciones del PSOE y sus socios de Unidas Podemos, sino entre los partidos de la propia confluencia de izquierdas y, en concreto, entre la facción de la vicepresidenta Yolanda Díaz y los ministros Alberto Garzón y Joan Subirats, por una parte, y las ministras de Podemos, Ione Belarra e Irene Montero, por la otra.
El nuevo bloqueo del PP a la renovación del CGPJ ha atajado, por ahora, el estallido de una crisis interna en el espacio de izquierda a cuenta del apoyo al nombramiento de Rosell. Podemos, el partido mayoritario de esa coalición, defendió con fuerza que la magistrada de Las Palmas de Gran Canaria entre en el órgano judicial. Pero ni Yolanda Díaz, que promueve el proyecto Sumar, ni IU, la parte minoritaria de la confluencia, compartían ese ultimátum porque preferían facilitar el pacto para renovar, de una vez, el CGPJ.
Esta batalla llegó a la amenaza de ruptura de la confluencia, pero se paralizó tras rehusar el PP, de nuevo, a negociar la renovación del Poder judicial, bajo la justificación de que el Gobierno tiene la intención de reformar el delito de sedición. Lo paradójico es que la batalla en el seno de la izquierda no se ha librado en los espacios confederales sino, sobre todo, a través de los medios y las redes sociales.
En concreto, el motivo para la pugna era que Podemos imponía a Victoria Rosell –víctima de una conspiración del juez Salvador Alba para perjudicar su carrera política y que acaba de ingresar por ello en prisión–, en el CGPJ y amenazó con votar en contra del acuerdo en el Congreso si ella no estaba en la lista. Podemos esgrime que ni el resto del espacio confederal ni el PSOE pueden aceptar que sea vetada por el PP.
Filtración del nombre
La filtración del nombre de Rosell puso en peligro la estrategia pactada y liderada por Yolanda Díaz. En la reunión en la que se cerró esa estrategia, en la que estaban todos los ministros del espacio –excepto Belarra, de baja por maternidad– se decidió que el responsable de la negociación con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, sería el diputado de IU y exsecretario de Estado, Enrique Santiago. Otra decisión que se tomó entonces fue no hacer público ningún nombre hasta que hubiera acuerdo, para así evitar posibles vetos. Por este motivo, la filtración del nombre ha obstaculizado la posibilidad de que Rosell esté, por ahora, en el Consejo, pese a que Santiago siempre la ha defendido. Incluso hace un año, cuando ya se trató de cerrar la renovación del Consejo y el PP la vetó. Era la segunda vez, después de noviembre del 2018, que se intentaba que la jueza en excedencia alcanzara el órgano de gobierno de los jueces.
Aunque ahora Podemos ha asegurado públicamente que Díaz e IU compartían su órdago de apoyo a Rosell, ni la vicepresidenta segunda ni la federación que lidera Alberto Garzón parecen estar dispuestos a que Unidas Podemos se quede fuera del acuerdo para renovar el CGPJ solo porque Rosell no sea una de las vocales elegidas.
La formación morada continuará presionando por situarla en el poder judicial, si bien el resto del espacio –la facción Díaz e IU– parece asumír que la magistrada se debe quedar fuera tras el pacto inicial del PP y PSOE para apartar a los perfiles más politizados de los órganos de justicia hasta al menos dos años después de dejar el cargo. En este contexto, desde Podemos se defiende el cargo de Rosell en el Gobierno es ejecutivo y que es una excelente jueza, si bien ha sido candidata como diputada por Las Palmas de Podemos.
En el espacio de Unidas Podemos, donde conviven distintas sensibilidades y donde ya se contempla un «riesgo real» de que se rompa la unidad en la votación de los jueces, la suspensión de las negociaciones por parte de Alberto Núñez Feijóo ha dado un respiro.
El objetivo pasa ahora por adoptar una postura común dentro del espacio de izquierdas para evitar una escenificación de ruptura en caso de votación de un eventual acuerdo. Pero no es tan fácil. Fuentes parlamentarias exponen que por una parte está Podemos, que intenta ganar protagonismo en los últimos tiempos para tener un papel preponderante en la futura candidatura de la vicepresidenta segunda, y por otra, el resto de facciones, que respaldan a Yolanda Díaz. Consideran que las razones de Podemos para plantear su rechazo al acuerdo no responden al contenido político sino a una estrategia interna para debilitar a Yolanda Díaz, dibujándola como un perfil que se pliega al bipartidismo.
Por su parte, Díaz afirma que la renovación del Poder judicial es una obligación democrática y legal. «No es creíble la enésima excusa del PP, en esta ocasión, de Núñez Feijóo. El bloqueo permanente de la renovación del CGPJ degrada nuestra democracia», opinaba Díaz el pasado jueves, tras conocerse el parón sobre el CGPJ.
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, señaló el lunes que el Ejecutivo «cumplirá la Constitución» y, por lo tanto, renovará el Consejo General del Poder Judicial, aunque no aclare cómo lo harán al no contar con el apoyo del PP, ni si por ejemplo se plantean bajar la mayoría de elección de los vocales. Según la ministra, no ha habido ningún cambio en el Gobierno respecto al delito de sedición, después de que el PP haya dicho que si Pedro Sánchez se compromete por escrito a no reformarlo retomarán las negociaciones con el PSOE para renovar el CGPJ.
